El doctor Bernardo Defilló, primer superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), solía repetir que la Ley de Seguridad Social no se diseñó para generar fortunas, sino para garantizar derechos. «La salud es un compromiso social del país con su gente», decía, convencido de que aquel sistema debía tener una visión solidaria y no mercantilista.
Su advertencia incomodaba a las élites corporativas que, desde los inicios, vieron en la enfermedad del pueblo dominicano una fuente de negocios. Con el tiempo, esos intereses económicos se fueron imponiendo sobre el espíritu original de la ley, transformando la atención en un producto que se compra y se vende, y debilitando la esencia social del sistema.
Hoy, la crisis en el Senasa revela con crudeza el costo de ese desvío. La aseguradora estatal, que debía ser el pilar de un modelo inclusivo, se ve atrapada en denuncias de corrupción, despilfarro y mala gestión. El resultado es un pueblo cada vez más desconfiado de sus instituciones y con una exigencia clara: no quieren pactos extrajudiciales ni salidas negociadas, quieren justicia real.
La Ley 87-01 de Seguridad Social, que fue promulgada hace más de dos décadas, requiere una reforma urgente con visión ciudadana. No se trata de más beneficios para las ARS ni de ampliar privilegios corporativos. Se trata de devolver al sistema su misión original: proteger al trabajador, garantizar atención digna y evitar que la salud siga siendo un lujo.
La indignación popular es legítima. Cada peso malversado en Senasa representa una medicina que no llegó, una consulta que se negó, una cirugía que se pospuso. No es un simple error administrativo: es un crimen social que afecta vidas y profundiza desigualdades.
El Ministerio Público tiene ante sí una gran prueba de credibilidad. En especial su jefa, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, observada por la ciudadanía con expectativa. Su papel no puede ser otro que el de actuar con la severidad y la rectitud de la Diosa Temis, aplicando la justicia sin parcialidad, sin privilegios y sin temores. La sociedad no aceptará que este caso se archive, ni que quede reducido a un espectáculo mediático.
Estamos en un momento definitorio. El caso Senasa debe marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción en el sistema de salud. No podemos seguir aceptando que se juegue con la vida de los dominicanos, ni que la impunidad se convierta en norma.
La salud no es un privilegio reservado a quienes pueden pagar más. Es un derecho fundamental. Y ese derecho debe estar protegido por un sistema fuerte, justo y solidario.
El pueblo ha hablado con claridad: quiere ver a los corruptos en la cárcel y exige una reforma que devuelva al sistema de seguridad social su razón de ser. Porque la salud no se negocia. La salud se garantiza.
Comentarios