La Procuraduría General de la República solicitó medida de coerción en contra de dos fiscales adjuntos de la provincia Santo Domingo, y de varios agentes de la Policía Nacional, acusados de la sustracción de más de mil kilos de cocaína de la Dirección Central Antinarcóticos (Dican) de la institución del orden.
La solicitud fue presentada por ante el presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Manuel del Socorro Pérez García, en contra de los fiscales y otros agentes cuyos nombres no fueron revelados.
La Secretaría del tribunal no informó si la solicitud de medida de coerción consiste en prisión preventiva, garantía económica, impedimento de salida o presentación periódica.
Se informó que en el transcurso de hoy, viernes, el presidente del tribunal apodere del caso a uno de los magistrados de alzada para que haga las funciones de juez de instrucción.
Al principio, la solicitud de medida de coerción y asignación de juez fue depositada por ante el juzgado de Atención Permanente de la Provincia Santo Domingo, pero luego fue retirada y apoderada a la presidencia de la Corte, en vista de que los fiscales adjuntos involucrados en el hecho tienen jurisdicción privilegiada.
En torno al hecho fueron interrogados por la comisión investigadora los fiscales adjuntos Máximo Díaz y Leonidas Suárez, quienes participaron en el allanamiento del pasado 27 de septiembre en una residencia del ensanche Isabelita, en el municipio Santo Domingo Este.
Por el hecho también fueron interrogados por la comisión que integran los procuradores adjuntos Bolívar Sánchez Veloz e Iván Lorenzo, el sargento mayor, Antolín de los Santos, Agapito Mena Almánzar, Pedro José Almánzar, el raso Rainier García, entre otros.
El propio procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, calificó de “delicado y muy serio”, el caso de la Dican. Durante el curso de la investigación salió a relucir que los oficiales de la Dican y los dos fiscales adjuntos recibieron más de 107 millones de pesos y que la droga había sido devuelta a sus propietarios.
El caso ha concitado la atención de la opinión pública, al ocurrir en tiempos cuando el gobierno desarrolla una reforma estructural en la Policía.
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