En su impresionante entrevista ante una Comisión de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, el abogado y auditor Ramón G. Feliz Valera planteó la necesidad de hacer una transformación profunda a la Cámara de Cuentas sobre la base de tres pilares fundamentales: tecnología, capital humano y jurídico, para así rescatar la imagen de esta institución ante la ciudadanía.

“Nunca he sido servidor público, pero dadas las circunstancias, de ver tantos inconvenientes en nuestras instituciones, me he motivado, y pienso que puedo aportar al adecentamiento de esta institución que llamamos Cámara de Cuentas. Aportar mi granito de arena en su transformación”, respondió ante la pregunta de los legisladores sobre las razones que lo motivaron a postularse para ser parte de los miembros del pleno de este Órgano Superior del Sistema Nacional de Control y Auditoría. 

A juicio de Feliz Valera, hacer los cambios necesarios, como lo exigen los nuevos tiempos, no es tan difícil. “No es tan difícil. Solo necesitamos deseo o intención, que es lo que llamamos voluntad, y gerencia. Si ponemos en práctica esto podemos lograr los objetivos que perseguimos en la Cámara de Cuentas”, dijo este catedrático universitario de primer orden y miembro de la International Fiscal Asociation (IFA) y de otras organizaciones financieras y fiscales. 

Feliz Valera inició sus altos estudios en la Universidad Dominicana O&M, donde recibió el título de Licenciado en Contabilidad, en el año 1988, obteniendo su exequátur dos años después, que lo acredita como Contador Público Autorizado. Además, es Licenciado en Derecho, Magna Cum Laude, egresado de la Universidad del Caribe (UNICARIBE).  En 1998 realiza un Postgrado-Especialidad en Gerencia de Mercadeo en la Universidad Acción Pro Educación y Cultura (APEC). 

Tiene dos maestrías, una en Contabilidad Tributaria y otra en Ciencias Políticas, ambas realizadas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como diversas certificaciones en el área fiscal. 

Fue formado en una de las Firmas de Auditores más grandes y prestigiosas del mundo y ha acumulado más de 25 años de experiencia profesional en importantes empresas, bancos y hoteles del país, en donde ha ocupado las más altas posiciones del área financiera, como son: Gerente General, Contralor General, Gerente Financiero, Auditor Externo, Auditor Interno y Contador General.

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La Cámara de Cuentas de la República Dominicana certificó que el proceso para la adquisición de los equipos utilizados en el proceso electoral del año 2016, fue realizado correctamente y donde no hubo ninguna anomalías que impida que la Junta Central Electoral cumpla los compromisos pendientes con la empresa española suplidora de los mismos.

En tal sentido, Cámara de Cuentas de la República le recomendó a la Junta Central Electoral cumplir con el cronograma de pagos establecidos con la empresa Indra Sistemas, que suplió equipos técnicos para el registro de votantes y el conteo de los sufragios en las elecciones de 2016.

El pleno de la Cámara de Cuentas aprobó el pasado martes 28 de noviembre el informe final de la investigación especial realizada a la situación financiera entre la empresa Indra y la Junta Central Electoral, en el que se cuantifica la deuda con la empresa en US$13,927,931.

El informe legal aprobado por el pleno de la Cámara señala que los principales funcionarios de la Junta Central Electoral actuaron “dentro de los parámetros constitucionales, legales, reglamentarios y normativos de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos”.

La resolución está firmada por Hugo Francisco Álvarez Pérez, presidente de la Cámara; Félix Álvarez Rivera, miembro; Margarita Melenciano Coporán, miembro y por Carlos Tejada Díaz, secretario del bufete directivo.

“Motivo por el cual se determina el cumplimiento de los principios morales y éticos que regulan el ejercicio de la Función Pública”, dice la resolución AUD-2017-032, fechada el 28 de noviembre del año en curso.

Estos equipos para el conteo de los votos y el registro de concurrentes fueron utilizados en el pasado proceso electoral donde resultó electo el Presidente Danilo Medina y todos los miembros del Congreso Nacional así como autoridades municipales y representantes dominicanos ante el Parlamento Centroamericano.

El 27 de enero de 2017 se conoció la intención del nuevo pleno de la JCE de investigar el contrato con la empresa Indra, que ascendía a US$35,266,003, así como de realizar una experticia a los equipos suministrados por la empresa para las elecciones generales de 2016.

La investigación sobre el contrato le fue pedida a la Cámara de Cuentas y las indagatorias de la situación de los equipos al departamento de Informática de la institución, que presentó su informe en el que aseguraba que los aparatos no podrían ser utilizados para las elecciones de 2020.

En el texto del informe sobre el contrato se incluye un párrafo de una carta respuesta de Diómedes Ogando Lorenzo, director financiero de la JCE, a los auditores de la Cámara de Cuentas en el que señala lo siguiente: “En atención a la solicitud de referencia le informamos que no se ha efectuado el saldo de la deuda con la empresa Indra Sistema por falta de disponibilidad, ya que el proceso eleccionario del año 2016 consumió todos los recursos que fueron asignados para ese y otros fines. Esperamos que el gobierno dominicano suministre los fondos correspondientes para atender dicho compromiso”. La fecha de esa respuesta es 16 de mayo de 2017.

Ya el pleno de la JCE había hecho reparos al informe de auditoría practicado por la Cámara de Cuentas, mediante comunicación del día 25 de octubre del presente año.

En carta enviada a Hugo Francisco Álvarez Pérez, presidente de la Cámara de Cuentas, el Pleno de la JCE estableció varias precisiones sobre “el monto que figura como presuntamente adeudado en el Informe Provisional de la Investigación Especial al Estatus y Situación Financiera entre la Empresa Indra Sistemas, S.A. y la Junta Central Electoral”.

En esa carta se establecía que la situación sería apreciada a fin de proceder por las vías correspondientes para verificar la pertinencia del pago de esos montos, que equivaldrían a RD$667,844,291.45, según la tasa de 47.95 establecida por el Banco Central.

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El bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) presentó  ante la Cámara de Cuentas su declaración de bienes, requerido por la Ley 311-14, a los a todos los  funcionarios públicos.

Alfredo Pacheco, vocero del PRM, dio a conocer el anuncio esta mañana, en rueda de prensa, celebrada en las oficinas de reuniones de los representantes  del PRM en la Cámara de Diputados, donde  afirmó que los legisladores perremeistas tienen el compromiso de actuar en total apego a la ley.

Con esta declaración buscan llamar la atención de los demás diputados y funcionarios públicos a que cumplan con su responsabilidad y se apeguen a la ley 311-14.

Dicha Ley establece en su artículo 2,  sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que  los funcionarios públicos deben  realizar su declaración de bienes luego de los 30 días de tomar posesión en el cargo,

“Los legisladores del PRM, como una muestra de responsabilidad y compromiso con el respeto a s las leyes, cumplieron en el plazo establecido, la presentación de sus Declaraciones Jurada”. Afirmó Pacheco.

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La Cámara de Cuentas informó que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) no pudo entregar los soportes justificativos del gasto de más de 1,200 millones de pesos que recibió y utilizó entre el 2009 y el 2012.

El organismo establece que por esa razón los auditores se abstuvieron de emitir una apreciación debido a que no lograron obtener evidencia suficiente y apropiada para opinar sobre los ingresos y desembolsos realizados por el PRD desde el 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2012.

El informe de auditoría reveló que el PRD tuvo ingresos de más de mil 247 millones de pesos en esos cuatro años y egresos por mil 213, pero que dicho partido no pudo suministrar las documentaciones, soportes físicos y originales, por lo que no se pudo auditar el uso de esas partidas.

En una carta enviada el 14 de agosto del 2014 a la Cámara de Cuentas, el presidente del PRD, Miguel Vargas, informó que esos documentos se perdieron durante el asalto de que fue objeto la Casa Nacional del partido blanco el 27 de enero del 2013.

“Con relación a los comprobantes de ingresos y egresos, los mismos no se han podido suministrar debido a que el 27 de enero del 2013 la Casa Nacional del partido fue asaltada por grupos políticos desaprensivos destruyendo mobiliarios, equipos y documentos de los archivos de las áreas de organización, electoral y de las oficinas administrativas y financieras, donde reposaban los documentos de ingresos y egresos de las operaciones del partido”, establece la comunicación.

Los auditores procedieron a realizar una investigación especial en la que se pudieron evidenciar algunos ingresos y egresos como la inversión de 349 millones de pesos en propaganda y publicidad; 129 millones en mítines, desfiles y otros eventos y 209 millones en gastos administrativos en cuatro años.

La Cámara de Cuentas recomendó al presidente del PRD instaurar un protocolo de resguardo, seguridad y monitoreo para las informaciones financieras, económicas y administrativas de la entidad, tanto a las documentaciones físicas como electrónicas, a fin de evitar en el futuro pérdidas de documentos contentivos del manejo de los recursos públicos.

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La presidenta de la Cámara de Cuentas reveló que la Junta Central Electoral es la primera institución del Estado que le entrega físicamente y la con la presencia de sus más autoridades,   el resultado de las observaciones que en un plan de acción correctiva este órgano le señaló que debían realizar.

Licelot Marte de Barrios dijo que la entrega a esa institución del plan de acción correctivo y anexos del informe de control interno de la auditoría financiera, realizada a la JCE, por el período comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del año 2012, constituye un hito en la historia de la Cámara de Cuentas, por lo que felicitó al doctor Roberto Rosario Márquez por tomar una acción de esa naturaleza.

“Es muy importante recibir en el día de hoy el haber cumplido con el plan de mejoras de la Cámara de Cuentas de la República, que por Ley debe enviar a todo ente auditado después de haber obtenido los hallazgos y observancias a las leyes, y las normativas de la propia Junta Central Electoral, porque además de que ayuda a la transparencia y al buen Gobierno dentro de un país democrático como el nuestro y de derecho fortalece la institución pero también fortalece a la Cámara de Cuentas”, enfatizó la doctora Marte de Barrios.

Destaca que la próxima auditoría que ya está planificada para ejecutarse este año, en la JCE confirmará que   todo lo que dicen estos documentos entregados han sido verdaderamente aplicados por la Junta Central Electoral, al tiempo de mostrar satisfacción por la actitud del Presidente de la JCE, doctor Roberto Rosario Márquez y demás funcionarios del órgano electoral y de la Identidad Nacional.

De su lado, el Presidente de la Junta Central Electoral reiteró el compromiso de administrar a esa institución con los mayores niveles de transparencia y pulcritud, y de trabajar a tono con los modernos sistemas de control disponibles en la actualidad en las sociedades modernas.

Dijo que con esta acción del organismo electoral se somete al imperio de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas y sus reglamentos de aplicación y procede a dar cumplimiento a todas las sugerencias, recomendaciones y observaciones respecto al control interno de la institución contenida en el Informe despachado en la auditoria que fue realizada en el referido periodo.

Estas aplicaciones tendrán un efecto positivo en la administración y ejecución de los procesos que se desarrollan en la Junta Central Electoral y responden al interés de esta institución de garantizar introducir nuevos sistemas y mecanismos de control y transparencia a los ya existentes como forma de adecuar a los requerimientos de los nuevos modelos de administración pública.

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La presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelott Marte de Barrios, informó este martes que ya entregó al Partido Revolucionario Dominicano-PRD- el resultado de una investigación especial que realizó a esa organización sobre el manejo de los recursos que recibe del Estado.

Marte de Barrios también dijo que envió una copia del informe a la Junta Central Electoral.

La Cámara de Cuentas había informado que la realización de una investigación especial a los fondos que recibe el partido blanco es porque le faltaban documentos para realizarle una auditoria.

El PRD ha informado que esos documentos se perdieron durante el asalto del que fue víctima el 27 de enero del 2013.

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La presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte de Barrios, informó que el viernes serán publicados los informes de una investigación especial que se le hizo al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y que están concluyendo con los informes de las auditorías realizadas a los demás partidos políticos.

Explicó que en el caso del PRD “hubo problemas” y no se le pudo hacer una auditoría, sino una investigación especial. “El PRD se le hizo una investigación especial, porque no se le pudo hacer una auditoría completa…no puedo decir lo que hubo aunque lo sepa, porque el ente auditado no lo conoce, porque la ética manda a que yo se lo mande a ellos primero” manifestó al ser entrevistada por los periodistas.

Agregó que están esperando que los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas terminen de firmar el informe final y el viernes la van publicar en la página web de esa institución, luego de que sea enviada al partido.

Dijo que “la investigación fue muy buena, que hay cosas interesantes”, pero que no podría revelar los detalles.

Explicó que la auditoría especial es cuando el auditor no puede satisfacerse plenamente porque no tiene los medios necesarios para poder hacer una experticia adecuada y entonces se hace una investigación especial.

Dijo que hubo colaboración de la organización política, pero que no tenían los elementos necesarios que pudieran darle calidad a la expertisia.

Indicó que ya auditaron los partidos pequeños y que está en proceso de finalizar los informes de los partidos Reformista Social Cristiano y de la Liberación Dominicana.

Marte de Barrios ofreció esas declaraciones al recibir la certificación Nortic A2:2013 de la Oficina Presidencial de Tecnología y Comunicación (Optic).

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La Vega.- Una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas de República Dominicana (CCRD) al Ayuntamiento de La Vega reveló múltiples inobservancias en la aplicación de su ejecución presupuestaria desde el 2010 hasta el 2012.

La auditoría fue realizada del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2012 a la gestión del alcalde Alexis Pérez López, de conformidad con las normas de Auditoría Gubernamental y guías profesionales de la CCRD.

La experticia reveló que dicho cabildo realizó operaciones bancarias sin conciliación por más de 34 millones de pesos, distribuyó de forma inadecuada más de 55 millones de pesos de ingresos, desembolsó más de dos millones de pesos para actividades carnavalescas y patronales sin la documentación justificativa e invirtió más de 20 millones de pesos en procedimientos de compras inadecuadas.

Otras inobservancias en el manejo de los fondos públicos realizados por el Ayuntamiento de la Vega fueron la disposición de desembolsos por más cinco millones de pesos si evidencia de contrato, pago de 1.2 millones de pesos a empleados con lazos de consanguinidad con el alcalde y contrato de alquiler de camiones a entidad jurídica relacionada con funcionarios del ayuntamiento por 1.6 millones de pesos.

El cabildo también dio avances superiores a los establecido por la ley de 6.7 millones de pesos, desembolsos de ayuda a personas sin documentación por 331 mil pesos y desembolsos emitidos a terceros por 2.7 millones de pesos, según el informe de auditoría de la Cámara de Cuentas.

Asimismo, se evidenció la emisión de contratos de servicios suscritos con personal de la entidad por siete millones de pesos, pagos de 9.1 millones de pesos a personal que labora en otras entidades del Estado, retención de más de seis millones de pesos de impuestos sobre la renta dejados de pagar al fisco y de 15 millones de aportes a la seguridad social.

La auditoría también demostró que el Ayuntamiento de la Vega dejó de retener a proveedores 3.1 millones de pesos, en violación a normas de contabilidad gubernamental.

Las inobservancias llevadas a cabo por el Cabildo de la Vega desde el 2010 al 2012 sumaron 179 millones de pesos, razón por la cual su auditoría obtuvo una opinión adversa por parte de los auditores, quienes alegaron que el estado de ejecución presupuestaria del referido ayuntamiento no presenta razonablemente en todos los aspectos importantes los ingresos y desembolsos por los años 2010, 2011 y 2012, de conformidad con las normas de contabilidad aplicables al sector público emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la ley Orgánica de Presupuesto y con el Manual de Clasificadores Presupuestarios para los Ayuntamientos.

La CCRD entregó dicho informe de auditoría a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para que analice los hallazgos.

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana recomendó a las autoridades del Cabildo de la Vega disponer la elaboración de un plan de acción correctivo para adoptar e implementar las medidas necesarias para mantener el control efectivo, tomando en consideración las observaciones y recomendaciones que se incluyen en el informe.

Informó que dicho cabildo tendrá que remitir un informe a la Cámara de Cuentas en un plazo no mayor de 90 días contados a partir de la fecha del informe final sobre el nivel de cumplimiento de estas recomendaciones.

Esta sugerencia es realizada de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de la ley 10-04 de la Cámara de Cuentas y en el artículo 45 del Reglamento 6-04 de aplicación de la misma.

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La Cámara de Cuentas acogió el pedido de la Junta Central Electoral para que nueva vez realice una auditoría en esta institución con el propósito de profundizar la transparencia con que se administran los recursos en los diferentes procesos que dirige el órgano electoral y del Registro Civil del país.

Licelot Marte de Barrios, presidenta de la Cámara de Cuentas, envió una comunicación a Roberto Rosario Márquez, presidente de la JCE en la que expresa que el pleno de esta institución acogió su solicitud de auditarle de nuevo, por lo que la misma será incluida en el Plan de Auditoría 2015 de ese órgano supervisor del Estado.

En la carta, no obstante haberse realizado una auditoría recientemente, destaca que “para satisfacer la curiosidad de algunas instancias del Poder Ejecutivo le agradecería, sin menoscabo de sus atribuciones, que tenga a bien solicitarle a ese poder del Estado, precisar cuáles son los aspectos que dentro de la JCE le generan esa inquietud para trabajarlo en la auditoría que realice esa honorable Cámara de Cuentas”.

Rosario Márquez destaca asimismo que fruto de una sentencia del Tribunal Constitucional, sólo la Cámara de Cuentas tiene facultad para auditar a la Junta Central Electoral, en la cual resalta que “por tanto, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), dependencia del Ministerio de Hacienda, carece de competencia para conocer un recurso jerárquico en contra de sus actuaciones”, refiriéndose a las actuaciones de la JCE.

“Fruto del precitado fallo, y con el fin de aclarar que en ningún momento la Junta Central Electoral ha pretendido evadir su obligación de ser fiscalizada, sino que por el contrario lo que ha pretendido y pretende es que dicho control sea ejercido de acuerdo a la jerarquía constitucional que tiene este órgano, fiscalización que entendemos expuesta y en interés de profundizar la transparencia en nuestros procesos estamos solicitándole de manera formal, que la Junta Central Electoral sea nuevamente incluida en el plan de auditorías de la Cámara de Cuentas para el próximo año 2015, no obstante haber concluido recientemente un experticio”, anota la carta enviada a la doctora Marte de Barrios, el pasado 16 de diciembre, el pasado 16 de diciembre, 1la cual fue acogida por el pleno de esa institución.

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La Cámara de Cuentas de la República Dominicana envió por ante la Procuraduría General de la República la lista con los nombres de los funcionarios que no hicieron su declaración jurada de patrimonio en cumplimiento con la Ley 311-14.

En una carta remitida al procurador Francisco Domínguez Brito, la presidenta del organismo Licelott Marte de Barrios, hace constar que dichos funcionarios designados, ratificados y en algunos casos que han cesados en sus funciones se hacen pasibles a sanciones. De igual modo, fue remitido un documento con los nombres de los funcionarios que sí cumplieron con las disposiciones legales de rendir sus cuentas.

“En la elaboración de dicho listado, se ha tomado en cuenta la información que ha sido presentada por el Poder Ejecutivo, así como las informaciones que han podido captar, ante las instancias respectivas, dicha Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de Funcionarios Públicos”, refiere la misiva fechada el pasado día 9.

Aduce, además, que en caso de haberse omitido algunos nombres de funcionarios, los mismos serían remitidos a la mayor brevedad posible.

El pasado martes, la Cámara de Cuentas fue intimada mediante acto de alguacil, para que en un plazo de 15 días enviara al Ministerio Público los nombres de los funcionarios que no cumplieron con la Ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonios.

La medida fue adoptada por la Fundación Justicia y Transparencia, que argumentó que la Cámara de Cuentas ha actuado con negligencia en el caso.

Informes extraoficiales dan cuenta que unos 48 funcionarios depositaron su declaración de patrimonio, 12 estarían en proceso de hacerlo, y faltarían unos 50 por rendirla. Según la presidenta de la Cámara de Cuenta, unos 110 funcionarios debían acogerse a la nueva Ley 311-14, que plantea que deben de declarar sus bienes 30 días siguientes a su designación, ratificación, así como en caso de destitución.

Acorde a la Ley 311-14 son pasibles de destitución los funcionarios públicos designados, ratificados o cesados que no hayan hecho sus rendiciones de cuenta. Indica que los no declarantes deben ser remitidos a la Procuraduría General de la República.

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