La “Regla de oro” de la democracia es el respeto a las mayorías constituidas en un objetivo determinado. En los ayuntamientos, como gobiernos locales, que tienen estructuras parecidas a los poderes del Estado, en las cuales, las salas capitulares hacen las veces de Poder Legislativo y, el alcalde es el Ejecutivo, sus bufetes directivos, deben ser elegidos por las mayorías de los regidores coincidentes, con transparencia y ética, en procura de fortalecer la división de los poderes y el ejercicio eficaz de sus funciones como representantes del pueblo para ser contrapeso del ejecutivo.
Esa es la posición del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de cara a la juramentación el próximo 16 de este mes de las nuevas autoridades municipales a nivel nacional. El PRM entiende que el contrapeso en el ejercicio gubernamental y local, en la ejecución presupuestaria con transparencia, logra una mayor eficiencia administrativa del ejecutivo.
El PRM ratificó este lunes que ha instruido a sus funcionarios municipales para que la llamada “regla de oro” que impere en la elección de los bufetes directivos de los ayuntamientos sea la expresión de la mayoría de regidores y restablecer así la calidad fiscalizadora de las Salas Capitulares como contrapeso de los gobiernos locales.
El partido también aclara a su militancia y a la opinión pública nacional, que en su comunicación de fecha 2 de agosto 2016 , dirigida al secretario general de la Liga Municipal Dominicana Jhonny Jones, a dirección del Partido de la Liberación Dominicana, y a otros partidos con representación municipal, se limitó a cumplir con acto protocolar que tradicionalmente desde el año 2002, cuando se inicia la conformación de organizaciones sin fines de lucro (ONG), como son Fedomu, Asodore, Fedodin, Unimundo, donde se agrupan los diferentes sectores de la municipalidad realizan los partidos que obtienen la segunda mayoría municipal.
En dicha comunicación copia de la cual estamos entregando a los medios de comunicación «nunca nos referiremos a la obtención de posiciones en instancias del Estado Dominicano».
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