El expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, consideró que a los dirigentes de los partidos políticos del país no tienen ningún interés en aprobar la Ley de Partidos Políticos ni del régimen electoral porque tendrían que someterse al escrutinio de las bases de sus respectivas organizaciones y ser reemplazados por un nuevo liderazgo.
Rosario Márquez destaca que los principales dirigentes de los partidos saben muy bien que una ley en ese sentido los obligaría a celebrar elecciones internas para escoger a sus dirigentes, las cuales serian organizadas por la Junta Central Electoral, corriendo el riesgo de ser desplazados y perder de esa manera el control de sus organizaciones así como del manejo de los recursos económicos que reciben de parte del Estado dominicano.
La nueva legislación regularía todos los procesos internos para escoger a los diferentes candidatos a cargos electivos presidenciales, congresuales, municipales y de representantes a organismos regionales como el Parlamento, Parlacen, lo cual no es de mucho agrado para las cúpulas dirigenciales de las organizaciones políticas.
Al participar en el programa «El Sol de la Mañana», el expresidente de la Junta Central Electoral comentó que no está muy optimista respecto a la posibilidad de que se apruebe la Ley de Partidos Políticos y de paso la del régimen electoral porque está convencido de que a los principales dirigentes de esas formaciones partidistas no les interesa para nada por los señalamientos que ha hecho en ese sentido.
Recordó que la Constitución de la República, en su Artículo 216, establece que los partidos políticos deben garantizar la democracia interna y que con cierta periodicidad tienen que someterse al escrutinio interno. «Es decir que esas elecciones o primarias internas son obligatorias constitucionalmente para los partidos políticos», recalcó el expresidente de la Asociación Mundial de Órganos Electorales, AWED, por sus siglas en inglés.
De otra parte, el doctor Roberto Rosario Márquez consideró que la admisión del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, en el sentido de que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, cometió un error al colocar al país en una lista de países que supuestamente violan los derechos humanos, es un reconocimiento a las correctas políticas aplicadas por la Junta Central Electoral en materia del Registro Civil.
Dijo que el doctor Luis Almagro reconoce de esa manera que la decisión de la CIDH se tomó con informaciones desactualizadas, y por esa falta dispuso la convocatoria a ese organismo de la OEA para que proceda a revisar su decisión contra la República Dominicana.
Puntualizó Rosario Márquez que la reacción del Secretario General de la OEA confirma que la CIDH esta prejuiciada contra la República Dominicana y que responde a intereses corporativos, a Organizaciones No Gubernamentales,ONGs, y otros Poderes extranjeros que conspiran contra ejercicio del derecho de soberanía que tiene nuestro país.
Pero en adición a ese reconocimiento, sigue diciendo el doctor Roberto Rosario Márquez, Almagro admite también la buena labor que realizó la JCE en solución de los problemas del Registro Civil y en el cumplimiento de las responsabilidades que puso sobre los hombros del órgano electoral y del Registro Civil la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, y la Ley 169, del Congreso Nacional, que ordenaban regular la presencia de extranjeros o hijos de estos que residían de manera irregular en la República Dominicana.
El ex presidente de la Junta Central Electoral fue preguntado también respecto a versiones de que estaría siendo considerado para ocupar una importante posición en una de las altas cortes. Al respecto afirmó que no le interesa ocupar en este momento ningún cargo en las altas cortes, ni diplomático ni consular, ni dentro del país o en el exterior, por lo que rechazó esas versiones.
Dijo que no descarta activarse en las actividades políticas, y que en este momento está inmerso en un proceso de reflexión sobre los pasos que deberá dar próximamente en materia política partidista.
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