Como responsables de garantizar el mantenimiento del orden público, la policía nacional se constituye, en la entidad depositaria del mayor interés, de que las relaciones entre las demás entidades, esté normada por pactos cuyo cumplimiento sea ineludible por parte de los contrayentes. Salvo la ocurrencia de algún cataclismo o evento, que altere el normal funcionamiento de la vida institucional.
Los pactos o acuerdos entre las comunidades y las entidades de servicios, eliminan la posibilidad de que un capricho, una salida ligera o una decisión, poco sopesada, nos conduzca a enfrentamientos en que ponemos en riesgo las vidas de civiles y militares, enfrentamientos que resultan sin sentido, cuando llegamos a pensarlos.
Así como la Constitución de la República tiene la capacidad de normar el todo, por largos periodos, los pactos comunitarios tienen la capacidad de normar las pequeñas cosas por periodos breves. Se trata de una herramienta para el manejo del día a día, sin traumas ni hechos que lamentar.
Para la Policía Nacional no es lo mismo supervisar o evaluar un pacto entre las comunidades y las entidades de servicios, que reprimir con violencia una movilización en que la comunidad reclama algo, que cree merecer. Tenga o no razón, hasta el momento el trabajo policial es utilizar la fuerza para sofocar la movilizaciones y restablecer el orden.
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Distinto sería, si pudiésemos adelantarnos, a esos eventos, mediante un análisis de los factores de riesgos, que podrían incidir de manera negativa en la conducta colectiva de una comunidad. Así, contactaríamos a los posibles involucrados y les incitaríamos a pactar, en cuanto a la solución al problema observado para con esto prevenir el desorden.
Es una salida sabia que protege la imagen de la Policía ante la comunidad, porque elimina o reduce al mínimo el uso de la fuerza para sofocar reclamos. Esto a conciencia de que una vez explota una protesta, la Policía recibe una orden a la que no puede poner objeción ni razonamientos. Ya así, su papel es obedecer, es reprimir.
El pacto, además mejora, de manera significativa, la aceptación de la Policía por la comunidad, porque inspira confianza, reduce al mínimo la posibilidad de que un funcionario haga una promesa al aire, a la comunidad, para salir del paso o para granjearse apoyo político, momentáneo, contando conque, más adelante, vencido el plazo, cuando lleguen los reclamos, “la Policía que resuelva”. Eso es una agresión a la imagen policial, no debe suceder.
El pacto debe ser atractivo, veraz, razonado, que se pueda cumplir y sincero. La Policía Nacional, como testigo, las entidades de servicios y las comunidades, como compromisarias de propiciar las condiciones, para dar solución a los problemas sin llegar a la confrontación y garantizar así, el mantenimiento del orden público.
La presión policial debe estar dirigida al punto donde se violan los pactos o se falta a la verdad, sin distinción. Así unas veces será hacia los dirigentes comunitarios y otras hacia los funcionarios públicos. A esto le podemos llamar, prevención del orden público.
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Se debe entender, como un acto delincuencial la represión policial contra una comunidad que protesta porque ha sido engañada, por un funcionario o entidad, que falto al compromiso contraído y que no ha dado razones para su falta.
En este caso, el delincuente no está en la comunidad, está en un escritorio; es posible que se entere de cuantos policías y civiles murieron por vía de los noticiarios.
Este tipo de acción va dirigido a la comunidad en su totalidad y no distingue entre ciudadanos correctos y delincuentes, con ese trato, sin quererlo, unifican a toda la comunidad en un bloque.
Dicho bloque, nunca estará dirigido por la parte más sana de la comunidad; lo estará por la parte más dañada, la que no tiene nada que perder.
¿Cómo esperamos que las comunidades, se sumen a la lucha contra los que son sus líderes ocasionales?
La obediencia, por parte de la Policía Nacional en cualquier escenario posible, debe estar ceñida a la verdad. En caso contrario, no estaría aportando al orden, más bien lo estaría haciendo, al desorden y no estaría contribuyendo a la justicia, lo haría en favor de la injusticia.
Es tiempo de que la policía nacional, deje de verse como el vehículo en que se transporta la injusticia.
Ese comportamiento, aún en tiempo reciente, ha colocado a la Policía con una muy baja valoración a lo interno de las comunidades. No tendríamos argumentos para diferenciarla de aquella vieja Policía que nos empeñamos en negar. Solo podríamos decir, que aquella servía a un jefe y esta a varios. En fin, el resultado para las comunidades es el mismo: ser agredidas.
El respeto es un valor que se construye con justicia, no con terror y agresión. Quien siembra terror cosecha odio y temor, quien agrede siembra resentimientos. Una relación basada en estos tres últimos elementos, no genera confianza. Esta que es el ingrediente fundamental, para el establecimiento de unas buenas relaciones, entre policías y comunidades.
Por tanto, es lícito rediseñar el actual esquema de relaciones entre los servidores públicos, las comunidades y la Policía Nacional. Lo nuevo, debe estar basado en la justicia, el respeto y el apego a la verdad.
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