El Ministerio Público de Santo Domingo Este entregó al Ministerio de Interior y Policía 152 armas de fuego ilegales de diferentes calibres incautadas como pruebas de delitos cometidos por personas ya detenidas.

Fueron recibidas por el Ministro Jesús Vázquez Martínez, quien aseguró que no volverán a las calles a herir y matar a más seres humanos, ya que no son para quitar vidas, sino para salvarlas.

Explicó que la recuperación forma parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro” y del acuerdo interinstitucional con el Poder Judicial y la Policía Nacional.

El funcionario dijo que los esfuerzos en la recuperación de armas deben continuar en todo el país hasta recuperar todas las ilegales y así poder brindarle al país un mayor y mejor clima de paz, respeto y seguridad, por lo que le pide a todos los actores de la sociedad involucrarse en este proceso.

En tanto, el analista del Poder Judicial, Duany Antigua Rojas, sostuvo que el objetivo de esta entrega es fortalecer el programa que desarrolla el Ministerio para combatir la inseguridad.

Sostuvo que una de las metas en agenda es el desarrollo sostenible de esta iniciativa, mediante la cual estipulan erradicar, frenar y combatir el negocio ilícito de esos artefactos.

En el acto estuvieron el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then; los viceministros Aníbal Amparo García, de Control y Regulación de Armas, Jesús Féliz Jiménez, de Seguridad Interior, y el director de Registro y Control de Tenencia y Porte de Armas, Sterling Pérez, entre otros funcionarios civiles y militares.

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Montellano, Puerto Plata. La comisión oficial que, fue designada para investigar el asentamiento de haitianos ilegales en Los Algodones comprobó que solo dos personas, de las más de 1,200 que allí residen, son dominicanos.

El gobernador de Puerto Plata, Iván Rivera, explicó que conversaron con los residentes en la localidad del Municipio Montellano, a quienes la fundación canadiense El Samaritano construyó viviendas, y que de todas las personas preguntadas solo dos les dijeron que son dominicanos.

El funcionario ofreció breves declaraciones a los reporteros, señalando que luego se hará un informe pormenorizado de la situación al Ministerio de Interior y Policía y a cualquier otra instancia oficial.

«Hemos hecho un levantamiento, tanto con cámaras de videos, fotografías y personalmente, de la forma en que viven estas familias aquí», precisó el gobernador Rivera.

Indicó que de alguna forma la denuncia hecha por los medios de comunicación que los haitianos ilegales se están asentando en la zona, está muy cerca de lo que vio, «pero de todos modos, repito que haremos un informe a Interior y Policía no solo de este, sino de otras comunidades que visitaremos».

Dijo que también conversaron con los miembros de la fundación El Samaritano, pero que tenía que constatar la realidad de lo que le habían informado.

En la comisión de inspección también estuvieron funcionarios de la Dirección General de Migración, del Departamento de Naturalización de Interior y Policía, así como los alcaldes de Montellano, Sosúa, Puerto Plata y el general de la Policía Nacional destacado en la zona norte, general de brigada Rommel López.

Los residentes en Los Algodones que son dominicanos mostraron a los reporteros sus documentos de identidad y electoral, emitidos por la Junta Central Electoral.

Defendieron su derecho a vivir en territorio dominicano, asegurando que son descendientes de obreros cañeros.

Criticaron al Gobierno por no haberles proporcionados mejores condiciones de vida, «tal como lo hiciera la fundación canadiense El Samaritano, que construyó viviendas sin preguntarles nacionalidad, color ni credo político o religioso».

«Incluso a esta comunidad vino una vez ese gran comunicador social dominicano y humano Fredy Beras Goico y realizó un reportaje de cómo vivíamos, lo que no hizo el Gobierno lo hizo la fundación de Canadá, pero no solamente con nosotros, sino con otras diez comunidades», subrayó Avelino.

Dijo que lamentablemente se les ha querido presentar como ilegales, cuando realmente son descendientes de generaciones que llevan más de 40 y 50 años en la zona, principalmente trabajando como obreros del corte de la caña.

Informó que el mejoramiento de las casas no fue algo al azar, sino que previamente se hizo un estudio social y económico de la comunidad, y calificó para recibir la ayuda internacional.

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Entre el 10 de diciembre y el 8 de enero no habrá restricciones en los horarios para la venta de bebidas alcohólicas, informó hoy el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul.

El funcionario aseguró que la disposición fue consensuada en reuniones celebradas en el MIP, con la finalidad de que los dueños de bares, discotecas y restaurantes del país, así como las orquestas y grupos artísticos puedan aprovechar las festividades navideñas.

No obstante, aclaró que el MIP aumentará la vigilancia en los negocios para prevenir y evitar acciones que atenten contra la seguridad de los ciudadanos y el orden público.

El titular del MIP aseguró que no se permitirá la entrada con armas de fuego ni de menores de edad a esos establecimientos.

Dijo que los dueños de estos negocios serán responsables de mantener el orden y velar porque se cumplan las normas vigentes.

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La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresó en las últimas horas a dos frustradas” mulas”, entre estas una dominicana nacionalizada española que en un caso insólito llegó al Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia, con 55 mil 500 euros en el estómago y otros 54 mil 602 en su equipaje.

Esta mujer, de 40 años de edad, llegó con el inusual contrabando en el vuelo 303 de la aerolínea JETAIRFLY, procedente de Bruselas.
Traía los 55 mil 500 euros dentro de 16 capsulas, las cuales fueron detectadas mediante una radiografía que se le practico luego en un centro médico, donde se le realizo el proceso de expulsión correspondiente.

Antes la llegada de la viajera, ya los servicios de inteligencia de la DNCD tenían conocimiento de que venía con el contrabando de 110 mil 102euros.

En el segundo caso, ha expulsado 29 bolsitas presumiblemente de cocaína o heroína en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, una “mula” italiana que a principio de esta semana se presentó en mal estado de salud al Hospital Francisco Moscoso Puello, de esta capital.

Se trata de un joven de 28 años, quien permanece bajo tratamiento en el hospital castrense, ante la posibilidad de que contenga más de esas capsulas en el abdomen.

Al llegar al Moscoso Puello, confesó a los médicos de servicios el origen del dolor que lo atribulaba, confesión que posteriormente le reiteró a un equipo del Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) de la DNCD que acudió allí. Empero, el europeo no ha revelado quién o quiénes lo reclutaron como “mula ni hacia donde viajaría con la droga.

De inmediato los agentes del CICC, al mando de un oficial superior, trasladaron al paciente al Centro Médico UCE, donde se le practicaron dos radiografías de abdomen simple, los cuales arrojaron positivos a cuerpos extraños en las vías digestivas.

Entonces, la DNCD trasladó al extranjero al hospital militar, donde tras expulsar las 29 bolsitas conteniendo un polvo blanco que podría ser cocaína o heroína, se le mantiene al tratamiento de expulsión.

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Un hombre fue violado y asesinado a palos a legadamente por un cuñado, en un hecho ocurrido en la comunidad de Zafarraya en el municipio de Moca, provincia Espaillat.

El cadáver Ramón García, de 65 años, fue encontrado en unos matorrales de la referida comunidad donde su cuñado identificado como Martín Liriano lo habría lanzado luego de violarlo sexualmente y matarlo a palos.

Según versiones, el hoy occiso abordó el motor de su cuñado para que lo transportara a un lugar, pero que este nunca lo llevó a su destino, sino que lo condujo a una zona solitaria de la comunidad de Zafarraya donde lo obligó a tener relaciones sexuales y luego lo mató. El victimario fue apresado por las autoridades policiales.

El hecho ha consternado a los comunitarios de la comunidad La Soledad donde residía la víctima.

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NUEVA YORK. Héctor Soto, un dominicano arrestado por narco junto a su cómplice Edwin Ortiz, en Lawrence (Massachusetts), se tragó tres bolsitas de heroína, las que defecó posteriormente en el baño de la cárcel preventiva de Haverhill, dijo la policía de esa ciudad.

Los dos hombres, son investigados por cargos de narcotráfico y la muerte de un adicto no identificado, al que habrían vendido heroína y murió por una sobredosis, en el suburbio de Atkinson.

Ortiz, de 35 años, con domicilio desconocido, es quien es señalado como el principal sospechoso en la venta de la droga al adicto que murió.

Fue arrestado en Haverhill la semana pasada y acusado de tres cargos por posesión y distribuir droga, conspiración para violar las leyes de drogas, violación de drogas cerca de una escuela y dar un nombre falso a la policía.

El jefe de policía en Atkinson, Albert Brackett dijo que la investigación sobre una posible sobredosis en su ciudad está en curso.

«Puedo confirmar que un sujeto murió en la ciudad hace un par de semanas», dijo Brackett, y señaló que esa muerte ocurrió el 26 de septiembre y que el departamento de policía, no había recibido los resultados de la autopsia. «Puedo decir que estamos interesados ??en él (Ortiz) debido a sus actividades en Haverhill y los cargos en su contra», añadió el jefe policial.

Policía Haverhill dijo Ortiz estaba usando el nombre de «Feliz Quintero Aguilar» y que era conocido por sus compradores como «Alex».

Ortiz fue instruido de cargos el 19 de septiembre en el Tribunal de Distrito de Haverhill, donde quedó detenido con $ 150.000 en efectivo de fianza. De acuerdo con la Oficina del Fiscal del Distrito de Essex, Ortiz apeló su libertad bajo fianza en el tribunal superior, donde en lugar de bajar el monto de la fianza, un juez lo mantuvo preso sin derecho a fianza.

Según la policía, Soto, de 41 años, cuya dirección es también desconocida, fue acusado de distribución de droga, conspiración para violar las leyes de drogas y violación de drogas en una zona escolar.

Ambos hombres se deberán regresar al tribunal el 24 de octubre para las audiencias previas al juicio.

De acuerdo con un informe de la policía, Ortiz vendió heroína a un informante durante una compra vigilada en Haverhill y conspiró para violar las leyes contra las drogas con Soto, que según la policía estaba viviendo en Lawrence durante los últimos nueve meses.
Soto quedó detenido con $75.000 dólares en efectivo de fianza y quedó también por otro caso pendiente.

La policía dijo que la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) informó al Departamento de Policía de Haverhill que están comprobando el estatus legal en Estados Unidos de Ortiz y Soto.

La policía dijo que los acusados estaban juntos el 16 de septiembre, cuando los miembros de la unidad de narcóticos de la policía de Haverhill, detuvieron su vehículo después de una compra de heroína por el informante. Antes de la parada, Soto se tragó tres bolsas de heroína, que luego defecó en el baño de la cárcel preventiva.

El informe dijo que Ortiz ha estado bajo investigación desde hace más de un mes y se sabe que hace entregas de heroína a adictos en Haverhill. La policía dijo que también utiliza un corredor para entregar sus medicamentos. Los investigadores dicen que el vehículo Ford Escape que conducía Ortiz y la mini van Chrysler que utiliza en la ruta para distribuir la heroína, fueron el registrado a nombre de una persona en Lowell.

Agentes antidrogas habían arreglado una compra de heroína con «Alex» el 15 de septiembre, según la policía. Los oficiales detuvieron a su «corredor», que acordó que Ortiz entregaría las drogas por sí mismo, al día siguiente.

Los detectives establecieron vigilancia delante de una casa en la calle Portland. La policía dijo que Ortiz conducía un Ford Escape por la calzada, y un minuto más tarde los agentes se retiraron y se dirigieron hacia la Cuarta Avenida. El informante mostró a los oficiales la heroína que había sido comprada a Ortiz.
Los oficiales fueron a un apartamento e interrogaron a una mujer que les dijo que compró la heroína de «Alex».

La policía siguió Ortiz y detuvieron su vehículo en la Quinta Avenida. Los agentes detuvieron a Ortiz y a Soto. La policía encontró $340 dólares, 40 de los cuales, recibió «Alex» por la venta de la droga y también una botella de agua casi vacía.

La policía dijo creer que Soto bebió el agua para tragarse las bolsas de heroína.
Le incautaron otros $120 dólares que estaban en la billetera de Ortiz.

Cuando fueron conducidos al cuartel, los dos hombres dijeron que no hablan inglés. Ortiz estaba en posesión de una licencia de conducir de Puerto Rico, dijo la policía.

Soto, no tenía ningún tipo de identificación con él, dijo a los investigadores que él estaba en casa de una tía, pero no sabía la dirección, según la policía.

La uniformada dijo que llamó al celular de Ortiz y en el identificador de llamadas apareció el nombre de «Dealer Alex» (vendedor Alex).

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Un total de cinco presos preventivos se fugaron de la celda preventiva de la Policía Nacional de La Vega.

El hecho se produjo la madrugada de este jueves y por la acción permanecen detenidos tres agentes policiales quienes estaban de custodia y que se cree pudieron facilitar la fuga.

La vocero de la Policía en La Vega, Heidy Fernández, informó que del grupo que escapó, ya se entregó un recluso a través de su abogado Luis Zorrilla(Wilmin).

La policía activa la captura de los prófugos Sergio Ulerio Méndez (Menol), Wilton Miguel Mora Cruz, Wellington Antonio Suriel Estefen, Jorge Luis Peralta Peralta, todos guardaban prisión por violar la Ley 50-88 sobre drogas, luego que un juez le dictara prisión preventiva como medida de coerción.

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El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, se mostró de acuerdo con el desarme de la población, no solamente de inmigrantes haitianos sino también de todos los que posean armas ilegales dentro del territorio nacional.

De igual manera, se expresó el jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo, quien dijo que realizan operativos permanentes para desarmar a todo aquel que posea arma de fuego de manera ilegal, haitiano o dominicano, en el barrio 27 de Febrero, donde el pasado sábado una turba de haitianos atacó a la Policía Nacional y agredió a una periodista y dos camarógrafos de noticias, en protesta por la muerte de un compatriota que recibió un disparo de manos de un agente.

Fadul dijo que se realizan operativos de manera permanente y que la Policía Nacional está actuando para desarmar esas personas y someterlas a la justicia. Reiteró que están regularizando a ciudadanos extranjeros, pero que aquellos que no se ajusten al plan cuando termine de aplicarse, ten- drán que regresar a su país.

De igual modo, Castro Castillo dijo que están coordinando acciones con la Dirección Central de Inteligencia Delictiva y con la Dirección Central de Investigaciones Criminales, para adoptar las medidas pertinentes y trabajar junto al ministerio público en los allanamientos correspondientes.

Expresó que luego del incidente en el barrio 27 de Febrero designó al inspector general de la Policía para hacer las investigaciones correspondientes.

Dijo que el segundo teniente José Suriel Díaz, acusado de matar a Jassainte Cedyeu, fue puesto a disposición de la justicia y suspendido de sus funciones.

“Esto trajo una indignación a una gran cantidad de haitianos que residen en esa zona y hubo un enfrentamiento con miembros de la Policía”, sostuvo.

Por otro lado, la jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, decidirá hoy miércoles si impone prisión preventiva en contra del segundo teniente de la Policía Nacional, acusado de asesinar al nacional haitiano Jassainte Cedyeu ocurrido el pasado sábado en el barrio 27 de Febrero. La magistrada Margarita Cristo Cristo fijó para las 9 de la mañana la solicitud de medida de coerción presentada por el ministerio público en contra del agente policial José Manuel Suriel Díaz, de 52 años de edad, consistente en prisión preventiva.

La medida fue solicitada por el fiscal adjunto Orlando Antonio Santos Ramírez, del departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía del Distrito Nacional, quien sostiene que es la medida de coerción más idónea para garantizar la presencia del imputado es la prisión preventiva, establecida en el artículo 226 numeral 7 del Código Procesal Penal.

Señala que el imputado no ofrece garantía suficiente para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a los mismos, en razón del peligro de fuga inminente.

De acuerdo al ministerio público y, según versión del cabo Santo Vicente Ibert Rosario, el hecho ocurrió en la calle 15 esquina 16, del referido sector, cuando acompañaba al imputado.

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