La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) propuso un mecanismo de autogestión financiera y presupuestal para dotar al Poder Judicial y Ministerio Público de más recursos, y con ello de una mayor independencia en sus decisiones y operatividad.
De acuerdo con la FJT, el mecanismo a implementar guardaría mucha similitud con el actual modelo de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Internos, cuyas dependencias gubernamentales, tienen especializado por sus respectivas leyes, un 4 por ciento de sus recaudaciones, para el caso de adunas y un 2 por ciento también de sus recaudaciones, para la Dirección General de Impuestos Internos.
En suma, estaríamos hablando de conformidad con las declaraciones de sus incumbentes de aduanas e impuestos internos, de recaudaciones por más de 115 mil millones y casi 400 mil millones respectivamente, más de 4 mil millones para adunas y cerca de ocho mil millones para impuestos internos, todo esto durante el año 2017, sin mediar, ni depender del esquema ordinario de asignación de recursos por ley, como ocurre con las demás instituciones sujetas a las posibilidades y prioridades del ejecutivo.
Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia explico que no se trata de una reforma fiscal o cargar al pueblo de más impuestos, más bien el mecanismo planteado busca redistribuir los recursos gestionados por el Poder Judicial; tales como los impuestos producto de la jurisdicción inmobiliaria, (Transferencia de propiedades e inscripción hipotecaria, entre otros, en fin se trata de una dependencia del Poder Judicial que bien serviría como parámetro para establecer los pro cientos necesarios para garantizar la operatividad de la justicia.
Para el especialista hoy se hace indispensable una reingeniería, tanto presupuestaria como administrativa que impacte al Poder Judicial y al Ministerio Público, modificando incluso la constitución para darle, en el caso particular del ministerio público, una verdadera y real independencia, alejado del control político y con ello revistiéndolo de mayor legitimidad en su accionar.
La entidad de sociedad civil manifestó su temor de que estos importantes estamentos de administración de justicia y persecución de la delincuencia y el crimen organizado, caigan en una eventual quiebra por la falta de recursos y la imposibilidad material de cumplir con las exigencias legales y reivindicativas del sistema judicial.
Potentini observó que la justicia, es el poder del estado con mayores retos legales e institucionales, todo ello de cara a las exigencias constitucionales y a la ambiciosa reforma judicial en curso, con la constitución y el cambio de los códigos, además de la obligación de crear y modificar varias leyes.
El abogado explicó que es al Poder Judicial a quien le corresponde establecer los nuevos tribunales contenciosos administrativos de primera instancia, lo mismo ocurre en la jurisdicción penal con la necesidad de suplir conforme la desbordante carga procesal, la creación de más tribunales colegiados de primera instancia, entre otros tantos apremios y responsabilidades de carácter administrativo.
La FJT lamentó que año tras año tanto el ministerio público como la justicia vayan en picada y con una maltrecha credibilidad, lo cual sin dudas seguirá en ascenso, afectando incluso la seguridad jurídica y consecuentemente alejando la inversión extranjera, todo ello porque hasta el momento, tenemos las instituciones que pagamos, sin recursos no podrán avanzar, ni hacer un trabajo digno.
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