La decisión del Presidente Luis Abinader de juramentar a cinco empresarios prominentes como miembros de la Comisión Administrativa para la Reforma Policial ha generado un debate significativo en la sociedad. La inclusión de figuras como Celso Juan Marranzini, Pedro Brache, Elena Villeya de Paliza, Marisol Bello y Ramón Ortega no solo refleja una estrategia innovadora, sino también una necesidad urgente de transformar una institución que ha enfrentado múltiples cuestionamientos sobre su efectividad y transparencia.
La elección de estos empresarios, fundamentada en sus «competencias profesionales y experiencias morales», sugiere un intento de dotar a la reforma policial de un enfoque técnico y ético que ha sido escaso en gestiones anteriores.
A menudo, las reformas en las instituciones de seguridad han sido percibidas como meras soluciones paliativas ante problemas estructurales profundos.
La inclusión de estas personalidades del sector privado podría significar la integración de prácticas de gestión modernas y una visión orientada a resultados.
Sin embargo, este movimiento no está exento de críticas. Muchos sectores cuestionan la capacidad de estos empresarios para entender las realidades del trabajo policial y las complejidades de la seguridad ciudadana.
Es importante tomar en cuenta que una reforma policial exitosa requerirá un enfoque inclusivo, que considere no solo la eficiencia, sino también la justicia, la equidad y la confianza de la comunidad en la institución policial. La decisión del presidente también podría interpretarse como un intento de acercar al sector privado a la gestión pública, un paso que, si se maneja con cuidado, podría fortalecer la colaboración entre ambos sectores.
Está claro que la sinergia entre ambos sectores podría resultar en iniciativas innovadoras para mejorar la seguridad y la atención a la comunidad. La clave estará en cómo estos empresarios logren traducir su experiencia en resultados tangibles, promoviendo una policía más cercana a la ciudadanía y, sobre todo, más efectiva en su labor de proteger y servir. Así, la juramentación de estos cinco empresarios es un acto que, más allá de su simbolismo, podría marcar un hito en la búsqueda de una reforma policial integral, auténtica y duradera.
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