Ciudad Alternativa y el Comité Para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba) platearon este jueves que la propuesta de Ley de Ordenamiento Territorial, actualmente en espera aprobación en el Congreso, es un mecanismo necesario para regular el uso del suelo pero temen pueda ser utilizada para provocar desalojos de personas que no poseen títulos de los terrenos donde han vivido por décadas.
“Esta ley podría constituirse en una potencial amenaza de desalojos, ya que establece con claridad que este tipo de acciones dependerá de la iniciativa que tengan los particulares de accionar basados en los reclamos de derecho de propiedad. Dada la compleja realidad de la tenencia del suelo en el país, donde hay más títulos que terrenos, esto podría acarrear serios problemas a las poblaciones más vulnerables,”, sostuvo Román Batista, director ejecutivo de Ciudad Alternativa.
Sobre los aspectos positivos de dicha normativa, Batista asegura que la puesta en marcha de esta ley puede ayudar en aspectos nodales de las políticas públicas y sus procesos de planificación, especialmente en los procesos productivos, la planificación urbana y el comercio. Eso tendría un impacto favorable para la población porque se podrán orientar mejor las metas y los procesos del desarrollo y el buen vivir de las personas.
Antonio Páez, coordinador de Copadeba, sugiere la inclusión de un artículo, donde se especifique que a las familias que tengan años viviendo en unos terrenos se le deberá dotar de títulos que las acrediten como dueñas de dicho espacio.
“Esta propuesta debe asegurar que el proceso de ordenamiento y renovación urbana se lleve a cabo salvaguardando los intereses generales de la comunidad. Hasta ahora ha existido una visión urbanística discriminatoria, donde se pregona que los barrios son sectores habitados por “intrusos” y que debido a sus orígenes campesinos o rurales no califican para vivir en la ciudad, pues sus condiciones de pobreza la afea”, criticó Páez.
En opinión de Erick Dorrejo, técnico de la Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGODT), el gran aporte de esta propuesta jurídica es que establecerá reglas claras para los actores que intervienen el territorio y al mismo tiempo introduce instrumentos de planificación y gestión participativa, a través de los cuales todos los sectores pueden hacer sus aportes.
“La propuesta de ley de Ordenamiento Territorial agotó un proceso de diálogo pero se necesita que la Ciudadanía haga presión a los actores gubernamentales para mejorar esta propuesta” expuso Domingo Matías.
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