Santiago.- Para mejorar la calidad de la democracia dominicana se requiere de la aprobación conjunta de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, de la Ley de Régimen Electoral y de un cambio en la cultura política del país.
Así lo afirmaron el senador Julio César Valentín y la politóloga Olaya Dotel al participar en el Diálogo sobre Políticas Públicas que se desarrolla en la ciudad de Santiago con la organización de la Fundación Solidaridad, el Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) y el Recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y que en esta ocasión abordó el tema “¿Puede una Ley de partidos políticos contribuir a mejorar la calidad de la democracia en República Dominicana?”.
Una democracia de calidad es posible, pero se requiere poner límites al financiamiento de los partidos políticos, a las campañas políticas a destiempo y superar las prácticas asistenciales y clientelares, afirmó el senador Valentín.
Indicó también, que una ley de partidos políticos debe contribuir a mejorar la democracia interna de los partidos, la transparencia y la rendición de cuentas. Favoreció la intervención de la Junta Central Electoral en los procesos internos de los partidos a fin de garantizar la participación política con criterio de equidad.
En opinión del asambleísta, la tardanza en la aprobación de la Ley de Partidos está fundamentada en que los partidos políticos con representación en el congreso han obrado en función de lo que le conviene en cada momento y no en el interés general.
Por su parte la politóloga Olaya Dotel expuso que la pobreza, la cooptación de los órganos responsables de la regular la vida político electoral del país y la impunidad, son elementos que deterioran la democracia y dificultan la aplicación de leyes que vaya en pos del fortalecimiento de ésta.
No obstante, dijo, que la situación que viven los partidos y organizaciones políticas, en este contexto histórico, demanda de una respuesta que contribuya a dar mayor nivel de garantías democráticas a quienes hacen vida partidaria, lo que a su vez debe repercutir en una mayor democratización de la sociedad política dominicana.
La formulación y aprobación de una Ley de Partidos debe proveer respuestas que trasciendan las necesidades coyunturales y los intereses partidarios, manifestando además, que la misma debe contribuir a eliminar los principales males que afectan a dichas organizaciones, entre lo que está la lógica patrimonial que se ha apoderado de la vida partidaria en el país.
Esa lógica patrimonial, expuso Olaya Dotel, ha propiciado que las organizaciones políticas sean manejadas como un bien privado, en la que predomina la voluntad de quienes en encuentran en los puestos de dirección, en detrimento de la institucionalidad de dichas organizaciones partidarias, así como de los derechos políticos de sus miembros y miembras.
Olaya Dotel cuestionó el Proyecto de Ley de Partidos Políticos presentado ante el congreso por el Partido de la Liberación Dominicana, en tanto éste, según dijo, restringe el surgimiento de nuevas formaciones políticas partidarias y no establece límites para la recepción de donaciones prevenientes de personas privadas, lo que profundiza la inequidad entre las organizaciones políticas.
El Diálogo sobre Políticas Públicas es un espacio de discusión permanente sobre temas relevantes de la vida del país que congrega a expertos, académicos y munícipes para en un ambiente armónico y de respeto reflexionar y buscar solución a la problemática planteada.
Las palabras de apertura del evento estuvieron a cargo del Dr. Genaro Rodríguez, Director del Recinto Santiago de la UASD y de Juan Castillo, Director Ejecutivo de la Fundación Solidaridad.
Rodríguez ratificó el compromiso que tiene la más vieja de casa de estudios del continente en seguir promoviendo el debate académico y plural que contribuye al mejoramiento de la democracia dominicana.
En tanto que Castillo manifestó que la Fundación Solidaridad durante 25 años a encauzado iniciativas y alianzas dirigidas a fortalecer la capacidad de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, la gestión municipal participativa, promoción de la transparencia y capacitación en temas de desarrollo local.
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