En una arraigada cultura de evasión y elusión –apadrinada y hasta practicada por poderes políticos- me resulta difícil pensar en la búsqueda de consenso, en el seno del Consejo Económico y Social (CES), hacia el pacto fiscal previsto en la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.
Pienso lo mismo al tomar en cuenta la densa burocracia estatal de nuestro país acostumbrada a gastar a manos llenas, disponer de los fondos públicos como si fueran propios con bajos niveles de transparencia, escasa rendición de cuenta y falta de consecuencias.
Ante esas dos murullas distorsionantes, que convertirían cualquier reforma fiscal en un parche o en una imposición inequitativa derivando la carga hacia los menos pudientes, sería prudente modificar la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.
Sacar de ahí el pacto fiscal resultaría un comportamiento honesto, sincero y evitaría una vergonzosa y chantajista negociación de buitres en la que nadie sacrificará sus privilegios y exenciones bajo la convicción de unos supuestos “derechos adquiridos.”
Nuestra famélica institucionalidad –que tiene como telón de fondo el irrespeto a las leyes– ha llevado a establecer tres compromisos fundamentales sintetizados en los pactos educativo, eléctrico y fiscal. Es decir, tenemos una ley para hacer cumplir las leyes que, además de ser una aberración, nos proyecta como un Estado fallido.
Las leyes dan orden y sentido a la sociedad. Tienen que ser impuestas y cumplidas por todos: gobernados y gobernantes. Ese es el mejor pacto. Negociarlas para complacer a cada quien es la recuperación de la barbarie y una apertura a que traguen más hojaldre quienes tengan más saliva.
Comprendo la buena fe de quienes idearon la Estrategia Nacional de Desarrollo como un compromiso a largo plazo y reconozco el plausible esfuerzo de los ciudadanos que han dado todo de sí para llevar a término los pactos educativo y eléctrico.
Para que no terminen arando en el mar, mi recomendación es olvidar el pacto fiscal y presionar al mayor nivel, en alianza con la sociedad, por una profunda reforma política que debió ser el principio de todo. Luego de eso podríamos adaptar el Código Tributario a los nuevos tiempos. Ningún pacto o reforma son sostenibles con el sistema electoral y de partidos que tenemos. Pensar lo contrario es vivir una ilusión.
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