El abogado Namphi Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, advirtió al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, que incurriría en violación de la Constitución si persiste en su decisión de negar la certificación de no delincuencia a aquellos ciudadanos que tengan pendientes el pago de contravenciones de tránsito.
Rodríguez puntualizó que el artículo 44 de la Constitución es claro cuando establece que esa disposición sólo se puede tomar después que interviene un auto de apertura de juicio dictado por un juez competente en el curso de un expediente penal.
“No otorgar la certificación de no delincuencia por decisión administrativa es una medida severa, que agrava la situación de una persona que no está en un fichero delincuencial y que, además, desborda las competencias del Procurador”, dijo.
Resaltó que tal decisión no tiene fundamento jurídico, debido a que desconoce el derecho a la autodeterminación de la información personal de los ciudadanos al negarle acreditar su buen nombre por una simple infracción de tránsito que ni siquiera ha sido homologada por un juez.
“Para quien viole la Ley de Tránsito, lo que procede es tomar las medidas correctivas que establece esa legislación especializada, que es de multas y suspensión de la licencia de conducir, pero jamás se puede hablar de inscribir una persona en un fichero delictual por una contravención de simple policía”, asegura el profesional del derecho.
Reseñó que medidas como esas son contraproducentes porque traban el libre desarrollo de la personalidad de los ciudadanos y le impiden hacer sus trámites burocráticos ordinarios, tales como obtener trabajo, visado o acceder a planes sociales y de becas para estudios.
“Las autoridades tienen que ser cuidadosas en un exceder sus potestades, porque pudieran incurrir en responsabilidad jurídica y patrimonial si causan perjuicios injustificados a los ciudadanos con medidas arbitrarias, la arbitrariedad está proscrita por la Constitución”, señaló.
Rodríguez reconoció que existe la necesidad de ordenar el tránsito y hacer cumplir la ley, pero para ello abogó por la pronta aprobación de la Ley General de Movilidad Terrestre que cursa en el Congreso, a fin de establecer un sistema sancionatorio efectivo que penalice con puntajes negativos a aquellas personas que infringen el tránsito hasta el punto que se pudiera retirarle la licencia de conducir de por vida, como pasa en Estados Unidos.
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