El presidente y el secretario general del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), coinciden en que la deuda pública del país constituye la principal traba para el bienestar social de la mayoría de las familias y reducir los altos niveles de inseguridad ciudadana.
Rafael Gamundi Cordero y Luis Miguel De Camps argumentaron que el Gobierno invierte casi el 60 por ciento de sus ingresos en el pago los intereses de la deuda, calculada en US$33 mil millones en octubre del 2016, un 47.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Recordó que entre el 2016 y el 2017 por cada 100 pesos que aumentó el gasto público 56 se fueron al pago de intereses de la deuda, hecho que provoca un, incrementa los niveles de pobreza e iniquidad social en que se desenvuelve la sociedad dominicana.
“El Gobierno del presidente Danilo Medina está pagando la deuda, pero a costa de bajar cada vez más la calidad de vida de los dominicanos más pobres y de la clase media”, indicaron.
“Esos recursos deben estar destinados al aumento del empleo, a mejorar los servicios de agua potable, de salud, el sistema de seguridad social y de las oportunidades para que la juventud adquiera una preparación de alto nivel, indispensable para el desarrollo del país”, agregaron.
Indicaron que mientras el nivel de desempleo supera el 20 por ciento, cada vez es mayor el número de ciudadanos sin acceso a la vivienda, al transporte de calidad y a un ambiente sano y seguro.
Manifestaron que no es posible mejorar la seguridad ciudadana en un país donde la juventud no vislumbre un panorama claro sobre su futuro.
Insistieron en que los altos niveles de pobreza y desempleo generan en la población generan violencia a todos los niveles, asaltos y ponen al país al borde de una explosión social.
No obstante, ambos dirigentes políticos opinaron que la solución al problema no es que el Gobierno siga los consejos del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que el Gobierno de Medina apriete los bolsillos de los ciudadanos con un fuerte reajuste fiscal.
Consideraron que lo recomendable es que las autoridades detengan el “desenfrenado” gasto público en renglones que no son prioritarios para el bienestar general.
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