Estamos en época de solidaridad y comprensión. En nuestro país tenemos una deuda social acumulada por décadas y que se refleja en la amplia brecha social que existe. Los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres.
Es evidente que cada gobierno en turno, en lo que consigue implementar sus planes para reducir esta brecha, procede con crear planes de subsidios sociales para apalear la tan mal llamada desigualdad. Tradicionalmente este recurso político va más allá de un discurso ya que todos los dominicanos nos hemos dado cuenta de que es una herramienta clientelista muy efectiva.
Pero, nos preguntamos: ¿Estos subsidios sociales realmente les llega a los más necesitados? ¿Cuáles son los criterios que usan para identificarlos? ¿Existe un sistema para verificar sus resultados y transparencia? Evidentemente que, debido a los acontecimientos de los últimos años, las respuestas a estas inquietudes lo que generan son más preguntas. Por tanto, es nuestra propuesta tramitar las ayudas sociales del gobierno central a través de los ayuntamientos.
Si bien es cierto que esto puede generar múltiples beneficios como desafíos, todo va a depender de cómo se estructuren los procesos y la colaboración entre ambos niveles de gobierno.
Entre los beneficios, se destaca la posibilidad de una distribución más equitativa y efectiva de los recursos, ya que los ayuntamientos tienen un conocimiento cercano de las necesidades de sus comunidades. Este nivel de proximidad permite identificar con mayor precisión a las personas y sectores más vulnerables, asegurando que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan. Además, trabajar de manera conjunta fortalece la descentralización, empoderando a los gobiernos locales y fomentando la confianza entre la ciudadanía y sus representantes tanto de gobierno central como municipales.
Las ayudas gestionadas por los ayuntamientos también pueden tener un impacto positivo en el fortalecimiento de las redes comunitarias, ya que permiten la creación de mecanismos de participación ciudadana en la planificación y ejecución de los programas sociales. Esto puede incentivar la transparencia y la rendición de cuentas, así como generar un sentido de pertenencia y colaboración en la comunidad.
Sin embargo, también surgen desafíos importantes. Uno de ellos es la limitada capacidad técnica y financiera de algunos ayuntamientos, especialmente en localidades más pequeñas o con menor desarrollo institucional. Esto puede dificultar la adecuada gestión y monitoreo de las ayudas, aumentando el riesgo de ineficiencia o corrupción cosa que es salvable cuando es a menor escala.
Además, si bien es cierto que la asignación de recursos puede politizarse utilizándose como herramienta para obtener beneficios partidistas, no es menos cierto que, debido a la composición multipartidista de la municipalidad, esto es mucho más fácil de identificar mediante un escrutinio público más focalizado y mucho menos generalizado. Es decir, cualquier daño que surja es menor y no corrompe el sistema completo, logrando con esto generar más confianza entre los ciudadanos.
Otro reto significativo es la coordinación efectiva entre el gobierno central y los ayuntamientos. Es fundamental que existan lineamientos claros, capacitación técnica y suficiente comunicación para evitar duplicidades, malentendidos o retrasos en la distribución de las ayudas. Asimismo, es crucial establecer mecanismos de control y evaluación para garantizar que los recursos sean utilizados de manera adecuada y que el impacto sea medido de forma objetiva.
En todo caso, podría crearse un sistema de gestión mixto o de responsabilidad compartida en donde cada nivel de gobierno tenga bien definido sus roles.
Somos del criterio, que debido a los traspiés y desórdenes que de forma reiterada se vive en el manejo de los subsidios sociales otorgado por el gobierno central, estas deberían tramitarse a través de los ayuntamientos ya que esto ofrece un enorme potencial para mejorar la calidad de vida de los más vulnerables en lo que llega el tan anhelado desarrollo social.
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