Con mucha pena hemos de escuchar a diferentes personalidades de la vida empresarial, apelar a ideas tendentes a la necesidad de despolitizar la administración pública. De igual manera, se escucha a personas, insertadas en la administración pública, que ante su falta de compromiso con el desarrollo del Estado, se autodenominan “técnicos”, señalar como culpables de las fallas administrativas del sector público a los militantes políticos, del partido gobernante.
El Estado es la máxima expresión política de una sociedad o pueblo, concentra en su estructura todas las manifestaciones materiales y espirituales del poder. Si es así, el hilo conductor entre el Estado y la población, es la militancia organizada en los partidos políticos y en ellos descansa el deber de propiciar el desarrollo del Estado al constituirse en gobiernos.
Visto así, no es posible la despolitización de la administración pública, porque el Estado es el principal ente político de la sociedad.
El fenómeno ha de ser lo contrario, hay que politizar a los “técnicos”, para que asuman compromisos con las herramientas de conquista del poder del Estado, que son los partidos políticos. Poner su capacidad al servicio de la creación de un Estado más fuerte y productivo, además de fortalecer las posibilidades, de que existan partidos bien organizados, decentes y técnicamente calificados.
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Tienen razón, al hacer la imputación de culpabilidad, de las fallas en la administración pública, al militante político pues, la mayoría de ellos, ve al bienestar del Estado, como si fuera suyo, lo que le lleva a incurrir en malas prácticas administrativas. Pero, entre los autodenominados “técnicos”, que no son más que políticos no militante o militante de un partido de oposición y el militante político, del partido de gobierno, el dueño del compromiso declarado, con el desarrollo del Estado es este último.
En esta relación el “técnico” limita su compromiso, al desarrollo de sí; esto lo hará ante cualquier partido que dirija el Estado. De ahí su desprecio por los políticos militantes y de la incapacidad de los partidos políticos para ceñirlos a un auténtico, plan de desarrollo estatal.
En su contra está la realidad, de que por su falta de definición política, están condenados a ser mandos medios, de por vida; con un ejecutivo, político; en la mayoría de los casos, de menor calificación técnica y de malos hábitos administrativos, pero con rango; del que tienen que ser complacientes. Tienen además, que desarrollar el amargo arte de apologistas, de ciego que lo ve todo y sordo que lo escucha todo.
En este sentido, las sabias orientaciones de Confucio nos dicen: “Si camino con dos hombres, cada uno de ellos serán mis maestros. Elegiré los buenos puntos de uno y los imitare y los malos del otro y los corregiré en mí mismo”.
La apuesta presente en el espacio que brinda la Ley de Partidos; es atraer a los “técnicos” para que hagan sus ya calificados aportes al desarrollo de los partidos y que los militantes políticos, no calificados técnicamente, se preparen para ejercer las funciones técnicas, a las que aspiran. El país necesita a sus mejores recursos humanos, actuando, en la administración pública, al servicio del Estado. El conocimiento se hace valioso, cuando está al servicio de sanos intereses.
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La naturaleza política del Estado y su vinculación con los partidos políticos nos impone la dictadura de la participación. Solo imagine que la administración pública se entregue de manera plena a los “técnicos”, con el comportamiento actual: ¿En manos de quien ponemos las metas presidenciales? ¿Quién se va a movilizar en campaña? ¿Quién va a realizar el trabajo de delegado ante los colegios electorales? ¿Cuál sería el hilo comunicante entre las instituciones, el gobierno y el Estado, para que se cumpla su ineludible naturaleza política?
La Ley de Partidos Políticos, por el bien del Estado, está obligada a plantear la impostergable necesidad de actuación del servidor público, en dos líneas: politización de los “técnicos” y tecnificación y adecentamiento de los políticos.
No es justo que, de una manera consiente, permitamos que a los partidos políticos vayan los de peor desempeño, técnico y conductual, mientras lo mejor se reserva para quejas, críticas y denuncias. La Ley de Partidos, está obligada a inducir a los mejores, a que se conviertan en militantes y se adueñen de los procesos.
Todas las luchas verificadas, entre los partidos políticos; son un ejercicio del libre pensar y del libre actuar, dentro de lo que marcan las leyes vigentes. El ejercicio en sí, es sano, dinámico, integrador e históricamente justificado; nada pecaminoso hay él. El pecado se aloja en los hombres y mujeres que ejercen mal su papel dentro de los partidos. De estos se puede prescindir, más no de los partidos.
Los partidos políticos son instrumentos legales, necesarios e imprescindibles para el ejercicio de la democracia.
La Ley de Partidos Políticos, en su papel educativo, ha de concentrarse en la calidad, en la honorabilidad, en el conjunto de valores desplegados por los militantes y el fiel cumplimiento de las normas a que se acogen.
Que sea la Ley de Partidos Políticos la que señale las situaciones, que se puedan tipificar como delitos, que pueden convertir a una persona en no elegible para la participación en proselitismo, ni para ocupar cargos al servicio del Estado.
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