El retiro de la reforma fiscal por parte del presidente Luis Abinader, tras varios días de protestas, es un evento que refleja una serie de dinámicas sociales y políticas importantes en el pais. Este hecho pone de manifiesto la capacidad del gobierno de reaccionar ante el descontento ciudadano, y al mismo tiempo evidencia los retos que enfrenta en términos de estabilidad y manejo de la economía en un contexto post-electoral. Aunque las elecciones ya han pasado, la necesidad de mantener la paz social y la legitimidad política sigue siendo una prioridad para el gobierno.

El descontento popular que acompañó la propuesta de la reforma fiscal refleja una preocupación generalizada sobre la economía del país. El costo de la vida, los niveles de inflación, y la percepción de que las políticas económicas no están generando suficientes beneficios para la mayoría de la población, son factores que contribuyeron a las protestas. La decisión del presidente de retirar la reforma indica que el gobierno reconoce la sensibilidad del momento y que, en un contexto de incertidumbre económica global, es crucial mantener el equilibrio entre las necesidades fiscales del Estado y el bienestar de la ciudadanía.

El hecho de que el gobierno haya decidido no avanzar con la reforma fiscal también señala su voluntad de escuchar y ajustarse a las demandas de la población. En lugar de imponer una medida que podría haber generado un conflicto social mayor, el presidente optó por una estrategia de contención, demostrando que la estabilidad social es una prioridad. Esta decisión podría estar relacionada con la intención de evitar que las tensiones sociales escalen y pongan en riesgo la gobernabilidad.

Sin embargo, esta situación también pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el gobierno en cuanto a la gestión económica. La necesidad de una reforma fiscal suele ser una señal de que el Estado busca mejorar su capacidad de recaudación para cubrir gastos y financiar proyectos, pero también es un indicio de que hay limitaciones en la gestión de los recursos públicos. En este contexto, el retiro de la reforma fiscal podría interpretarse como un ajuste temporal, en espera de un mejor momento para replantear las medidas necesarias para equilibrar las finanzas públicas. El gobierno tendrá que considerar otras formas de mantener la estabilidad económica, sin recurrir a reformas que puedan percibirse como dañinas para la población.

La decisión de retirar la reforma también puede ser vista como parte de una estrategia más amplia de mantener la paz social en un momento donde las tensiones económicas globales están afectando a muchos países. La pandemia, los conflictos internacionales, y las fluctuaciones en los mercados de energía y alimentos han creado un escenario desafiante para los gobiernos de todo el mundo. En este contexto, el presidente Abinader parece haber optado por una ruta más conciliadora, evitando una confrontación abierta con sectores sociales clave, lo que podría haber resultado en una crisis política más profunda.

A nivel interno, la situación también podría revelar la existencia de debates o desacuerdos dentro del propio gobierno o entre sus aliados. La reforma fiscal pudo haber sido vista como una medida necesaria por algunos sectores del gabinete, pero el contexto social hizo que prevaleciera una postura más prudente. Este tipo de decisiones reflejan la complejidad de la gobernabilidad en un país donde las expectativas ciudadanas son altas y los márgenes de maniobra política son estrechos.

Más allá de la coyuntura inmediata, el gobierno de Abinader tiene ante sí el desafío de seguir ajustando su agenda económica para satisfacer las demandas sociales, al mismo tiempo que busca mantener la sostenibilidad fiscal. Este equilibrio no es fácil, y es probable que veamos nuevos intentos de reformar ciertos aspectos de la economía en el futuro, quizás de manera más consensuada y con un enfoque que no genere tanto rechazo por parte de la población.

El hecho de haber retirado la reforma fiscal también puede ser una oportunidad para que el gobierno se acerque a los sectores sociales y empresariales, buscando construir un consenso sobre las necesidades económicas del país. La reforma fiscal es solo un componente de un desafío mayor: cómo garantizar un crecimiento económico que sea inclusivo, justo y sostenible a largo plazo. Para lograr esto, es necesario que todas las partes involucradas en el debate económico —gobierno, sector privado, sindicatos y ciudadanos— encuentren puntos comunes y trabajen juntos para enfrentar los retos económicos.

El retiro de la reforma fiscal no debe verse solo como una muestra de debilidad, sino como una estrategia política calculada para evitar mayores tensiones sociales y, al mismo tiempo, recalibrar las prioridades del gobierno en un contexto económico incierto. 

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La capacitación de la mujer legisladora es una prioridad que motoriza programas educativos que cuentan con el financiamiento de gobiernos e instituciones internacionales interesados en fortalecer su desempeño en el Congreso Nacional. Esta agenda motorizó la iniciativa «Gestión legislativa, estrategias de comunicación y participación política», aplicación que fue posible gracias al apoyo del congreso, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Junta Central Electoral (JCE), con el apoyo financiero de la embajada de Alemania.

Román Jáquez, presidente de la JCE, que en su gestión implementó un sinnúmero de acciones, programas y políticas a favor de la equidad de género en la política, elogió esta actividad porque representa un mazo que rompe barreras. «Creo que la República Dominicana se debe a un pacto social por una democracia paritaria. Diputadas y senadoras, ustedes pudieron y estoy seguro que van a seguir pudiendo, pero en sus manos está que otras mujeres puedan», enfatizó.

El objetivo está bien definido: formar a las legisladoras del país. Solo con educación, preparación y especialización se puede potenciar las capacidades para ejercer sus funciones en igualdad de condiciones, proporcionando herramientas que refuercen su liderazgo en la política y la gobernanza. Explicaron que este proyecto tiene como meta empoderarse para que puedan desempeñarse de manera efectiva en todos los niveles del sistema político.

Para Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, este es un curso sumamente importante para las mujeres porque en este momento el número de legisladoras en este órgano legislativo es el más amplio desde su existencia, con 71 en total, representando el 37% de la matrícula en esta ala del congreso y las mismas se han estado destacando de manera significativa en la labor legislativa.

«A pesar de que tenemos muchos compromisos en las diferentes comisiones, los trabajos ordinarios, así como con las reformas, es necesario sacar un tiempo para la capacitación, porque es la manera de seguir adquiriendo más conocimientos para contar cada vez con mejores leyes y tener un mayor desenvolvimiento en el quehacer de nuestro rol», expresó Pacheco.

Las participantes que tomaron este curso habrán fortalecido sus habilidades en áreas clave como el desarrollo de programas de mentoría y la creación de redes de apoyo entre mujeres políticas, fomentando el intercambio de experiencias que contribuyan a su empoderamiento. Además, obtendrán conocimientos avanzados sobre cómo integrar el enfoque de género en las agendas legislativas.

Ricardo de los Santos Polanco, presidente del Senado, añadió que aspira a que en los estamentos del Estado la mujer tenga la participación que merece y que podamos llegar a la paridad de género. «Todos los actores políticos debemos poner nuestro grano de arena para seguir fortaleciendo el liderazgo femenino en la República Dominicana».

Ana María Díaz, representante residente del PNUD, señaló que, de acuerdo con el Índice de Paridad Política (IPP) del proyecto regional Atenea, elaborado por el PNUD, “La República Dominicana tiene un puntaje de 49.2 sobre 100, lo que indica que aún estamos a mitad de camino hacia la paridad política. Es fundamental desarrollar programas que brinden a las mujeres las herramientas necesarias para sostener sus liderazgos y trabajar colectivamente para reducir las brechas de género en la política, garantizando igualdad de oportunidades para todas”.

La embajadora de Alemania, Maike Friedrichsen, subraya que las mujeres siguen enfrentándose a más obstáculos y prejuicios. «A pesar de todos los esfuerzos y avances, casi el 90% de los alcaldes son hombres, sólo 4 de los 32 senadores son mujeres y 3 de los 23 ministerios están dirigidos por una mujer. En el marco de nuestra política exterior feminista, Alemania apoya iniciativas como esta que contribuyen a la igualdad de género en beneficio de toda la sociedad». 

Patricia Lorenzo Paniagua, miembro titular de la Junta Central Electoral y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, explicó que este programa se llevará a cabo a través de cinco módulos que serán impartidos en sesiones semanales durante los meses de septiembre y octubre, abordando temas cruciales como la participación política de las mujeres, legislación para la paridad, comunicación política, y estrategias contra la violencia de género en redes sociales.

La participación política de las mujeres en la República Dominicana ha enfrentado históricamente barreras estructurales de diversa índole. Iniciativas como este espacio de formación y fortalecimiento de capacidades son esenciales para reducir y eliminar obstáculos y garantizar que las mujeres puedan ejercer plenamente su derecho a la participación política.

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El Gobierno camina con determinación por la ruta de las reformas. Con la modificación a la Constitución a tiro de hit, el presidente Luis Abinader se apresta para cerrar una fase que no representó inconveniente para que se aprobara en su esencia la propuesta que depositó en el Congreso Nacional. Solo una, reducir de 190 a 137 la matrícula de la Cámara de Diputados, sufrió un cambio que no desilusionó al Ejecutivo. El tema cerró con veinte diputados menos. La aprobación en primera lectura en la Asamblea Nacional Revisora sirvió para que el Partido Revolucionario Moderno sacara músculos gracias a su mayoría representativa en ambas cámaras.

En un estado cada vez más angustiante debido la imperante necesidad de aumentar las recaudaciones, con la posibilidad de aprovechar su predominio en el Poder Legislativo, Abinader y su Gabinete económico, dan un paso al frente y someten un proyecto de ley de reforma fiscal que no podía seguir postergándose. Una decisión valiente, políticamente arriesgada a mediano plazo, en la que el presidente se juega parte de su legado. Es una de las reformas más abarcadoras entre las que se cuentan de la historia reciente. No es para menos, debido a la urgencia económica que viene afectando la administración pública no desde que se juramentó este Gobierno el 16 de agosto del 2020, de mucho antes.

La ola reactiva de los sectores que se oponen a la eliminación de incentivos y al incremento de los impuestos, no se hizo esperar. El bullicioso espectro de quienes empezaron a beneficiarse de la Ley de Cine aprobada en el 2010, tomó los altoparlantes y manifestó su rechazo radical a cualquier modificación a las bondades de la legislación. Pero más que atacar, criticar o rechazar no más, no vale de mucho en este tramo. Las reformas fiscales son odiosas, y cada quien tratará de defender sus intereses particulares, que en algunos casos no son colectivos. Jochi Vicente, ministro de Hacienda, que llevó la voz cantante en «LA Semanal con la Prensa» del pasado lunes cuando se presentó el anteproyecto, sostuvo que esta reforma no es contra nadie, sino a favor de la ciudadanía.

Zona franca, turismo, mecenazgo y cine son sectores que pueden ver reducidos las bondades de las exenciones fiscales que, en la mayoría de los casos, con excepción de la natimuerta Ley de Mecenazgo, están en la línea de fuego de la propuesta de modificación depositada en el Congreso. 

La eliminación del anticipo, aumento del salario mínimo e inversiones en sectores vitales como salud, educación, transporte y seguridad conforman el paquete de medidas positivas que impactarán a la ciudadanía tras la aprobación de la reforma. Productos esenciales como el pan, huevo, pollo, plátano, yuca, leche y arroz quedarían exentos de impuestos. ¿Qué tanto pudiera ser modificado el proyecto de ley en el proceso de discusión que apenas se inicia? El tiempo dirá. Para el ministro de Hacienda recordó que «no ha habido ninguna reforma desde el 1992 que haya tenido un impacto negativo en el crecimiento» de la economía. Que esta no sea la excepción y ojalá que la oposición juegue un rol de participación en el debate, porque es más que necesario.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que en ese hemiciclo y en la Comisión Permanente de Hacienda escuchará a todos los sectores para lograr un pacto en la aprobación del proyecto de Modernización Fiscal.

«Este es un tema que el pueblo está con toda su atención, debemos escuchar a todos los sectores de la vida nacional que quieran venir a participar, yo pienso que la Comisión perfectamente tiene la oportunidad de escucharlos, creo, con toda honestidad, que si se lo propone, y la comisión lo entiende, perfectamente puede organizar una Vista Pública y escuchar a los diferentes sectores», afirmó Pacheco.

Pacheco llamó a los miembros de la Comisión a estudiar con profundidad el proyecto de ley, puesto que es el más difícil que ha pasado o que va a pasar en el presente cuatrienio y lo comparó con las discusiones de la Ley de Extinción de Dominio, que se aprobó en el Congreso en el cuatrienio pasado.

«Nosotros esperamos que en un tiempo prudente esta Comisión pueda oír diferentes actores de la vida nacional y que entonces, luego que este pleno este de nuevo apoderado por parte de la Comisión del informe, entonces aquí haremos los debates que correspondan», dijo.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que propulsará los consensos y acuerdos necesarios para lograr la aprobación de la reforma fiscal. «Sin embargo, ustedes saben que estamos hablando de una reforma fiscal», apuntó De los Santos.

La Comisión de Hacienda de los diputados está presidida por el diputado Francisco Javier Paulino, y la completan los diputados Félix Michel Rodríguez, Kinsberly Taveras Duarte, Abelardo Ruthinel, Carmen Ligia Barceló, Danilo Díaz, Dellys Féliz, Dorina Rodríguez, Enriqueta Rojas, Félix Hiciano, Gregorio Domínguez, Jorge Frías, Rafael Augusto Castillo, Ydenia Doñé y Sergio Moya.

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En dos extensas jornadas consecutivas, la Asamblea Nacional Revisora convocada mediante la Ley 61-24, que declaró la necesidad de la reforma a la Constitución de la República, en sesiones presididas por el senador Ricardo de los Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), se aprobaron en primera lectura todas las propuestas impulsadas por el Poder Ejecutivo en su generalidad, con excepción de la reducción de la cantidad de 190 a 170 de la matrícula de los diputados. El proyecto original sugería una reducción de 53 legisladores.

Los trabajos de la Asamblea Nacional Revisora iniciaron en su segunda jornada del martes con un cuórum de 189 de 222 asambleístas, es decir, 26 de 32 senadores y 163 de 190 diputados. En la primera jornada del pasado lunes, se iniciaron los trabajos con 208 de 222 asambleístas: 31 de 32 senadores y 177 de 190 diputados.

Los asambleístas fueron convocados para el lunes a las 2:00 de la tarde y continuar con los trabajos de la reforma constitucional, en segunda lectura. Las comisiones de verificación, estilo y corrección deben entregar sus informes en un plazo no mayor a las 48 horas.

Artículos modificados en la Constitución

Art. 167. Establece que la Oficina del Abogado General de la Administración Pública sea una dependencia del Poder Ejecutivo y organizada como establece la ley.

Art. 171. Sobre la designación y requisitos del procurador general de la República. Establece que el Presidente de la República, al inicio de su mandato, propondrá al Consejo Nacional de la Magistratura, una persona para que sea designada como procurador general de la República; y 7, para que sean designados como procuradores adjuntos. Estos serán inamovibles durante dos años, podrán ser confirmados al término de su período bajo las mismas reglas de su elección, salvo destitución por juicio político. Para ser procurador o adjunto se requerirá no haber ocupado puesto directivo en partido político, no haber sido candidato a cargo de elección popular, ni habar realizado proselitismo político notorio y constante durante los cinco años anteriores a su designación.

Art. 178. Se incluye al presidente del Tribunal Constitucional para integrar el Consejo Nacional de la Magistratura, en sustitución del procurador general de la República.

Art. 209. Unificación de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales.  Establece la organización de las asambleas electorales (elecciones), apertura en cada período para elegir al presidente y vicepresidente de la república, los representantes legislativos, autoridades municipales y a los demás funcionarios para las elecciones del 2032.

Art. 268. Sobre la forma de gobierno y reglas de elección presidencial. Así como ninguna reforma puede versar sobre el gobierno republicano, democrático y representativo, tampoco pueda versar sobre los términos de elecciones.

Art. 278. Establece que ningún funcionario de elección popular podrá beneficiarse de una reforma constitucional realizada durante su mandato. Además, no podrá beneficiarse de una reforma constitucional realizada durante su mandato, aunque esta verse sobre las reglas de postulación, elección y permanencia del cargo que ocupa.

Art. 274. Sobre el período constitucional de funcionarios electivos. 

El párrafo 1 establece que cuando un funcionario electivo cese en el cargo por muerte, renuncia, inhabilitación u otra causa quien lo sustituya permanecerá en el ejercicio del cargo hasta completar el período constitucional.

El párrafo 2 establece que en caso de vacío en la línea sucesoral de la línea municipal se establecerá el mecanismo a utilizar para llenar las vacantes.

Párrafos transitorios

1. Los alcaldes que sean electos en las elecciones del 2028 concluirán su período el 16 de agosto de 2032, en lugar del 24 de abril, como se estableció desde el 2016.

2. Ninguno de los cambios aprobados en la modificación a la Constitución necesita ser sometido a referendo aprobatorio para su ratificación.

3. Ordena que en un plano no mayor de siete legislaturas ordinarias y a partir de la proclamación de esta Constitución deberán ser elaboradas, adecuadas y aprobadas, todas las leyes requeridas en virtud de la presente reforma constitucional o que se encuentre pendiente, en virtud de reformas anteriores.

4. Establece que hasta que la ley correspondiente asigne a un ente u órgano del Poder Ejecutivo, el funcionamiento del sistema penitenciario, esa responsabilidad seguirá recayendo sobre el Ministerio Público. 

5. Establece que, por excepción a lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución, la adecuación del número y nueva forma de distribución de los representantes en la Cámara de Diputados, se realizará en base al padrón electoral utilizado en las elecciones de 2024 y surtirá efecto a partir de las elecciones congresuales del 2028.

6. El Presidente de la República electo el tercer domingo de mayo de 2024 nunca más pueda presentarse al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República.

7. Establece que Abogado General de Administración Pública y adjuntos serán nombrados mediante decreto del presidente de la República hasta tanto la ley correspondiente establezca forma en que será designado.

8. Establece que las elecciones del año 2028 para elegir a las autoridades municipales se realizarán el tercer domingo de febrero y tomarán posesión el 24 de abril del mismo año. 

9. Dispone que autoridades municipales electas el tercer domingo de febrero de 2028 tendrán un período extendido que iniciará 24 abril 2028 y concluirá el 16 agosto 2032. 

Conformación de comisiones
La Asamblea Nacional Revisora conformó las comisiones de estilo y de auditoría y verificación que revisarán los artículos modificados en la Constitución. La de estilo está conformada por los senadores Johnson Encarnación, Alexis Victoria Yeb, Dagoberto Rodríguez, Moisés Ayala y Ginnette Bournigal. Además, los diputados Carolin Mercedes de la Cruz, Luis Gómez Benzon, Agustín Burgos, Diómedes Rojas, Jesús Manuel Sánchez, Ignacio Aracena, Dilenia Santos y Kenia Bidó.

La comisión de verificación está integrada por los senadores Daniel Rivera, Ramón Rogelio Genao, Rafael Duluc, Aneudy Ortiz y Aracelis Villanueva. También participarán los diputados Eduviges María Bautista, Pedro Antonio Martínez, Juan Medina, Carmen Ligia Barceló, Eugenio Cedeño, Liz Báez y Elías Wessin.

El asambleísta vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, y Omar Fernández, de la Fuerza del Pueblo, anticiparon que los legisladores de sus respectivas organizaciones no formarían parte de ninguna de las comisiones de revisión, auditoría y verificación de las modificaciones aprobadas en las asambleas.

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Son tantas veces que se ha modificado la constitución que resulta difícil convencer a una parte de la  población del propósito positivo  de dicho proyecto. 

El Presidente Luis Abinader definitivamente va por la modificación constitucional   pero hay elementos que debe aclarar principalmente a sus seguidores y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, su PRM.

Convencer mucha gente cuando hay tantos intereses en juego resulta difícil, sólo hay que pensar en la reducción de decenas de diputados y quizás otros legisladores para aminorar los costos de los trabajos legislativos y hasta ganarse  algunos puntos a favor de la propuesta. 

Desde ya avizoran contradicciones que podrían ser insalvables pero no innegociables. Sin el fuerte apoyo del PRM  en términos estrictos a Luis Abinader la reforma no pasará. 

El Jefe del Estado aunque supuestamente tiene mayoría aplastante en la Asamblea Nacional tiene q hilar fino para ganar y quedar bien con todos.

Lo cierto es que no serán cuatro años que tendrá que esperar Abinader para pasar su propuesta, sino meses por lo que el tiempo apremia para las discusiones.

De esa manera los acuerdos deben llegar pronto y cónsonos con los intereses nacionales y del Presidente de la República. 

En tal sentido las discusiones vacías tendrán que dejarse de lado para q en poco tiempo la reforma constitucional de Luis Abinader pueda ser realidad con sus aciertos y posibles desaciertos pero q soporte las críticas con un contenido fortificado y resultados positivos.

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La reciente propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente Luis Abinader ha generado un debate intenso. Entre los aspectos más destacados de esta reforma se encuentran la unificación de las elecciones municipales, presidenciales y congresuales, así como la reducción del número de diputados en el Congreso Nacional. Ambos elementos han sido presentados bajo la premisa de generar ahorros significativos para el Estado. Sin embargo, un análisis más profundo revela que estas medidas, lejos de ser soluciones económicas, podrían tener consecuencias adversas para la democracia y la representación política en el país.

El argumento de unificar las elecciones con el objetivo de reducir costos parece atractivo en la superficie, pero se vuelve baladí cuando se compara con la realidad del comportamiento de la clase política en relación con el dispendio de recursos durante las campañas electorales. La unificación de las elecciones podría reducir ciertos costos operativos, pero no aborda el problema central: el uso ineficiente y excesivo de recursos en las campañas. En un sistema donde el clientelismo es una práctica común, la competencia entre los candidatos seguiría siendo feroz, y la reducción de costos se diluiría ante el gasto masivo que caracteriza a las elecciones dominicanas.

La democracia no se limita a las elecciones; es un proceso continuo que incluye la administración pública en su totalidad. Es en este ámbito donde se reflejan muchos de los problemas que la reforma pretende abordar. El gasto innecesario y la abultada nómina pública son ejemplos claros de la falta de eficiencia en la gestión estatal. Reducir los costos electorales sin una reforma integral que aborde estos otros aspectos de la administración pública es, en el mejor de los casos, un paliativo insuficiente.

La propuesta de reducir el número de diputados en el Congreso Nacional es otro punto controvertido de la reforma. Aunque se presenta como una medida de ahorro, en la práctica, esta reducción podría encarecer aún más las campañas electorales, beneficiando a los candidatos con mayores recursos económicos. En un sistema donde el clientelismo domina, esto podría excluir a representantes de sectores menos privilegiados, consolidando el poder en manos de una élite económica dispuesta a gastar grandes sumas de dinero para asegurar su elección.

Actualmente, muchos diputados logran sus escaños con una cantidad relativamente baja de votos. Reducir el número de escaños significaría que estos mismos diputados tendrían que obtener un número significativamente mayor de votos para ser reelectos, algo que sólo los candidatos con más recursos estarían en condiciones de lograr. Esto limitaría la diversidad y la pluralidad en el Congreso, afectando negativamente la representación democrática.

Históricamente, la creación de un sistema bicameral en el país tenía como propósito garantizar que los grupos minoritarios tuvieran representación en el Congreso. A diferencia de un senador, que debe captar la mayoría de los votos en una provincia, un diputado podía ser elegido con una fracción mucho más pequeña de votos. Sin embargo, el sistema democrático actual ha aniquilado esta posibilidad debido al alto costo de las campañas y al clientelismo generalizado. En este contexto, la existencia de un Senado pierde su justificación original.

Una propuesta más radical y quizás más efectiva sería eliminar el Senado y ampliar el número de diputados. Esta medida podría garantizar una representación más equitativa y representativa del territorio, asegurando que todas las regiones y grupos sociales tengan una voz en el Congreso. Con más diputados, sería posible distribuir los votos de manera más equitativa, reduciendo la influencia del dinero en las elecciones y promoviendo una mayor representatividad.

La eliminación del Senado y la ampliación de la Cámara de Diputados podrían simplificar el proceso legislativo, haciéndolo más eficiente y menos susceptible a las presiones de grupos de poder económico. Sin embargo, esta reforma debe implementarse con cautela para evitar que se perpetúen o se exacerben las prácticas clientelistas. Es crucial que cualquier reforma al sistema político dominicano tenga como objetivo fortalecer la democracia y mejorar la calidad de la representación, no simplemente reducir costos a expensas de la pluralidad y la inclusión.

La propuesta de reforma constitucional del presidente Abinader, aunque bien intencionada en su objetivo de reducir costos, podría tener efectos contrarios a los deseados; sin embargo, para que esta reforma sea efectiva, debe estar acompañada de un esfuerzo serio por erradicar el clientelismo y promover una administración pública eficiente y transparente. Solo así se podrá lograr una democracia verdaderamente representativa y sostenible.

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La temperatura va en franca calentura en los círculos del Partido Revolucionario Moderno. El proyecto de reforma constitucional impulsado por el Poder Ejecutivo tiene en ascuas a una fracción apreciable de la corriente perremeísta en la Cámara Baja. Bajar de un zarpazo 53 de los 190 diputados, como propone el presidente de la República Luis Abinader, es una idea que no cayó muy bien en el entorno del Poder Legislativo.

Tres días antes que se completa la comisión bicameral que estudiará el proyecto de reforma sometido por Palacio, senadores y diputados en pleno –muchos de ellos acompañados de familiares directos– estaban el resort Margarita Village hospedados para participar durante dos jornadas consecutivas del «Congreso liderazgo legislativo transformador». 

Uno de los temas de orden sería la propuesta de reforma constitucional, que abordarían panelistas, entre ellos prestigiosos comunicadores y analistas políticos, y otros connotados conocedores de las lides del oficio. No todo fue color de cosas para los organizadores de este congreso que prometía un ambiente festivo, en teoría de la buena, sol, playa y arena.

Charlie Mariotti, buen teórico y comunicador probado, se sumó al abogado Nassef Perdomo, ambos contrario a una nueva modificación de la Constitución. Cuentan que el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana se llevó una ovación ensordecedora cuando se plantó para reiterar su oposición al proyecto reformador.

El hotel Margarita Village –que cuesta US$571 la noche por persona– sirvió de escenario para acoger a los nuevos legisladores y a otra gran mayoría que repetía en sus curules, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Quienes sacaron cuenta, calculan que el fin de semana representó un costo –digamos que fue una inversión, a juzgar por los contertulios de los paneles– de RD$50 millones. Poco más, poco menos.

Con Mariotti en sus aguas y micrófono en mano, el secretario general del PLD que también se opone a la reforma, se las ingenió para inspirar a sus ex compañeros del Congreso, y enarbolar la bandera de la contrarreforma. Como discípulos frente al buen samaritano, los congresistas se pusieron de pie y aplaudieron tanto como consiguió Marc Anthony en su pasado concierto en el Estadio Quisqueya.

La conversación que desde entonces salta de un grupo de wasap a otro, se asegura que el espíritu en el congreso «Liderazgo legislativo transformador» se esparció por los predios de Palacio, y que allí se barajaron teorías para contrarrestar la oposición al proyecto que pretende reducir el poderoso Poder Legislativo de los congresistas.

Por los acogedores salones del resort se anticipaba la participación de José Ignacio Paliza, presidente del PRM y funcionario de alto perfil en el pasado y en el presente Gobierno que apenas se inicia. El influyente ministro de la Presidencia marcó distancia del conversatorio y optó por permanecer en Santo Domingo.

Paliza, en declaraciones a la prensa el miércoles de la semana pasada luego de la reunión de la Dirección Ejecutiva que aprobó a unanimidad el apoyo al proyecto de reforma constitucional sometido por el presidente Luis Abinader ante el Senado, admitió que al proyecto original se le han producido modificaciones a la misma, pero con relación al tema de la permanencia del Procurador General. No se refirió al punto que preocupa a los diputados.

«Socializamos los diferentes proyectos de reformas que el presidente irá introduciendo en la medida que avancen las próximas semanas», indicó José Ignacio Paliza.  

Conformada la comisión bicameral que continuará con los debates y el conocimiento del proyecto de modificación constitucional, se espera que los diputados del PRM sean convocados por la jefatura para socializar cada uno de los cuatro puntos que contiene la pieza elaborada por el Poder Ejecutivo.

En sesión celebrada este martes, la Cámara de Diputados conformó la comisión de diputados que participará en el proceso que continúa. Está integrada por la ex vicepresidenta del órgano, Olfanny Méndez, Julio César Beltré, Soraya Suárez, Danilo Díaz, Rogelio Genao Lanza, Eugenio Cedeño, Elías Wessin Chávez, Mateo Evangelista Espaillat, Carlos de Pérez, Rafael Tobías Crespo, Carmen Ligia Barceló, Kimberly Taveras, Mayobanex Martínez, Onabel Aristy, Aníbal Díaz, Francisco Rodolfo Villegas, Ramón Bueno Patiño y Robinson Díaz.

Estos diputados se suman a los senadores Pedro Catraín, quien la presidirá, así como los senadores Omar Fernández, Ramón Rogelio Genao, Cristóbal Venerado Castillo, Félix Bautista, Antonio Taveras Guzmán, Lía Inocencia Díaz y Franklin Romero.

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Amado Díaz es el nuevo vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM). La elección del legislador se llevó a cabo en el Congreso Nacional en una reunión en la que estuvieron presentes 145 representantes del partido de Gobierno.

Luis Báez será el vice vocero y Jackeline Fernández secretaria del bloque parlamentario. Díaz es diputado por tercera ocasión, electo en la circunscripción de la provincia Santo Domingo. Fue juramentado por el vicepresidente del PRM, Eddy Olivares.

El congresista Díaz ratificó su compromiso de defensa los mejores intereses nacionales, garantizó cuando habló en la reunión de su elección.

«Estaremos siempre defendiendo los intereses nacionales por encima de los propios, respaldando todas las iniciativas que busquen el bienestar colectivo y el desarrollo institucional del país», sostuvo.

El diputado aseguró que propugnará por las buenas relaciones entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

Díaz Jiménez se ha destacado como uno de los abogados de renombre de Santo Domingo y el Distrito Nacional, por un sólido y continuado ejercicio profesional de veintidós años que le ha llevado  a mantener contacto prácticamente permanente con miembros de toda la judicatura nacional, incluyendo jueces de Corte de Apelación como de tribunales colegiados y de primera instancia, representantes del ministerio público, empleados administrativos del tren judicial y abogados. 

Dirige el grupo jurídico ADJ Consultants, firma que inició sus operaciones en 1994 y se mantiene en posiciones de liderazgo en la oferta de servicios jurídicos al sector privado y empresarial, representando los intereses jurídicos del Grupo Telemicro, en el ramo de empresas de telecomunicación, y de 809-Import/World Trading Company, suplidores de equipos electrónicos.

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El presidente Luis Abinader someterá al Congreso Nacional el 17 de agosto la propuesta de reforma para modificar la Constitución que contempla en uno de los cuatro puntos fundamentales reducir de 190 a 137 la cantidad de diputados que actualmente prevalece en el Poder Legislativo.

En su participación este lunes en «LA Semanal con la Prensa», el mandatario anunció que su propuesta contempla impedir futuras modificaciones a las reglas constitucionales de elección presidencial, y para ese objetivo someterá una revisión a los artículos 124 y 208 que versan sobre la elección del presidente de la República y la vicepresidencia.

«Para impedir la futura modificación constitucional nuestra propuesta es agregar entre las materias excluidas de eventuales reformas constitucionales, que contempla el artículo 268, es que ninguna modificación a la misma podrá versar sobre la elección presidencial», explicó Abinader hoy. Un proceso de esta naturaleza «tampoco podrá versar sobre el artículo 124.

La nueva regla que sugerirá en la propuesta de modificación para el artículo 278, sobre ejercicios electivos y reformas constitucionales, indica que «ningún funcionario de elección popular podrá beneficiarse de una reforma realizada durante su mandato, cuando éste verse sobre las reglas de postulación, elección y permanencia del cargo que ocupa».

Ante las distintas interpretaciones que analistas y especialistas sobre una eventual modificación constitucional que le permitiría al mandatario repostularse dentro de cuatro años, Abinader anunció que el proyecto de reforma incluye una disposición transitoria «que reitera la imposibilidad del actual Presidente de la República de postularse nuevamente en las elecciones de 2028 o cualquier otra».

Consolidar el Ministerio Público
En cuanto a la aspiración de seguir fortaleciendo el Ministerio Público, cargo que dejará a partir del nuevo período que inicia el 16 de agosto la procuradora general Miriam Germán Brito, el mandatario propondrá un requisito adicional de independencia política, que la designación sea realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura, a propuesta del Presidente de la República, que el mismo tenga un carácter de inamovilidad durante los cuatro años del período gubernamental en curso y que su remoción sea ejecutada solo a través de un juicio político.

El proyecto de reforma que promoverá el Poder Ejecutivo incluye la eliminación del procurador general de la República del Consejo Nacional de la Magistratura.

Reducir cantidad de diputados
Actualmente el país cuenta con un total de 190 diputados, distribuidos 178 a nivel de las circunscripciones, cinco nacionales y 7 del exterior. Luis Abinader aprobó que se incluyera en el proyecto la reducción de 53 diputados, lo que supone que bajaría a 137, es decir, 110 por cinscunscripciones, 20 nacionales y 7 del exterior.

El proyecto de modificación constitucional incluye la unificación de las elecciones que se llevarían a cabo el tercer domingo de mayo. La disposición transitoria para que este cambio sea ejecutado a partir de las elecciones del 2032.

Luis Abinader aclaró que se mantendrían «inalteradas y vigentes todas las disposiciones transitorias que actualmente contiene la Constitución» vigente. Uno de esos transitorios, aprobados en la reforma que impulsó Danilo Medina en el 2015, establece que el presidente de la República en ejercicio no podrá aspirar nunca más a partir de las elecciones siguientes del 2020.

¿Qué sigue a continuación? El presidente anunció que los próximos pasos incluye «continuar con el diálogo para construir los consensos sociales, políticos y académicos correspondientes» y tras lograr ese consenso, el 16 de agosto «someter formalmente al Congreso Nacional el proyecto de ley que declara la necesidad de reforma constitucional.

La Asamblea Nacional Revisora deberá reunirse dentro de los próximos 15 días para conocer y decidir sobre la reforma. «Votada y proclamada la reforma, la Constitución será publicada íntegramente con los textos reformados», concluyó el mandatario.

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