La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), conjuntamente con la Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios (ASODECU), y la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico, sometieron por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), una acción constitucional de amparo preventivo contra la Dirección General de Aduanas (DGA), por la amenaza y posible cobro de impuestos a las compras por Internet, cuyos valores sean inferiores a los 200 dólares.

Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia, condenó la «irracionalidad» e «imprudencia» de la medida anunciada por el Director de Aduanas, la cual está pautada para entrar en vigencia el día 15 del presente mes, desconociendo la autoridad del Poder Ejecutivo y usurpando funciones del Congreso Nacional, y de paso cargando a amplios sectores del país con más y más impuestos.

El amparo depositado se fundamenta en la amenaza e inminencia de diversas violaciones, evidenciadas en las pretensiones del director de adunas cuando  anunciara y reiterara a los medios de comunicación su decisión de gravar con impuestos ilegales todas las compras generada vía el comercio electrónico, independientemente del valor envuelto en la operación.

Las entidades también alegan como sustento de la referida acción la inminente violación de varios instrumentos legales, entre lo que citamos, el Decreto 402-05 de fecha 26 de julio de 2005, la Ley 277-12, la Ley 358-05, sobre derechos del consumidor o usuario, los Arts. 93, numeral 1 letra a) y 53 de la Constitución Dominicana, el primero estableciendo la capacidad y facultad exclusiva del congreso para crear impuestos, y el segundo consagrando la protección de los consumidores o usuarios, como un derecho fundamental.

Asimismo y en igual sentido se expresa el Tratado de Libre Comercio “DR-CAFTA”, que en su capítulo 11.13.1 letra d), crea entre diferentes “Compromisos Específicos”, el que ninguna de las partes, ni de Centroamérica ni de República Dominicana «adoptará o mantendrá ninguna restricción a los servicios de envío urgente que no se encuentre vigente en la fecha de suscripción de este Tratado».

Potentini, emplazó a la Defensoría del Pueblo y a Pro-Consumidor para que jueguen su rol en beneficio del respeto a los derechos de la colectividad, al tiempo de anunciar que demandará a ambas instituciones en intervención voluntaria para que sea parte del referido proceso, y que de cara al país definan acciones y fijen posición.

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