La Procuraduría General de la República dará a conocer hoy las conclusiones preliminares de la investigación en torno a la sustracción y venta de más de 1,200 kilos de cocaína incautados durante operativos en Santo Domingo Este, un hecho en el que están involucrados oficiales de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía (Dican) y dos fiscales de esa jurisdicción.
Todavía anoche los investigadores de la Procuraduría continuaban los interrogatorios de civiles y oficiales de la agencia antinarcóticos que las autoridades sospechan tienen fuertes vínculos con ese caso que ha puesto en jaque al organismo encargado de perseguir el negocio del microtráfico.
El procurador Francisco Domínguez Brito dijo que hoy se tomarán decisiones que incluyen el arresto de la mayoría de los involucrados en el robo y posterior venta de la droga incautada, así como la solicitud de medidas de coerción.
Expresó que las pesquisas están bien avanzadas, pero que aún faltan algunas personas por interrogar para completar el voluminoso expediente, que esperan someterlo a un juez en el transcurso del día de hoy.
Todas las personas que han sido llamadas por la comisión investigadora ya se han presentado para interrogatorios, a excepción de uno que no compareció a la cita de ayer y que la Procuraduría espera que atienda al llamado de la justicia.
El Departamento de Inspectoría de la Procuraduría solicitó la semana pasada al Consejo Superior del ministerio público la suspensión de los fiscales de la provincia Santo Domingo, Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro, involucrados en el caso.
En el escándalo sobre el robo de la droga están también involucrados, oficiales, alistados y subalternos de la Policía Nacional, contra quienes se solicitó medida de coerción.
Los fiscales presuntamente participaron en el allanamiento del pasado 27 de septiembre en una residencia del ensanche Isabelita de Santo Domingo Este.
En un allanamiento Ayer, miembros de la comisión que investiga el caso de la sustracción de más de mil kilos de cocaína de la DICAN allanaron una compañía en la avenida Kennedy, en busca de una caja de seguridad perteneciente a un fiscal adjunto investigado en el caso.
Allí fue ocupada una caja de seguridad a un fiscal adjunto de la provincia Santo Domingo.
Al lugar se presentaron a las 9:00 de la mañana los procuradores adjuntos Bolívar Sánchez Veloz, director de la unidad de Inspectoría del ministerio público, y Germán Miranda Villalona, de la Unidad Antilavado de Activos, así como el general Orlando Martín Pichardo Reynoso, director Asuntos Internos de la Policía Nacional.
A la salida, el magistrado Sánchez Veloz dijo que en el proceso de investigación del robo de drogas en la DICAN pudieron determinar que uno de los fiscales actuantes tenía una caja de seguridad y buscaron la orden de un juez para que la empresa permitiera acceso a la caja.
“Tenemos unos hallazgos ahí pero no podemos dar detalles; en estos momentos se están inventariando, se están haciendo pruebas de posibles trazas de droga en una de las cajas”, refirió Sánchez Veloz, al retirarse del lugar.
Sin embargo, aclaró que no está diciendo que había droga, sino que se está investigando y que las evidencias encontradas en el lugar podrían ser comprometedoras.
Señaló que los dueños de la caja de seguridad tienen explicaciones que dar con relación a su contenido.
Preguntado si sólo son 21 los implicados en el escándalo de la DICAN, Sánchez Veloz respondió que se trata de un caso complejo porque tiene una complicidad de actores y que hay cuatro investigaciones, porque hubo desaparición, comercialización y varios “tumbes” de drogas.
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