La corrupción está muy bien definida. Su significado está relacionado al mal uso por parte de una autoridad o funcionario con relación a los derechos que se le han confiado.
De igual manera, el Código Penal, que espera por más de 20 años para su modificación, tiene muy definidos y tipificados diversos los actos de corrupción en el Estado, entre ellos, está el desfalco (apropiación de valores), la concusión (cobros excesos o que no se adeudan), el soborno o cohecho (prestar servicio por dádivas, recompensas o promesas remuneratorias), actos que en conjunto configuran la prevaricación.
Pese a que hay claridad en el concepto y de las penas para quienes incurran en esta acción, que la población, sobre todo en los últimos años, ha marchado en contra de la corrupción, sigue siendo una práctica con aval y contubernio de la ciudadanía.
Es un planteamiento que refrenda la primera Encuesta de Cultura Democrática elaborada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que se publicó el pasado martes por el ministro Pável Isa Contreras.
Un resultado que sorprende, pero que refleja la triste realidad, puesto que de un 48.3 % de personas encuestadas en abril de 2022 con relación a la pregunta de si toleraría cierto grado de corrupción, siempre y cuando se le resuelven sus problemas particulares se manifestó un aumento significativo al mismo mes del siguiente año, para un 50.9 %.
A esto le sigue la aprobación de esa misma población, de un sistema clientelar, donde el «dao», cobra vigencia y el sistema de ayuda social es de suma importancia, siempre y cuando ellos resulten beneficiados.
A la pregunta «¿si un familiar o amigo cercano gana un cargo político, ¿debería ayudarle a conseguir empleo en el Gobierno o un contrato público?, el resultado final fue de un 66.6 %, o sea que más de la mitad de la población encuestada está de acuerdo y aprueba el clientelismo político.
Pero lo que es peor es que cuando se le preguntó a los encuestados si estarían de acuerdo en que sean favorecidos con un puesto público o contrato como fruto de su trabajo en la campaña política de algún candidato político que resulte ganador en el proceso. Un 80. 4 % dijo que sí.
El ministro de Economía resultó tan sorprendido como los que han tenido en sus manos los resultados de la referida encuesta.
«Creo que lo que esto hace es reforzar el compromiso del Gobierno por enfrentar los desafíos que esta encuesta está mostrando, que todavía tenemos en la cultura política», comentó al momento de dar a conocer los resultados de la Encuesta de Cultura Democrática.
Si aún usted cree que lo ha leído todo, todavía falta. Ante la pregunta si se sentirían obligados a votar por un político que le de una ayuda económica que también pueda impactar a su familia, la respuesta fue positiva por un 47.8 %.
En este punto queda evidenciado que el clientelismo político pesa más que la acción de presentar propuestas que pudieran impactar de manera positiva la vida de la gente por parte de los candidatos de los diferentes niveles de elección, un tema que se ha debatido en innumerables procesos electorales.
Por lo que el informe que detalla los hallazgos de esta encuesta indica que esta situación que evidencia la misma, con relación al clientelismo político «limita el debate programático o de valores que se presupone en el sistema democrático».
La lucha por la transparencia
A su llegada al poder, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) con Luis Abinader como presidente plantó la bandera del cambio y en ese orden, uno de sus principales compromisos fue la transparencia de los procesos en la administración pública. En ese sentido, revelaron casos de corrupción del anterior gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que aún se debaten en los juzgados del país. Su retórica ha sido dirigida en devolverle a la ciudadanía los recursos que han sido robados al pueblo por políticos corruptos, presentando a la justicia hasta hermanos de expresidentes de la nación.
Otro de los elementos con los que ha trabajado de manera consistente este Gobierno es en crear la independencia del Minisperio Público, de manera que haya una justicia equitativa y bien administrada para todos. Esta última acción ha llevado al actual mandatario a proponer una reforma constitucional que ya está encaminada en el Congreso Nacional, pese a no contar con el consenso de las fuerzas políticas de oposición.
Pese a todos estos esfuerzos por establecer desde la administración pública una cultura de transparencia de los recursos, la ECD reveló que de 2022 a 2023 creció el porcentaje (de 39.5 al 58.4 %), de la población que considera que la corrupción es mayor en los organismos del Estado.
De dos mil personas encuestadas, alrededor de un tercio (31.7 %) percibe que ha disminuido el uso indebido o abuso del poder público en estas entidades.
Para el ministro de economía, «la creciente tolerancia a la corrupción, especialmente cuando se percibe como un medio para resolver problemas, subraya la necesidad urgente de fortalecer la educación cívica, mejorar la transparencia gubernamental y promover una cultura de integridad en todos los niveles de la sociedad».
Ya muchos estudios han detallado que la educación juega un papel fundamental a la hora de actuar de la población con relación a temas con una incidencia tan alta en la cultura democrática de la nación como el clientelismo político y corrupción.
Es por esta razón que la encuesta reveló que las personas con menor nivel educativo y menores ingresos tienden a ser más permisivas con la corrupción si perciben que sus necesidades son atendidas. Por ejemplo, de los encuestados el 52.2 % de quienes sólo cursaron estudios primarios, justificaría prácticas corruptas si se resuelven problemas.
Pese a estas revelaciones el presidente Luis Abinader que estrenó el pasado 16 de agosto su segundo mandato, prometió seguir profundizando las acciones en pos de la prevención de la corrupción.
Dentro de las preguntas realizadas una en especial tenía la misión de determinar cuál es la institución en la que más confían los dominicanos y la respuesta fue: la Presidencia, de un total de 10 instituciones políticas, los resultados constatan la baja confianza en las instancias democráticas nacionales, con excepción del Presidente, quien sigue arriba con una aprobación de más de un tercio de la ciudadanía que confía «mucho» o «algo» en su trabajo.
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