Hay consenso en que es necesaria una reforma fiscal. También es un deseo unánime que nadie quisiera ver reducido su poder adquisitivo. Ningún sector del aparato industrial nacional aprueba que se afecten o modifiquen las tasas impositivas que incidirían de manera directa en su campo de acción. Lograr un pacto que complazca a todos, en igualdad de condiciones, va más allá de lo que en la práctica pudiera materializar el Gobierno, que empieza a dar señales que el proyecto de Modernización Fiscal está sujeto a modificaciones, concluida la fase de las vistas públicas y las discusiones que lidera la comisión designada para esos fines en el Congreso Nacional.
«Nadie quisiera hacer una reforma, nos toca a nosotros y estamos asumiendo esa responsabilidad», reaccionó ayer en Cabo Rojo el presidente Luis Abinader. La presión generada a partir del mismo día de su presentación, ha ido aumentando a medida que se desmenuza el intrincado paquete de reforma fiscal con dimensiones significativas, las cuales se corresponden con la necesidad de aumentar los ingresos de la administración pública.
Ni sería una labor responsable ni patriótica, según la visión del propio mandatario, seguir operando con el déficit económico que afecta la gestión gubernamental. Con posibilidades de aprobar el conjunto de leyes –incluida la modificación constitucional que ya es una realidad– sin necesidad de contar con el voto de la oposición, el presidente Abinader configura el legado político que le permite esa mayoría representativa en el Poder Legislativo, siempre que esos proyectos favorezcan objetivamente a la ciudadanía en su conjunto.
Las autoridades que promueven estos cambios desde el poder político pueden ganarse un voto de confianza de la gente, a partir de los resultados de la eliminación y fusión de ministerios, reducción del gasto público, efectividad de la burocracia y otras señales que solo desde el Ejecutivo pueden emanar para tranquilidad de la ciudadanía. Legitimar las reformas, sobre todo la fiscal, debe ser un estadio aspiracional para el Gobierno. Es la única vía para cimentar este proyecto que complacerá a todos, pero que sí o sí debe favorecer a las mayorías. Este largo recorrido apenas comienza.
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