“Los inversionistas necesitan convertirse en ambientalistas”

Al llegar el mediodía del 11 de noviembre de 2015, Casper Sonesson, Consejero Global de Políticas para las Industrias Extractivas en el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ya había dictado una conferencia magistral y  había sido sometido a tres difíciles entrevistas con representantes de la prensa de Santo Domingo.

Todo eso antes de completar siquiera 24 horas en República Dominicana, adonde había venido desde sus oficinas en Nueva York como invitado especial del “Primer Foro para una Industria Extractiva Sostenible en República Dominicana”, organizado por el Ministerio de Energías y Minas y el PNUD.

Como supuse que estaría cansado, invité a la más alta autoridad mundial del PNUD en el tema de las industrias extractivas a que tomara esta entrevista como un juego: “Le plantearé cinco dilemas y usted me contestará desde las tripas”, propuse. Y Sonesson aceptó. Los dilemas figuran en negritas.

Conservación versus explotación.
“Puedes tener ambas”.

Ambiente versus desarrollo
“Necesitamos ambos. Necesitamos los beneficios y los empleos, pero necesitamos conseguirlos en la forma correcta”.

Comunidad versus minas
“Minas y comunidad. Tienes que encontrar la manera de armonizarlas, porque necesitas los beneficios de las minas”.

Ambientalistas versus inversionistas
“Los inversionistas necesitan convertirse en ambientalistas. Cada vez hay más requerimientos ambientales incluso para obtener financiamiento”.

Presente versus futuro
“Ah, ah, ah…necesitamos ambos. El presente no es suficiente. Debemos hacer lo mejor para el futuro”.

Sueco al fin, Sonesson es demasiado cerebral para contestar desde las tripas. Así que reinicié la conversación con preguntas abiertas.

¿Realmente, es posible una minería sostenible, en la que haya explotación mineral, y, a la vez, conservación ambiental?
Es posible, pero retador. Hay muchas experiencias alrededor del mundo donde ha habido un montón de conflictos por daños ambientales, pero, al mismo tiempo, hay algunos países que han logrado ser exitosos en la explotación minera para el desarrollo sostenible.

¿Hay algún modelo de negocio o país que pueda servir de referencia a República Dominicana?
Chile ha sido exitoso usando la minería para expandir el desarrollo económico sostenible. Por supuesto, ha sido un reto, por el impacto ambiental, pero en sentido general es un buen referente sobre cómo manejar las relaciones con la industria minera. En esta experiencia ha sido clave un marco legal claro y la transparencia en las negociaciones de contratos entre el Estado y las empresas. Canadá es otro buen ejemplo de cómo la minería ha servido para promover el desarrollo. Suecia, también; y Botsuana, en África, es un buen ejemplo de cómo la minería de diamantes ha podido crear mayor valor social y valor económico. En cuanto a modelo de negocios, la tendencia apunta a moverse de contratos específicos a licencias y reglas de juego claras.

Suecia, Canadá y Chile tienen, por mucho, mayores niveles de desarrollo que República Dominicana. ¿Habría algún ejemplo más cercano a este país?
Esos países tienen más de 100 años explotando la minería, y esta industria le ha ayudado a construir su desarrollo. Hay también malas experiencias, como en África, donde aun varios países continúan luchando por conseguir un modelo sostenible, pero incluso los mejores modelos no son perfectos. Siempre habrá desafíos.

Ante la encrucijada de explotar la riqueza mineral, pero dañar la riqueza ambiental, ¿qué debe hacer un Estado?
Un gobierno tiene diferentes opciones. El país puede decidir no explotar la riqueza mineral, si está dentro de una reserva natural, por ejemplo, con una biodiversidad difícil de reemplazar. En otras situaciones se puede mitigar el impacto del ambiente con la incorporación de tecnología y manejando adecuadamente el proceso de explotación.

¿Cuál es el ABC de una buena política pública minera?
Un marco legal claro, en cuya elaboración hayan participado el Ministerio de Minas, el Ministerio de Ambiente, el Parlamento y todos los actores clave del Gobierno. Transparencia, información abierta, para que la sociedad civil también pueda monitorear la actividad minera. Y participación de todos losstakeholders en la tomas de decisiones. Por definición, la minería es un negocio contaminante y de alto riesgo de accidentes. Por eso los gobiernos deben tener regulaciones claras, monitorear su cumplimiento e inspeccionar a las empresas. Además, debe prevalecer la transparencia y rendición de cuentas en el negocio.

¿Qué puede hacer un gobierno para relanzar una política de minería cuando ha tenido antecedentes conflictivos con la industria?
Involucrar a todos los actores clave en un diálogo para crear esa política; incluir todos los puntos críticos y de conflictos en ese diálogo, y explorar cómo puede llenar las expectativas de esos actores. Es un proceso de diálogo y mediación.

¿Qué puede hacer un sector minero para relanzarse, cuando sus antecedentes están marcados por conflictos con el Estado y la comunidad?
¡Esa es la pregunta del millón de dólares! Grandes compañías como Barrick Gold y Rio Tinto tienen muchos conocimientos en estos asuntos, y comoquiera se ven involucradas en conflictos… (la solución) es una cuestión de comunicación, de involucramiento, de alianza entre la mina y la comunidad. La minería es un juego de riesgos y oportunidades. Los riesgos deben ser manejados, por lo que las compañías deben ser proactivas en promover y desarrollar esa alianza y ese diálogo. El gobierno también tiene que estar involucrado, porque recibe parte de los beneficios, y debe ser parte de la alianza. En definitiva, una alianza que involucre al estado, las mineras y la comunidad, para que la minería puede contribuir al país como un sector estratégico del desarrollo sostenible.

¿Qué es y qué no es “minería sostenible”?
¡Esa es otra gran pregunta! En el PNUD no usamos el concepto de minería sostenible, sino minería para el desarrollo sostenible. Cuando hablamos de minería para el desarrollo sostenible nos referimos a un desarrollo integral que incluya lo económico, lo social y lo ambiental. Estamos hablando de rendición de cuentas y transparencia por parte de todos los actores.

¿Cómo una minera puede obtener la “licencia social para operar”, no solo la licencia legal?
Es importante que cumpla con todas las regulaciones, pero necesita ir más allá. Una forma de hacerlo es involucrarse en las actividades de la comunidad donde opera; mantener un diálogo abierto y continuo con la comunidad, para entender sus expectativas y ver si puede satisfacerlas. Tiene que compartir los beneficios de la explotación con la comunidad y asegurarse de que la comunidad conoce los beneficios que recibe de la actividad minera. Obtener la licencia social para operar implica una largo camino por recorrer.

Vemos empresas que mantienen ese diálogo y comoquiera tienen conflictos con la comunidad. ¿Es un diálogo sin fin?
No es un camino fácil. También el gobierno tiene que estar presente, el gobierno local o nacional debe compartir los beneficios de la minería con la comunidad. Esa es una buena práctica.