La vicepresidencia de la República y el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor) presentaron una edición especial ilustrada y de fácil entendimiento de la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario (358-05), como forma de que la sociedad, y en especial la población pobre, conozca y demande el cumplimiento de sus derechos.
Se trata de un libro comentado de la ley 358-05 con dibujos y láminas a colores, con conversaciones entre consumidores y comerciantes donde se explican los derechos de los ciudadanos.
El acto de lanzamiento de la normativa fue encabezado por la vicepresidenta, Margarita Cedeño de Fernández; y la directora ejecutiva de Pro Consumidor, Altagracia Paulino.
La vicepresidenta, a través del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales que dirige, en alianza con Pro Consumidor como ente regulador de los derechos de los consumidores, busca que las poblaciones vulnerables se empoderen mediante la información y el conocimiento de sus derechos frente a las obligaciones que tienen los proveedores de servicios.
Cedeño de Fernández informó que la Vicepresidencia se ha propuesto que todo el mundo conozca la ley, por lo que se ha aliado con Pro Consumidor para elaborar una guía ilustrada que sirva a las personas beneficiarias de los programas sociales, para que puedan comprender con más facilidad sus derechos.
Aseguró que la nueva versión del texto legal permitirá que en cada colmado del país se conozcan los postulados de la legislación y que sean los comerciantes los que más defiendan la pieza legal.
“Nos abrazamos a esta ley como garantía de que todas nuestras familias vulnerables podrán hacer uso de sus derechos como consumidores responsables e informados. De ese consumo inclusivo y honesto depende en gran medida el desarrollo económico sostenible de nuestra República Dominicana”, sostuvo.
Resaltó la encomiable dedicación de la directora de Pro Consumidor, quién ha demostrado ser una ferviente defensora de la prerrogativa de cada ciudadano dominicano de hacer valer sus derechos por un comercio justo.
“El país que queremos es posible. Pero para lograrlo se requiere de voluntad política y protección jurídica sobre todas las cosas, así como la garantía de los derechos de los consumidores. Este tipo de acciones es lo que nos ayuda a desarticular un Estado y un mercado basado en el poder, convirtiéndolo en Estado basado en derechos”, manifestó.
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