Al día de hoy no existe otra forma, pacífica y legal, de arribar a la dirección del Estado y sus instituciones, que no sea a través de un partido político. Esto, tras obtener la mayoría de los votos, emitidos, en elecciones libres. Puede haber una gran suma de buenas voluntades y de válidos descontentos, pero sin que lleguen a ser decisivas, para cambiar de manos, el control del Estado.
Sin partidos políticos no hay administración del Estado.
La Ley de Partidos Políticos, debe ser una negación total y rotunda, de lo que hasta ahora llega a la percepción del pueblo, como partidos políticos y como militantes políticos. También ha de serlo, para definir con claridad, el alcance de las expresiones de descontento popular.
Lo penoso del caso, es que en el papel casi todos los partidos políticos, son buenos y algunos, si les retiras las acciones desafortunadas de muchos hombres y mujeres; son muy buenos.
Si hemos de adquirir algunas experiencias, positivas de nuestra historia reciente, ha de ser que la militancia en un partido político, no se debe hacer con el fundamento de seguir a un hombre y tampoco a un color determinado. Eso se ajustaba, muy bien, a un siglo atrás, cuando éramos caudillistas y analfabetos.
Hoy, se debe seguir al conjunto de valoraciones históricas, económicas y sociales, que junto a principios y normas, fundamentan a una organización política. Ceñirse a ella, ofreciendo hasta su vida en pos del cumplimiento de los objetivos trazados.
El individuo, que se aleja de los fundamentos partidarios, para seguir a un hombre o para hacerse seguir, está condenado una de dos cosas: la desilusión o a la implicación.
El desafío actual, en la Ley de Partidos, es hacer que lo presentado por una organización, como normas y principios internos, se aplique y que su violación tenga consecuencias. Que se sienten precedentes, de castigos, lo suficientemente severos, como para desanimar a los militantes, que pretendan llevar a cabo acciones violatorias, a lo aprobado por todos.
Saber que el militante que altera el orden interno que le regula, en su organización, no es merecedor de la posibilidad de gobernarnos a todos, ni de administrar lo que es de todos. Más aun, debe ser despojado de la opción de ser públicamente militante, basado en los delitos cometidos, en esos laboratorios de gobiernos, que son los partidos.
El hombre o mujer, con ese perfil, no tiene los aprestos necesarios, para encabezar un proceso técnico administrativo horizontal, como lo requiere la administración pública en la República Dominicana. De ese perfil podemos esperar a un jefe, de mando vertical, capaz de torcerlo todo, a su favor.
La Ley de Partidos Políticos debe prever que se considere como conspiración el hecho de que luego de tomar decisiones en asambleas o reuniones, dos o más, se reúnan para acordar, a veces cosas muy distante de lo pactado sin que haya consecuencias.
Una vez se haya sesionado para normar un determinado proceso, una vez creado un organismo para tomar decisiones, en cuanto a un asunto que no se haga necesario llamar a un consenso para dar valor a la decisión tomada. Si es así, entonces, ¿para qué sirven los organismos?
Actuar así constituye una violación a la voluntad expresada por el pueblo en los torneos electorales o eventos internos, el consenso del pueblo son las elecciones internas y externas, ningún otro espacio asegura la expresión de la voluntad popular.
Que la ley sea el espacio en donde definitivamente, se ponga fin al ejercicio de forzar decisiones en base a la intimidación la retaliación, el soborno o la persecución de militantes por el simple hecho de disentir.
Asegurar, mediante la ley, que el compromiso de un partido para servir al Estado, sea un compromiso universal de este, que no sea de un grupo. Estas son las circunstancias, que sabiéndose finitas se prestan para todo tipo de desmanes, por imponerse el criterio de “Ahora o nunca”.
El Estado, en esos impulsos efímeros, nunca alcanzará su pleno desarrollo que es el fin fundamental, de toda administración de gobierno.
De igual manera, los grupos a lo interno de los partidos, transfieren el vicio que le caracteriza a la administración pública, provocando el terrible y extenso mal de que los intereses del individuo o del grupo, están por encima de los del partido, de la institución, del gobierno y del Estado. De tal manera que si el individuo o grupo, logra sus objetivos, lo demás no importa.
Afirma Confucio: «Los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos”.
La Ley de Partidos debe cerrar las posibilidades a los timadores, enquistados en los partidos político. Si se les consiente allí, también los habrá, en la administración del Estado.
Diógenes murió, pero la llama de su lámpara sigue encendida, que alguien la tome y se lance a la difícil misión de conseguir hombres y mujeres honestos. Si así lo decides, siga el rastro de aquellos, a los que, en términos despectivo, por mucho tiempo se les ha llamado: “tontos”, con “P”, por ser respetuosos del bien público; también aquellos a los que, en la administración pública, se le define como: “Lentos, difíciles o enredados” por ser fieles cuidadores de lo que es de todos.
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