El Partido Revolucionario Moderno (PRM), solicitó este viernes a la Junta Central Electoral aplicar las sanciones que establece la Ley Orgánica 15-19 del Régimen Electoral a funcionarios gubernamentales que al mismo tiempo han sido inscritos como candidatos en diferentes demarcaciones.  
 
El grupo lo integran 97 funcionarios, entre ellos Margarita Cedeño Lizardo, de quien se establece incurre en la violación no por su condición de vicepresidenta de la República sino como coordinadora del Gabinete Social de la Presidencial, y Francisco Javier Clark Vásquez, candidato a senador de Puerto Plata, quien es Sub-Contralor General de la República.
 
La instancia fue elevada a la JCE por Orlando Jorge Mera, delegado político, y Julio Peña Guzmán, suplente de delegado.  
 
Luego de establecer diferentes motivaciones de orden constitucional y de otras disposiciones legales que prohíben  la doble condición de funcionario y candidato, el PRM solicita a la JCE comprobar y declarar que los señores, y aporta la los nombres de los 97 funcionarios (la lista completa está disponible en el portal prm.org.do) admitidos como candidatos en las resoluciones de admisiones de candidaturas y a la vez son funcionarios públicos, y aplicar las sanciones correspondientes establecidas en la ley 15-19, contra los señores antes mencionados.
 
Las leyes, 41-08 de Función Pública, 33-18, de Partidos Políticos, y el artículo 196 de la 15-19 establece que los funcionarios públicos que administren recursos del estado no podrán prevalerse de sus cargos, para desde él realizar campañas ni proselitismo a favor de un partido o candidatos.
 
El hecho es tipificado como delito electoral, castigado con prisión correccional de tres meses a un año y multa de hasta cinco salarios mínimos del sector público.
 
El PRM establece entre sus motivaciones para hacer la solicitud que se ha mantenido dando seguimiento y cuestionando el uso de recursos estatales en las campaña electorales y otras violaciones al ordenamiento jurídico, que  traen como consecuencias lesiones graves al sistema político nacional, así como debilitar la democracia, la competencia en buena lid y resultados que sean fruto de la decisión libérrima de la mayoría del electorado. 

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El abogado, José Martínez Hoepelman, entiende que a partir de un análisis de las disposiciones tanto en la Ley de Partidos como en la Ley de Régimen Electoral, cualquier ciudadano que haya participado y perdido como precandidato en los procesos internos de un partido, está impedido legalmente para ser candidato en las elecciones del 2020.

El jurista no quiso limitar su  análisis  desde el ámbito de una persona en particular sino desde la condición de cualquier ciudadano dominicano, aunque dejó claro que en el caso del precandidato a la presidencia Leonel Fernández la situación que enfrenta  es la consecuencia de haber ejercido su derecho a ser elegido.                                  

“Tomemos en cuenta que los derechos y garantías  fundamentales pueden ser regulados de conformidad con la ley. Desde el análisis de ambas leyes, aunque reconozco algún tipo de ambigüedad en la redacción por la aplicación de conceptos alternos sin especificación, pudiera generar algún tipo de confusión que puede ser salvada con el análisis general de las normas y las actas que dieron lugar a esas leyes, y a partir de ahí cualquier ciudadano que haya ejercido ya esos derechos, no puede ser candidato en las próximas elecciones», estableció  Martínez Hoepelman.

Martínez manifestó su posición en un panel de abogados en el que también participaron Sigmund Freund y Julio Cury en el programa “Edición Nocturna” que conducen los periodistas Miguel Guerrero y Héctor Marte Pérez en CDN 37.

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Aunque también reconoce “imprecisiones” cometidas por los legisladores al momento de redactar estas leyes electorales, argumentó que cuando “una norma no puede determinar el sentido de alcance por lo que establece de manera literal, hay que recurrir forzosamente a los demás métodos de interpretación: el sistemático, el teleológico y el histórico. Me quedaré con el sistemático, que es el contexto en el que se aplican estas leyes, en este caso el artículo 49, donde se establecen claramente las figuras de los precandidatos y las precampañas, que fue lo que sucedió en las primarias del 6 de octubre”.

De su lado, Sigmund Freund, sostiene que en virtud de lo que establece la Ley, cualquier persona que haya participado en un proceso de primarias internas en una organización, puede ser candidato por otro partido con miras a las elecciones municipales, congresionales y presidenciales del próximo año.

Martínez Hoepelman reiteró que está claro que, con estas leyes, “el legislador quiso ponerle una limitante” al transfuguismo que históricamente se ha producido en el sistema de partido dominicano.

“Lo que usualmente ocurre es que aquel que va a una pugna interna, y no era elegido en proceso interno en una convención de delegados, por ejemplo, y quedaba con una minoría, desconforme se iba a otro partido y lasceraba el sistema. Como consecuencia de eso, el legislador ha establecido esta limitante que, a mi entender, ni es irrazonable ni es desproporcionada, porque no se trata de un requisito previo para optar por la candidatura presidencial como se ha querido establecer, sino se trata pura y simplemente de una consecuencia de haber ejercido el derecho fundamental de ser elegible”, comentó Hoepelman.

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«Claramente, que no puede. Así lo establece la Ley de Partidos y la Ley Electoral, y la mejor prueba de que es así es que estamos discutiendo esto. Nunca se había discutido porque no existía una prohibición como esta que tiene como fundamento, como base, el hecho de que el legislador trabajó para evitar el transfuguismo y escogió un sistema que es optativo para los partidos que son los procesos de primarias».

Es la opinión del abogado Eduardo Jorge Prats sobre si el expresidente de la República, Leonel Fernández, puede ser candidato por otro partido en las próximas elecciones de mayo del 2020, luego de haber participado –y perdido– como precandidato en las primarias abiertas del 6 de octubre por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

«Que Leonel aspire o intente inscribirse en las elecciones tiene un efecto desestabilizador sobre el sistema, y eso es precisamente lo que trata de evitar esta nueva ley», argumentó el experimentado abogado en una entrevista en el programa “El gobierno de la mañana” de La Z-101. «El propio reglamento dictado por la Junta Central Electoral parte de esta interpretación, parte de esta prohibición. Entonces, mal pudiera ahora desdecirse, con una interpretación que a nuestro modo de ver es caótica».

El abogado destacó que todas las leyes requieren un nivel de interpretación, pero en el caso de la Ley 33-18 hay unos métodos que se han venido depurando. «Lo primero es acudir a la literalidad de la ley, pueden surgir discrepancias si esta se refiere a candidato o si es precandidato, contradicciones entre los propios textos. A partir de ahí, se acude a la intención del legislador, está claro qué es lo que se persigue con esta ley. Cuando uno acude al reglamento de la JCE sobre los porcentajes de las candidaturas reservadas, ahí está claro que lo que se busca evitar es el transfuguismo».

Jorge Prats, en el supuesto de que en la ley no esté clara la intención del legislador –que a su entender sí está, gracias a la cobertura mediática que ha recibido el tema, ampliamente debatido en todos los medios donde se evidencia claramente esa intención– entonces «hay que acudir a una interpretación sistemática, y ahí está la gran falla de quienes sostienen que no está prohibido, porque cuando tú le preguntas ¿qué es lo que prohibe? Surgen hipótesis absurdas, la más absurda es decir que Gonzalo Castillo y Luis Abinader no pueden ser candidatos en otros partidos, es una locura, ellos acaban de ganar».

Ante la pregunta de lo que establece la Constitución del derecho de elegir y ser elegido es un derecho fundamental o de ciudadanía, Eduardo Jorge Prats, el abogado estableció que «si está escrito en la Carta Magna es fundamental, y no tiene que estar en el título II de los derechos fundamentales, puede ocurrir como los derechos ciudadanía que está en el título uno, por la importancia que tiene para la conformación del Estado y considerarse fundamentales. Nadie sostendría, incluso el propio Tribunal Constitucional ha sostenido la fundamentalidad de los derechos políticos».

El experimentado abogado argumentó que el debate actual sobre la Ley de Partidos no radica en esos derechos fundamentales: «No es ahí que está la cuestión, la cuestión radica en si la limitación impuesta al derecho en caso de que haya –yo sostengo que el derecho se agotó, o sea, el derecho a ser elegible se agotó, en el caso de Leonel Fernández– puesto que se celebraron las primarias, no fuiste postulado, porque no ganaste».

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