La Superintendencia de Bancos (SB) lanzó la segunda etapa de su campaña Dinero busca dueño, cuyo objetivo es identificar usuarios con cuentas o certificados en entidades en proceso de liquidación para devolverles sus recursos. Esta vez la institución procura identificar 6,000 ahorrantes que tienen depósitos por unos RD$400 millones en 10 instituciones financieras.
En esta ocasión, la SB convoca a los depositantes de Financiera Finajure, S. A, Banco Hipotecario Miramar, S.A., Banco Regional Dominicano, S.A., Banco Corporativo Internacional, S.A, Préstamos y Financiamientos del Norte, S.A., Banco de Desarrollo y Capital, S.A. (DEFISA), Banco Inmobiliario Dominicano, S.A., Banco Continental de Desarrollo, S.A., Financiera Centro Créditos, S.A., y el Banco de los Trabajadores Dominicanos, S.A.
Como parte de los esfuerzos para localizar a los depositantes de las entidades financieras incluidas en el programa, el ente supervisor activó una herramienta de consulta en la página web de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario).
Las personas que consideren que pertenecen a este grupo de ahorristas pueden acceder a www.prousuario.gob.do y validar su información. En los casos en que el titular de la cuenta haya fallecido, los familiares más próximos podrán solicitar a la SB la devolución de los recursos, presentando la documentación pertinente en el proceso de validación.
En su primera fase, la SB entregó RD$26 millones a 128 ahorristas de 24 entidades que habían cesado sus operaciones y que se encontraban en proceso de liquidación o disolución.
La Superintendencia de Bancos (SB) es la institución del Estado encargada de supervisar las entidades de intermediación financiera, con el objeto de verificar que cumplan con lo dispuesto en la Ley No. 183–02, Monetaria y Financiera.
En su rol de proteger al usuario de los servicios financieros, la Superintendencia de Bancos vela por que a los depositantes de entidades que cesan operaciones y entran en proceso de liquidación, les sean devueltos sus recursos según el orden de prioridad de pagos establecidos por la ley. Esto es posible a través de la venta de los activos que poseían estas entidades.
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