La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), favoreció la flexibilización del toque de queda y la priorización del quehacer económico, como única alternativa de evitar una quiebra colectiva del sector productivo nacional; además del cansancio que tienen ya los dominicanos, de ser vejados y maltratados por la policía en las calles, en franca y abierta violación a sus derechos fundamentales.

La entidad de sociedad civil considera que ya es tiempo de hacer acopio de la experiencia comparada, con el manejo de la pandemia, además de ir asimilando que el Coronavirus, no se va a resolver en el corto tiempo y que hay que aprender a vivir con el monstruo, procurando las opciones que permitan garantizar la sostenibilidad y el desarrollo armónico de la sociedad dominicana.

De acuerdo con Trajano Potentini, presidente de la FJT, el efecto didáctico de la cuarentena, del toque de queda y del estado de emergencia, han servido, para concienciar a los dominicanos, observando cada día más los protocolos de rigor, con la experiencia de áreas vitales como los bancos, farmacias y supermercados, que aun cuando los empleados interactúan con mucho público todos los días, no se registran contagios, además del avance y efectividad de los tratamientos de la enfermedad en clínicas y hospitales.

Potentini recordó que ya la letalidad del Covi­-19, ha disminuido a menos del 2%, resultando más letales para los dominicanos, otras enfermedades como la gripe, quedando sin justificación científica los prolongados e interminables toques de queda, que laceran la economía y violan lo más elementales derechos de los dominicanos, tales como la libertad de tránsito, el acceso a la justicia, al trabajo y el libre desarrollo, entre otros.

Asimismo, Justicia y Transparencia condenó la falta de medidas compensatorias, ante la desgracia que ha sufrido el país con el coronavirus, en los bancos comerciales, con los préstamos e hipotecas, en el pago de la electricidad, el cable, internet y la justa devolución del 30% de las AFP a los trabajadores, todo ello sumado a las irracionales restricciones que indefectiblemente profundizaran la crisis y calamidad que hoy vive el pueblo dominicano.  

Justicia y Transparencia propuso que el toque de queda, solo permanezca desde las 12 de la medianoche, hasta la 5 de la mañana, fuera de ahí, ante las actuales circunstancias y la experiencia de otros países, que han tenido éxitos en el control de la pandemia, parecería tener poco sentido, el que hasta el tránsito en vehículos privados con una o dos personas sea también limitado, entre otras irracionalidades. 

Para la FJT resulta poco útil, el que nos estemos comparando con países de Europa y el propio Estados Unidos, donde el virus, producto de la condición climatológica, la sobre población y otros factores, tiene una mayor capacidad de contagio, diferente a las estadísticas y experiencia dominicana, donde todo parece indicar que ya la curva de la infección se ha atenuado.

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La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), realizó durante los días jueves 18 y martes 23 de junio del presente año, el 1er. Estudio sobre Institucionalidad y Preferencias Democráticas en la República Dominicana, bajo la dirección y auspicios técnicos de la Empresa Servi-Marketing Interactivo SMI, SRL.

El sondeo tuvo como propósito, obtener la opinión y percepción de los dominicanos en relación con la participación e interés de los ciudadanos mayores de 18 años en la política, y en el actual régimen electoral imperante en la democracia dominicana, así como los parámetros jurídicos e institucionales del país en la actual coyuntura política electoral. 

El estudio abarcó las  principales 12 provincias del país, en las que se concentran más del 70% de la población dominicana, a saber, el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago de los Caballeros, La Vega, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, La Romana, Higuey, San Juan de la Maguana, y Barahona, con una muestra de 1,200 personas, ubicadas en la zona urbana, con un 51% de mujeres y 49% de hombres, con edades comprendidas entre los 18 y 75 años, procedentes de las diversas clases y estratos de la sociedad, con niveles de educación y ocupación, desde empleados públicos y privados, estudiantes, obreros, amas de casa, choferes, comerciantes, empresarios y profesionales de distintas áreas; conjugando dicha población una rica variedad de rasgos y características, que lo convierten en una muestra representativa del universo estudiado.

Asimismo, dejamos constancia que la muestra considerada, sólo recoge ciudadanos en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, en consecuencia, excluyendo a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; así como a otros segmentos poblacionales con impedimentos de carácter legal para el ejercicio de sus derechos ciudadanos.

Para este diagnóstico, se utilizó un cuestionario, estruturado y altamente precodificado, contentivo de unas 15 preguntas, para una duración aproximada de 20 minutos por encuestado, en un muestreo proporcional y de selección aleatoria, con preguntas abiertas, cerradas y estruturadas, utilizando diversos métodos y técnicas de entrevista. El margen de error se estima en 2,7%, con un nivel de precisión estimado en un 95% de confianza, considerando varianza máxima.

Las entrevistas fueron aplicadas durante los días jueves 18 y martes 23 de junio del año 2020, mediante contacto directo, en visitas realizadas por los encuestadores en horarios regulares de 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., contando para ello con un equipo de 20 encuestadores organizados, en 5 equipos de 4 personas cada uno. Cada grupo contó con su respectivo supervisor, quien fungió como jefe de grupo y responsable de garantizar la calidad de la información recogida.

En el proceso de entrevista se les informó y garantizó a los entrevistados sobre la protección, confidencialidad y el derecho a la intimidad, que tiene con sus datos personales, así como el mantener la discrecionalidad de sus opiniones y preferencias políticas.

Los resultados ofrecidos se corresponden con la población dominicana, compuesta de un universo de 9 millones 378 mil 818 de habitantes, de los cuales 4.6 millones son mujeres y 4.7 millones son hombres, todo ello de conformidad con los datos ofrecidos por el IX Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010, divulgado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 

Cabe notar que además de estas estadísticas también fueron tomado como base los datos de la Junta Central Electoral, que ubican el padrón electoral al día de hoy, en más de 7.5 millones de electores, de los cuales el 51%, o sea, con más de 18 años, blanco o público meta considerado para este estudio corresponden a las mujeres, de ahí que la muestra prevista contenga una composición mayor de mujeres. 

Trajano Potentini, presidente de la entidad, presentó en rueda de prensa celebrada en el local de la FJT el estudio referido, donde explicó que, en términos generales, el estudio arrojó como datos relevantes, que solo el 59% de los dominicanos está motivado a votar el próximo 5 de julio y un 19% de indecisos, . Resaltó igualmente que el 67% de la población cree que las elecciones se definirán en una primera vuelta. La posible alta abstención se debe a que un alto porcentaje le teme al Covi-19, y otros no creen, ni en la política, ni en los políticos. 

Asimismo, el 86% de los encuestados no favorece el financiamiento público para los partidos políticos, y el 72% desaprueba la labor de estos en la democracia dominicana.

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La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), aseguró que el cierre desproporcionado y los planes de virtualizar la justicia casi en su totalidad, daña la economía y viola derechos constitucionales de los dominicanos; quienes hoy día se encuentran restringidos y con un escaso acceso a los servicios más básicos e indispensables para la vida en sociedad.

La entidad cívica ve con mucha preocupación la poca movilidad y cuello de botella existente en el sector financiero con los contratos e hipotecas, entre otros servicios de la jurisdicción inmobiliaria y de estamentos también pertenecientes al Poder Judicial, hoy con un acceso muy limitados para los ciudadanos y usuarios que gestionan alguna operación comercial.

Trajano Potentini, presidente de la FJT, explicó que no se trata solo del derecho al trabajo, que les asiste a los profesionales de la toga y el birrete, sino también de la economía del país, que requiere para su operatividad, tributar y hacer negocios con una logística efectiva y un clima de facilidades, en la actualidad ausente y más grave aún sin contar con la indispensable intermediación de la justicia y el profesional del derecho, incluyendo abogados, notarios, alguaciles y otros.

Potentini reconoció que perfectamente podría ir consensuándose y preparando la necesaria reingeniería legislativa y administrativa, que habría que hacer para aprovechar el uso y las virtudes de la tecnología, específicamente en las áreas donde la naturaleza y particularidad de los servicios así lo permita, fundamentalmente en operaciones de mero trámites, tales como acoger el testimonio de personas que están fuera del país, consulta de expedientes, recepción de documentos, deliberación de jueces de forma virtual.

Entiende el prestigioso abogado que no así para la mayoría de las audiencias penales, en las cuales, al igual que otros servicios estarían sometidos a un mayor rigor de plazos y garantías constitucionales, como el debido proceso de ley y la tutela judicial efectiva, escenarios donde no sería viable la virtualidad.

«Dejamos en el ánimo del país, algunos de los escollos que habría que superar con los pretendidos planes de la virtualización y hoy justicia muy limitada en sus operaciones, primero: El derecho fundamental al acceso a la justicia restringido bajo las condiciones proyectadas, sólo a los dominicanos que tienen celular e internet; Segundo: el despido masivo de personal delPoder Judicial por el nuevo enfoque de la virtualización.

Asimismo, la reglamentación de carácter general y en asuntos judiciales que estaría resolutando el consejo del Poder Judicial, un órgano limitado a la administración y disciplina de los asuntos internos del Poder Judicial, vulnerando además el principio de legalidad y de jerarquización de las leyes sobre las resoluciones y la violación al juez natural, en el conocimiento asignación de expedientes.

El principio de publicidad en las audiencias, en fin no podríamos ni siquiera imaginar cómo sería el cantarle a un imputado de forma virtual, 30 o 40 años, o una subasta de forma virtual para la adjudicación de un bien inmueble, entre una larga lista de situaciones ajenas a la virtualidad.

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La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), acusó a los alcaldes de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán; de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez y Cholitin de Higüey, de estar prostituyendo la ley 176-07, sobre la organización municipal de la República Dominicana, mal interpretando y confundiendo el contenido y alcance del 21, que lista en sus numerales, la forma y limitaciones que tienen los ayuntamientos para gastar y disponer de los recursos recibidos por concepto de arbitrios y del presupuesto del estado.

El referido artículo plantea un máximo de hasta un 25 por ciento para contratar empleados, y hasta un 31 por ciento para gastos ordinarios, permitiendo el mismo artículo en su párrafo II la excepción de que, ante la eventualidad de desastres o emergencias y previa autorización de la sala capitular, los alcaldes puedan flexibilizar y cambiar los montos bajo las condiciones señaladas.

«Parecería que se trata de una olímpica confusión y mal ejemplo para el resto de la municipalidad, el querer extender y comparar esta facultades a las del presidente de la república, con la declaratoria autorizada y refrendada por el congreso, para que el primer mandatario en el marco de las disposiciones de los artículos 262 a 266 de la constitución y ley 21-18 sobre los estados de excepción, pueda con poderes especiales de forma pronta, eficiente y oportuna, el sortear y confrontar el Coronavirus», comentó Potentini.

El presidente de la FJT, advirtió a los alcaldes que están al margen de la ley y la institucionalidad, y que obrar amparado en esas falsas calidades pudiera comprometer su responsabilidad civil y penal.

Potentini lamentó que estas incongruencias y despropósitos se estén verificando en ayuntamientos dirigidos por alcaldes experimentados en los temas estatales, ex funcionarios del gobierno, ex diputados y presidente de la cámara de diputados, además de juristas y en el caso concreto de Cholitin con estudios especializados en el ámbito constitucional y con obras publicadas, los cuales no pueden alegar ignorancia, sino más bien servir de ejemplo para el resto de la municipalidad.   

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La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) favoreció este martes la puesta en marcha de un plan piloto para ir normalizando la economía y los servicios públicos, cree es tiempo de ir asimilando que el coronavirus no se va a resolver en el corto tiempo y como tal hay que aprender a vivir con el «monstruo».

Trajano Potentini ve como positivo el ir aprovechando el efecto didáctico de la cuarentena, del toque de queda y del estado de emergencia, los cuales han servido, con la experiencia de áreas vitales como los bancos, farmacias y supermercados, que aun cuando los empleados interactúan con mucho público todos los días, no se registran contagios, todo ello por los protocolos que se llevan a cabo.

Potentini entiende que es un imperativo el que el estado, aún de forma limitada siga funcionando, como el Poder Judicial y la Junta Central Electoral, esta última con la organización de las elecciones y el manejo y administración del registro civil, servicios indispensables para los dominicanos. 

Para el presidente de la FJT, resulta un tanto paradójico la acción descabellada e imprudente, además de violatoria a las leyes sanitarias, que se llevará a cabo, con la marcha caravana multitudinaria de recibimiento de un peregrino en Puerto Plata, bajo la promesa de que este podía erradicar el Coronavirus, todo ello ante la mirada cómplice de las autoridades, en un acto temerario y poniendo en peligro la vida de todos los dominicanos, con la expansión y contagio del Coronavirus. 

«Pedimos a las autoridades y al pueblo dominicano, el asumir con gallardía y valentía este gran reto, entendiendo que lo peor como explicará la Organización Mundial de la Salud, aún está por venir, de ahí la necesidad de prepararnos para vivir con la pandemia, llevando nuestra vida normal, siempre con el cuidado y la prevención que demandan las circunstancias», comentó el prestigioso jurista dominicano.

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La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), anuncio la realización de una cruzada cívica, para lograr que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), y las entidades financieras y de servicios públicos, compensen a los trabajadores y usuarios, por los efectos y el impacto social y económico del Coronavirus sobre el pueblo dominicano.

Para el caso de las AFP, la entidad cívica informó que está preparando para ser depositada el próximo lunes, una propuesta de ley para obligar el reembolso, en beneficio de los trabajadores, del 40 % de los fondos de pensiones, que, con su labor y sacrificio, hasta el momento han ahorrado, esto así devueltos en 4 meses, en cuotas equivalentes al 10% de lo acumulado.

El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, al referirse a las ARS, deploró de que este sector, solo resuelve de forma mediática, engañando a los usuarios, al anunciar que cubrirán las eventualidades y emergencias de salud por el contagio del Coronavirus, negando en realidad la referida cobertura, cuando los usuarios la requieren, lo que constituye un crimen contra la salud del pueblo dominicano, todo ello pasible de denuncias y eventuales sometimientos y castigo de las autoridades competentes.

Potentini también dio a conocer, bajo la dirección de Justicia y Transparencia y el Veedor Digital, el lanzamiento de la Campaña Nacional de Compensación Social y Económica del Pueblo Dominicano por los Efectos del Coronavirus, la misma está circulando por las redes sociales, consistente en la visualización de materiales didácticos en los diversos formatos de la multimedia.

La FJT precisó que la referida campaña cumple con el objetivo de reclamar ante todas las instancias posibles, las indemnizaciones, solidaridad y otros paliativos, para que los dominicanos puedan sortear y reivindicar las desgracias y los daños causados por el Coronavirus, ello así exigiéndole al estado y a los diversos sectores de la vida nacional, el asumir su rol y el sacrificio que demandan las circunstancia.

En este orden Potentini reiteró al gobierno dominicano el explorar formulas con los sectores empresariales y financieros, además de las entidades gubernamentales de servicios públicos, para que de común acuerdo y en beneficio de la sociedad dominicana, otorguen plazo de gracia, como ya lo han hecho algunas entidades, como el banco de reservas, popular y la asociación popular de ahorros y préstamos, por tres meses, para frizar los intereses, cuotas de préstamos, hipotecas y otros servicios financieros, así también como el congelamiento y exoneración del pago de energía eléctrica, teléfono, cable, internet, agua y basura, entre otros servicios a ponderar.

La entidad cívica pidió al gobierno, el hacer uso de la recién experiencia comparada, de otros países, los cuales también aquejados e impactado por el virus, han tomado medidas extremas y compensatorias, para mitigar los efectos sociales y económicos tales son los casos de Italia, Francia, España, Suiza, Estados Unidos de Norteamérica, Irán  y el Salvador; entre otros tantos, que han otorgado plazos de gracia y moratoria para el pago de las deudas financieras y de varios servicios públicos.

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La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), destacó el manejo eficiente y pulcro, que ha registrado David Collado, durante los tres años y medios que lleva desempeñándose como alcalde del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), un ejemplo y modelo de administración que debe servir como norte a otras alcaldías.

La entidad de sociedad civil citó como ejemplos de buena administración, la renegociación de los contratos para la recolección de la basura, con un ahorro significativo en beneficio de la ciudad, por más de mil millones de pesos, el rescate de espacios públicos, el remozamiento de mercados y plazas, la limpieza de la ciudad y la realización de decena de pequeñas obras, la intervención y recuperación de cementerios y parqueos, equipamiento y mejoras en el cuerpo de bomberos, la intervención directa en los barrios de mayor marginalidad, con asistencia técnica y económicas; además de la implementación de políticas sociales inclusivas, entre otras iniciativas.

El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, consideró como el punto más luminoso de la gestión del alcalde Collado, el manejo prudente y transparente que le ha dado a los fondos públicos bajo su administración, con el seguimiento y monitoreo de organizaciones de la sociedad civil, como la FINJUS, además del acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Potentini sostiene que en su modelo de gestión asumido también, hacen varios años y con excelente resultados por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, todo ello previo el cumplimiento mandatorio y prioritario de las leyes dominicanas sobre la materia, (constitución dominicana, ley de los ayuntamientos, compra y contrataciones públicas y la ley de acceso a la información pública).

La FJT instó a los demás ayuntamientos a seguir el ejemplo de gestión del Distrito Nacional, sobre todo entendiendo la necesidad de reivindicar la importancia de los gobiernos locales en la calidad de vida de forma integral de los ciudadanos, con la seguridad pública y ciudadana, el tránsito, el medio ambiente, en fin, las diversas prestaciones y servicios de naturaleza social, inherentes a los ayuntamientos.

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La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), pidió este jueves a los dominicanos acudir “consciente y masivamente” a las urnas el próximo domingo 16 de febrero, para ejercer el deber y derecho fundamental al voto, en las elecciones municipales.

La entidad de sociedad civil recordó que el derecho al voto, se erige en una obligación y deber cívico, además de la trascendencia que supone para la democracia y los ciudadanos, la posibilidad de premiar y seleccionar a los funcionarios y representantes que regirán los destinos de la cosa pública, indefectiblemente con un impacto positivo o negativo en nuestras vidas.

El presidente de la fundación, Trajano Potentini, lamentó que las nuevas leyes electorales (33-18 y 15-19 de partidos políticos y régimen electoral respectivamente), resulten insuficientes, ambiguas y oscuras para tipificar y castigar la odiosa, antidemocrática y aberrante practica de compra de cédulas y alquiler de voluntades, restándole con ello legitimidad del acceso al poder en democracia.

De acuerdo con Potentini la configuración y tipificación legal de los delitos electorales previstos en los artículos 282 al 290 de la ley 15-19 de régimen electoral, ni siquiera en ninguna de sus partes menciona la palabra cédula, más aún se limita a enunciar una cantidad de más de 60 posibles infracciones penales, reitero sin que en ningún caso de manera concreta se refiera a la compra y comercialización de cédula.

De ahí que solo podríamos acogernos, suponer e interpretar que algunas disposiciones podrían dar cobijo a la eventual y dañina práctica de compra de cédulas, tales serían los casos del artículo 285 de la ley electoral, cuando dispone y citamos que: Serán castigados con prisión correccional de tres (3) meses a un (1) año y multa de uno a cinco salarios mínimos del sector público…..estableciendo en los numerales 3 y 4 lo que sigue: 3. Los que obstaculicen a cualquier elector en el acto de votar o al dirigirse o retirarse de los colegios electorales. 4. Los que incitaren o cohibieren en cualquier forma a un elector en el ejercicio de su derecho.

Potentini recordó que en materia penal el elemento legal de los delitos o infracciones, como presupuesto base de su existencia, debe ser claro y preciso, en razón del garantismo que rodea a los posibles imputados, además del rango constitucional con que son beneficiados por efectos del principio de favorabilidad.

Reiteramos se trata de eventualidades poco claras e interpretativas, dejándole mucho margen a la discusión, discrecionalidad y alegaciones encontradas, diferente a la anterior ley electoral 275-97, que en su artículo 173 numeral 24 de forma clara y precisa condenaba y castiga la compra de cédula de la manera siguiente: Artículo 173.- DELITOS ELECTORALES. Serán castigados con prisión correccional de seis meses a dos años y con multa de RD$2,000 a RD$5,000. numeral 24.- La venta y comercialización de Cédulas de Identidad Electoral.

El jurista explicó que tanto la ley 275-97, anterior electoral como las leyes 55 y 8-92 de registro electoral y cédulas respectivamente, fueron derogadas en su totalidad por los artículos 291 y 292 de la actual ley electoral, dándole además a la cédula y al registro electoral en los artículos 65 al 91 un tratamiento meramente de sus rasgos distintivos y características, del procedimiento y mecánica para su uso obtención.

Para la FJT resulta preocupante la poca difusión y campañas por parte de la Junta Central Electoral destinadas a informar sobre las elecciones municipales, las cuales por la fecha y características constituyen un hito en la historia democrática del país, con la agravante de que al día de hoy más del 65% de los dominicanos no tienen ni idea, de que el próximo domingo se estarán celebrando en la República Dominicana, elecciones municipales, esto sumado al descrédito de la política, lo que indefectiblemente nos llevaría a una abstención sin precedentes, vaticinando por demás que la misma rondaría el 60%, restándole calidad y legitimad a la democracia, como sistema de acceso y ejercicio del poder.

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El Tribunal Superior Administrativo (TSA), mediante sentencia número 00397, de fecha 12 de diciembre del pasado año 2019, condenó al Patronato de Administración y Cuidado del Estadio Quisqueya, por falta de transparencia y denegación de información, sobre el manejo de los fondos públicos.

La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en audiencia por Acción Constitucional de Amparo por Denegación de Información Pública, acogió las conclusiones y pedimentos de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), contra el Patronato de Administración del Estadio Quisqueya, ordenándole a este, luego de varias audiencias y diligencias, por parte de la fundación la entrega de las referidas informaciones.

El director ejecutivo de la FJT, Smerly Rodríguez, deploró que luego de casi un año, y sin resultados, se mantenga la renuencia y resistencia de los directivos a entregar los documentos solicitados, consistentes en: listado de los funcionarios nombrados, declaraciones juradas de patrimonio, nómina de empleados durante el período 2017-2019, copia de los informes financieros correspondientes a los gastos, (ingresos y egresos) por concepto del financiamiento público, vía el Ministerio de Deportes y Recreación, ejecutados durante el 2017-2019, así como también la, (Publicidad, gastos administrativos, viáticos, dietas, actividades deportivas, culturales y recreativas).

La FJT advirtió que si pese a la notificación de la sentencia, dándole un plazo de 15 días para la entrega de los documentos, y estos persisten en el desacato y violación a las leyes, acudirán a los tribunales penales, querellándose en contra de los directivos del patronato, poniendo además a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, para que obligue a estos últimos a cumplir con las leyes.

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La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), deploró el que en el 207 aniversario del patricio Juan Pablo Duarte, brillaran por su ausencia las actividades estatales, conmemorando y celebrando su legado, en suma, podemos afirmar que el día de Duarte en la República Dominicana, en un mal precedente empieza a pasar sin pena ni gloria, siendo notorio y de mucha preocupación, el casi generalizado olvido, en las escuelas, tanto públicas como privadas.

La entidad cívica también le hizo un llamado a la clase política dominicana, para que honren con el ejemplo y sus ejecutorias, al padre de la patria Juan Pablo Duarte, imitando su entrega y sacrificio, además del impecable e histórico manejo de la cosa pública y rendición de cuentas que siempre acompañaron a Duarte en todo su accionar, tanto público como privado.

La FJT dijo que, de manera particular, los políticos y sobre todo por las altas funciones y responsabilidades que le son confiadas, están llamados a honrar la memoria del patricio, el legado de pundonor, desprendimiento y pulcritud, siempre apegado a los más altos y sanos intereses de la nación dominicana.

Trajano Potentini, presidente de la FJT, ponderó en una nota de prensa, que la fecha tiene gran trascendencia, “la cual debe invitarnos como sociedad, a un proceso de reflexión interna, en especial la clase que nos gobierna, asumiendo como norte y guía de su accionar el legado de Duarte, en procura de una mejor patria para todos”.

El reconocido abogado reiteró sus criticas del poco despliegue, entusiasmo y preparativos de parte de las instituciones del Estado para conmemorar el aniversario del natalicio de Duarte, sobre todo por tratarse de una celebración que debe convertirse siempre en el mayor acontecimiento oficial del Estado Dominicano, con una agenda cívica nacional que proyectara la vida, obra y ejemplo de Juan Pablo Duarte, entre otras múltiples actividades conmemorativas. 

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