Inicio este artículo de opinión con una pregunta: ¿de qué sirve conocer el remedio para curar una enfermedad si no lo utilizamos?
Esta reflexión surge al observar la grave situación de los semáforos dañados en el Distrito Nacional, y cómo todo el país parece estar al tanto de la empresa licitante responsable de estos daños, pero, sorprendentemente, nadie toma acción. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un problema tan evidente y denunciado continúe sin resolverse?
Estamos ante un proceso irregular que ha sido reconocido por todos los sectores. Se admite que hay irregularidades en la contratación de la empresa TransCore Latam, e incluso se ha hablado de sabotaje. Sin embargo, las autoridades permanecen inmóviles, dejando que este escándalo siga su curso sin ningún tipo de intervención.
Hemos escuchado voces aisladas que reclaman acción. Doña Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, ha cuestionado públicamente la vigencia del contrato con TransCore, sugiriendo que ya debería haberse tomado una decisión firme al respecto. Finjus (Fundación Institucionalidad y Justicia) también se ha pronunciado, señalando que este caso amerita una investigación profunda y seria.
Por su parte, desde la oposición, Gustavo Sánchez, vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, ha solicitado a la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, que investigue al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) por su responsabilidad en la falla que dejó los semáforos del Distrito Nacional inoperantes durante tres días.
Ante este panorama, las preguntas son inevitables: ¿Quién dará el paso para que se inicie la investigación? ¿Quién asumirá la responsabilidad de este desastre? ¿Quién se encargará de transparentar el proceso de licitación con la empresa involucrada?
Este tema no puede quedar en el aire. Si no se actúa, se corre el riesgo de que, como ya ha sucedido en otros casos, se esté protegiendo a alguien que no se quiere tocar, perpetuando la impunidad en una situación que afecta a todos los ciudadanos.
Desde esta columna, apostamos por una solución inmediata: que se reparen los semáforos, que se esclarezcan los hechos y, lo más importante, que haya un régimen de consecuencias para quienes resulten responsables de esta situación. Solo así podremos restaurar la confianza en nuestras instituciones y evitar que casos como este sigan ocurriendo.
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