La posibilidad de una nueva reforma fiscal ha reabierto uno de los debates más sensibles para la sociedad, y es abordar cómo garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas sin aumentar la carga sobre ciudadanos y sectores productivos.
La posición del expresidente Leonel Fernández, solicitando el retiro de las propuestas de aumento de impuestos incluidas en el denominado «Plan Anticrisis para la sostenibilidad y la protección de la economía», vuelve a colocar sobre la mesa una interrogante esencial: ¿el problema fiscal del país radica en la insuficiencia de ingresos o en la manera en que se administran los recursos del Estado?
Los argumentos expuestos por el líder de la Fuerza del Pueblo encuentran sustento en una realidad difícil de ignorar. Las cifras oficiales muestran que la economía dominicana mantiene una trayectoria de crecimiento. El Banco Central ha destacado la resiliencia de la economía nacional y reporta una expansión de alrededor de 4 % durante los primeros meses de 2026, impulsada por sectores como la construcción, las zonas francas y el turismo.
Si la economía crece y las perspectivas son positivas, resulta razonable cuestionar la necesidad de imponer nuevas cargas tributarias. Más aún cuando la propuesta de reforma fiscal presentada en 2024 fue retirada tras generar amplio rechazo social, dejando en la ciudadanía una comprensible desconfianza frente a cualquier iniciativa que implique mayores impuestos.
No obstante, sería simplista reducir el debate únicamente al rechazo de nuevas medidas tributarias. El Estado tiene responsabilidades crecientes, dígase financiar servicios públicos, programas sociales, infraestructura y compromisos derivados de la deuda pública. La sostenibilidad fiscal sigue siendo una necesidad ineludible.
La verdadera discusión parece estar en la calidad del gasto. Cuando una proporción significativa del presupuesto se destina al gasto corriente y una parte cada vez menor a inversión de capital, surge la necesidad de revisar prioridades.
Una administración eficiente exige evaluar gastos, eliminar duplicidades, racionalizar subsidios y fortalecer los mecanismos de control y transparencia.
Es por ello que la propuesta de reformular el Presupuesto General del Estado para 2026 merece atención. La búsqueda de ahorros mediante medidas de austeridad, anunciadas previamente por el propio Gobierno, podría generar recursos importantes sin recurrir a nuevas cargas para la población.
A esto se suma un factor coyuntural relevante: la reciente disminución de los precios internacionales del petróleo, que podría reducir considerablemente las presiones presupuestarias asociadas a los subsidios energéticos. Si ese escenario se mantiene, algunos de los argumentos utilizados para justificar ingresos extraordinarios pierden fuerza.
La discusión fiscal no debería convertirse en una confrontación política. Lo que está en juego es la definición de un modelo de gestión pública más eficiente, transparente y orientado al desarrollo.
Antes de pedir mayores sacrificios a los contribuyentes, el Estado tiene la responsabilidad de demostrar que utiliza de manera óptima los recursos que ya recibe. En una economía que continúa creciendo, la eficiencia del gasto debe ocupar un lugar tan importante como la recaudación. Ese es el verdadero desafío.
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