Concluyó hoy el Primer Foro Interinstitucional para la Reforma Policial, organizado por el mayor general Manuel Castro Castillo, jefe de la Policía, donde los expositores coincidieron en reconocer la apertura y disposición de diálogo con la sociedad de la actual Jefatura de la Policía Nacional.
De igual forma, los disertantes se mostraron de acuerdo en que las actuales autoridades policiales tienen disposición y voluntad de conducir los procesos de la reforma institucional, “lo que se expresa en los avances registrados en diversas áreas de la gestión de la institución producidos en este período y que han preparado las condiciones para las necesarias reformas del porvenir”.
Coinciden, además, en que para alcanzar metas trazadas es esencial que el Poder Ejecutivo disponga de las medidas necesarias para que la dotación de los recursos presupuestarios y las directrices de política pública sean incrementados y fluyan de manera adecuada, así como que asuma el liderazgo de impulsar las transformaciones y las defienda frente cualquier resistencia en el campo político.
El evento, que inició el pasado martes y concluyó la mañana de hoy, buscaba identificar los puntos que deben ser modificados para fortalecer la Policía Nacional y el mejoramiento de la seguridad ciudadana en el país. La iniciativa cuenta con los auspicios de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID).
A continuación presentamos las conclusiones del Foro Interinstitucional para la Reforma Policial, las cuales fueron leídas por Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo (FINJUS).
El Primer Foro Interinstitucional para la Reforma Policial, celebrado del 7 al 9 de julio de 2015, reunió a importantes sectores sociales e instituciones locales e internacionales, animados por contribuir al fortalecimiento de la Policía Nacional y al mejoramiento de la seguridad ciudadana en el país. El evento, que contó con el auspicio de La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de los Estados Unidos para la el Desarrollo Internacional (USAID), se desarrolló en un marco de pluralidad y libre expresión de criterios y opiniones acerca de las prioridades y condiciones más idóneas para avanzar en la reforma policial, atendiendo a la cordial invitación de la Jefatura de la Institución.
El Foro se constituyó en un escenario donde, desde diferentes enfoques y perspectivas, comunicadores sociales, académicos, organizaciones de la sociedad civil, expertos en seguridad ciudadana y reforma policial, identificaron un abanico de preocupaciones, propuestas y sugerencias que coincidieron en los aspectos medulares, cuya síntesis será entregada tanto a los órganos legislativos, como a los hacedores de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, de forma que sirvan para enriquecer la iniciativa de la Ley Orgánica de la Policía Nacional que ha estado conociendo el Congreso Nacional, así como para que el Poder Ejecutivo tome nota de la necesidad de asegurar los recursos presupuestarios que requiere la implementación de una reforma policial integral como la que espera la sociedad dominicana.
Un punto común del Foro es que existe una amplia coincidencia en que la reforma policial constituye una necesidad de cara a las transformaciones en la vida democrática que ha vivido el país. Se reconoció que la Policía Nacional surgió en un régimen de fuerza que la configuró como una institución represiva, jerarquizada y militarizada, marcando su imagen institucional y alimentando la desconfianza de la sociedad.
Pese a los avances institucionales registrados en el Estado dominicano, la Policía Nacional ha permanecido estancada por décadas, lo que ha impedido la reforma integral que adecue su estructura y dinámica de trabajo a las exigencias del Estado social y democrático de derecho proclamado por la Constitución.
El Foro reconoció que la institución policial cuenta con grandes potencialidades y capacidades en todos los órdenes, los que lamentablemente no podrán tener un impacto positivo y de largo alcance si no se realizan los cambios normativos, organizacionales y de los modelos de gestión, así como el diseño de las políticas públicas que son necesarias para redoblar su eficiencia y efectividad en la prevención y persecución del delito, generar una mayor y mejor confianza en la ciudadanía y responder a las necesidades presentes y futuras de una sociedad cada más exigente y global.
Entre los grandes ejes de la reforma policial que fueron identificados en el Foro se encuentran, en primer lugar, la adopción de una nueva Ley Orgánica, aspecto que es prioritario e inaplazable, pero insuficiente por sí solo, para el logro de una reforma policial integral. El reto mayor es implementar adecuadamente las aspiraciones contenidas en la ley. Ello requiere voluntad política y recursos económicos que respalden lo planteado en la norma.
En segundo lugar, la reforma de la Policía debe visualizarse en el marco general de un conjunto de políticas de seguridad ciudadana que, a su vez, debe ser coherentes con la Estrategia Nacional de Desarrollo que contiene las exigencias del Estado social y democrático de derecho. En tercer lugar, la implementación efectiva de la reforma requerirá que la Policía desaprenda viejas prácticas, es decir, emprender una transformación cultural, en diferentes órdenes, desde la revisión de la doctrina policial hasta la puesta en funcionamiento de nuevos protocolos para la acción policial acordes con la misión moderna que le asigna el artículo 255 de la Constitución.
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