El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) ha notificado hoy ante la Superintendencia de Electricidad (SIE) un acto de oposición a la concesión definitiva a la empresa Seabord Transcontinental de los permisos para la explotación de la barcaza Estrella del Mar III, que se prevé instalar próximamente en el río Ozama. Los abogados de Insaproma, Euren Cuevas Medina, Nelson Pimentel y Ernesto Mateo Cuevas, advierten en su escrito que de proseguir con el conocimiento de la solicitud se tomarán las acciones legales y judiciales correspondientes para “revertir cualquier actuación administrativa contraria al ordenamiento jurídico y determinar la responsabilidad patrimonial de los funcionarios actuantes”.

En el escrito depositado ante la SIE, el Instituto de Abogados asegura que la nueva barcaza vendrá a representar una mera ampliación “a las cuestionables plantas de generación eléctrica que desde hace varios años operan en la ribera del río Ozama” y recuerda que hace escasos días ya presentó una denuncia penal ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente contra la misma compañía por delitos ambientales en la operación de la actual barcaza, Estrella del Mar II.

El acto de oposición recuerda la contradicción que supondría la concesión operativa de la nueva planta eléctrica con los diversos decretos en procura de la protección del río Ozama que el Estado ha dictado en los últimos años. En este sentido, menciona los decretos que prohíben la descarga de residuos líquidos dentro del río, el desguace de embarcaciones o aquellos que declaran de alta prioridad nacional la rehabilitación, saneamiento, preservación y uso sostenible de la cuenca alta, media y baja del río Ozama, “algo totalmente inconcebible manteniendo operaciones como las que por la presente instancia se denuncian”, asegura Insaproma.

El documento alude a la suspensión de la licencia que dictó en 2017 el Ministerio de Medio Ambiente contra la barcaza Estrella del Mar II y recuerda que, al informar sobre la suspensión, las autoridades ambientales comunicaron lo siguiente: “La compañía debe mudarse a otro lado de menos riesgos y contaminación. El Ministerio ofrecerá todas las facilidades, pero no pueden permanecer en los ríos”.

A este respecto se muestra la extrañeza que no solo se mantenga operaciones que violan la normativa ambiental dentro del río Ozama, sino que ahora se pretenda adicionar nuevas unidades de generación eléctrica dentro del mismo cauce fluvial. “De afirmar las propias autoridades ambientales que las operaciones no podían mantenerse pasamos ahora a pretender ampliar dichas operaciones, algo inconcebible en un Estado Social y Democrático de Derecho que procure la protección del medio ambiente y los recursos naturales”, asegura el escrito del abogado Euren Cuevas.

Por último, el acto de oposición pone el foco en las recientes declaraciones del actual ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, donde manifiesta que procederán a la revisión de las licencias que permiten la operación en el río Ozama de la planta Estrella de Mar II. Según Insaproma, “resulta una verdadera afrenta al ordenamiento jurídico y a las autoridades ambientales que bajo un contexto en donde precisamente se está discutiendo la revisión de las operaciones que irregularmente se mantienen dentro del río Ozama, se pretenda contradictoriamente con estos esfuerzos ampliar las mismas”.

Por todo ello, Insaproma notifica a la SIE su oposición al otorgamiento de la concesión para la nueva planta eléctrica y urge a la institución a “abstenerse de continuar con el procedimiento de conocimiento de la solicitud, hasta tanto se defina la situación ambiental”.

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El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) ha presentado una denuncia ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en contra de la empresa Seabord Transcontinental, propietaria de la barcaza del río Ozama, por violar varios artículos de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente como consecuencia del mantenimiento operacional de la planta de generación eléctrica en el cauce del río.

La denuncia presentada por los abogados de INSAPROMA, Euren Cuevas, Nelson Pimentel y Ernesto Mateo, expone que la barcaza incumple, entre otros, el artículo 86 de la Ley 64-00 que especifica la prohibición de ubicar “todo tipo de instalaciones en las zonas de influencia de fuentes de abasto de agua a la población y a las industrias, cuyos residuales, aun tratados, presenten riesgos potenciales de contaminación”.

En este sentido, se menciona que “el trasiego de combustibles para el funcionamiento de esta planta constituye claramente un riesgo potencial de contaminación” y añade que la captura de agua a los fines de enfriamiento y su posterior vertido a temperaturas más altas “constituye claramente un riesgo potencial de orden térmico”.

Asimismo, la denuncia indica que las operaciones de la barcaza, surta en el río Ozama, vulneran también el artículo 127 de la misma ley ya que “claramente suponen la realización de actividades que deterioran y menoscaban, como consecuencia de la alteración y contaminación, las aguas que fluyen por el río Ozama”.

Denuncian, al mismo tiempo, un delito ambiental previsto en el numeral 5, como consecuencia del riesgo de descargo de sustancias tóxicas en el cuerpo de agua del río Ozama y la liberación al aire mediante las chimeneas de una humarada contaminante.

Ante la gravedad de los hechos denunciados, INSAPROMA pide a la Producaduría para el Medio Ambiente tomar medidas preventivas de urgencia en aplicación del principio de precaución y que se proceda a iniciar las investigaciones correspondientes y que se ponga en marcha la acción pública en contra de la empresa.

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