Agradezco al Grupo Corripio, en la persona de su presidente, José Luis (Pepín) Corripio Estrada, la gentileza de permitirme exponer mis puntos de vista sobre el presente y el futuro de nuestro país en este privilegiado escenario.
Señores directores,
Señores periodistas,
Personalidades presentes,
Comparezco a este encuentro del Grupo Corripio para tratar tres temas que considero de especial importancia: en primer lugar, la situación económica y social de la nación; en segundo lugar, las próximas elecciones nacionales a celebrarse el 15 de mayo del 2016 y, por último, mi participación en ese proceso electoral.
Al culminar el gobierno de Leonel Fernández, nuestro país, en lugar de ser una nación donde reinaba el progreso como él dice, estaba afectado por una grave crisis donde reinaba la desesperanza.
¿Qué ha cambiado de esa realidad dramática, a casi dos años de la gestión del Presidente Danilo Medina? Lo más visible es su estilo sencillo de gobernar, en comparación con el estilo arrogante de Leonel Fernández.
Lo cierto es, que lejos de mejorar, la situación ha empeorado y el país continúa sumido en una crisis, la cual se caracteriza por la desigualdad social, la inseguridad ciudadana, el desempleo, el alto costo de la vida, el endeudamiento desenfrenado, la impunidad, la corrupción y el marcado deterioro de las instituciones fundamentales, entre otros males.
Es por ello que, aunque la mayoría de la población valora como positivo el estilo sencillo del Presidente Medina, la gente afirma que sus condiciones de vida durante la presente gestión continúan deteriorándose significativamente.
Los dominicanos padecemos los efectos de las continuas alzas de precio de los combustibles; el aumento del precio de los alimentos y de los medicamentos; la falta de empleo de calidad, especialmente entre mujeres y jóvenes que ingresan a la edad laboral; y el creciente endeudamiento, que hipoteca la vida de la juventud de hoy durante los próximos treinta años.
En adición a esos problemas de naturaleza económica, vemos cómo la delincuencia se ha desbordado llenando de miedo y dolor a las familias, a lo que se añade la impotencia que sentimos frente a un sistema judicial que privilegia a los corruptos y favorece la impunidad.
Esta realidad la demuestra con mucha propiedad el Banco Mundial cuando afirma que solo dos de cada cien dominicanos han mejorado sus condiciones de vida; 19 de cada cien, viven en peor situación; y 79 de cada 100 no han tenido ninguna mejoría en sus condiciones de vida, durante los gobiernos del PLD.
Esa afirmación proveniente de un organismo internacional de tanta credibilidad, es un mentís profundo a la falsa noción de progreso que pregona el Partido de la Liberación Dominicana.
Los únicos que no entienden que el país anda por un sendero equivocado, son aquellos dirigentes peledeistas, que se han enriquecido a la sombra de la corrupción y la impunidad con que han ejercido el poder, quienes pretenden continuar en el gobierno a cualquier costo.
Nosotros, así como la mayoría del país, entendemos que esta realidad que acabamos de describir, constituye una seria amenaza a la estabilidad social y a la paz; una bomba de tiempo que nadie sabe en qué momento puede estallar ni el daño que puede causar, sin excepción, a cada uno de nosotros.
Otra amenaza a la democracia dominicana y a la paz, que debe recibir la más alta atención de la sociedad, la constituye el panorama de cara a las elecciones del 15 de mayo del 2016.
A dos años de celebrarse las venideras elecciones, el panorama electoral se encuentra lleno de desafíos y dificultades, las cuales ponen en peligro la democracia, la estabilidad política y la paz pública.
¿Cuáles son esos desafíos y dificultades?
En primer lugar, estas elecciones serán muy complejas ya que el mismo día serán elegidos, 4 mil 128 cargos, con más de 80 mil aspirantes.
Ese día se elegirán el Presidente y Vicepresidente de la República, senadores, diputados, por circunscripciones electorales, diputados nacionales, diputados al Parlamento Centroamericano y de Ultramar. Además, serán elegidos alcaldes, directores distritales, regidores, vocales, y sus respectivos suplentes.
En segundo lugar, está la duda sobre la capacidad que tiene la Junta Central Electoral para dotar a tiempo a los electores de una nueva cédula, para los comicios del 2016. Según su Presidente, para tener derecho a ejercer el voto, todos los ciudadanos deberían estar en posesión de su nuevo documento.
En el caso de que un porcentaje de la población con derecho a elegir no haya podido obtener su nuevo documento electoral, una pregunta lógica es: ¿se podrá votar, entonces, con las dos cédulas, la vieja y la nueva?
La experiencia nos indica que votar con dos cédulas podría prestarse a prácticas fraudulentas y traumáticas en los resultados de las elecciones.
Al día de hoy, no hay garantías de que podamos celebrar elecciones confiables y creíbles. Eso se debe, principalmente, a la composición de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. Ambos organismos, lejos de actuar para garantizar la transparencia y la equidad del proceso, se han descalificado como árbitros imparciales mediante sentencias, disposiciones y manejos ilegales e indebidos.
Por tanto, para que las elecciones sean transparentes, es condición fundamental modificar la composición de la Junta Central Electoral y la del Tribunal Superior Electoral, como forma de garantizar árbitros imparciales y confiables.
Para que este cambio se produzca, se requiere la concertación de un gran acuerdo nacional que permita llevar a ambos órganos personalidades independientes que gocen de la credibilidad de la sociedad civil, de los partidos políticos y de la comunidad internacional, para que su presencia sea garantía de transparencia e imparcialidad.
La falta de una Ley de Partidos que regule la vida de los mismos, es uno de los problemas que tenemos. La aprobación de esa Ley contribuiría a la democracia interna, al manejo transparente de los fondos públicos, a la equidad en la competencia interna y a la regulación de la campaña interna de los partidos.
A lo antes señalado se suma la necesidad de adecuar la actual Ley Electoral a la Constitución vigente, en lo que se refiere al funcionamiento de la Junta Central Electoral, la fiscalización y supervisión de la vida interna de los Partidos Políticos, organización y montaje de las elecciones y control de los recursos del Estado.
Además de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior electoral, hay otros actores vitales para el proceso.
En primer lugar está el Presidente de la República, quien, por su investidura tiene la responsabilidad ineludible de garantizar la democracia y la transparencia en las elecciones.
A propósito del rol del Presidente, el 27 de enero del presente año, le dirigimos una carta al Presidente Danilo Medina, en donde le solicitamos cumplir con el pacto que ambos firmamos, como candidatos presidenciales, de impulsar la aprobación de la Ley de Partidos y la Ley Electoral, en el año 2012.
En segundo lugar están los partidos políticos que, además de participar en las elecciones, tienen la representación congresual para consensuar la Ley de Partidos y la Ley Electoral y lograr su aprobación.
En tercer lugar, contamos con el importante rol de la comunidad internacional en el proceso electoral. Esa participación incluye la observación electoral, la concertación y el apoyo a la modernización de los partidos.
En cuarto lugar, está el espacio legítimamente ganado por la Sociedad Civil en las elecciones dominicanas. En efecto, invitamos a las iglesias, a Participación Ciudadana y a personalidades independientes, entre otros actores, a que continúen defendiendo la causa de la transparencia.
A nuestro juicio, la observación de la Comunidad Internacional y la Sociedad Civil, para que sea efectiva, no debe limitarse al día de las elecciones. Es fundamental que la observación electoral cubra todas las fases de la organización y celebración de los comicios.
Es en ese contexto de dificultades y deficiencias institucionales que debemos ver lo dicho hace algunos días por el Presidente de la Junta Central Electoral quien anunció que esa institución ya empezó el montaje del proceso electoral del 2016, el cual calificó de complejo.
Esa complejidad para nosotros se debe, más que a razones técnicas y administrativas, a la disposición del PLD de continuar en el poder a cualquier precio, violando la Ley mediante el uso abusivo de los recursos del Estado e irrespetando las instituciones.
Frente a los desafíos y amenazas que enfrenta nuestra nación todos los que estamos comprometidos con el presente y el futuro del país, tenemos la obligación ineludible de involucrarnos en la búsqueda de soluciones.
Es justamente a partir de esa obligación que estamos trabajando sin descanso en dos frentes: el frente político y el frente social.
En el aspecto político, nuestra tarea prioritaria es la conformación de la Corriente Mayoritaria.
Esta decisión fue fruto de la imposibilidad de lograr, a lo interno de nuestro partido, un entendimiento que nos permita, en primer lugar, organizar una convención democrática, como ha sido la tradición, y en segundo lugar, asumir el papel de oposición que nos demanda la sociedad.
Me complace informar que al día de hoy tenemos conformadas en la Corriente Mayoritaria, todas las estructuras a nivel de zonas, distritos municipales, municipios, provincias y seccionales del exterior, lo cual representa más del 90% de los verdaderos perredeístas.
Es importante resaltar que los compañeros y compañeras que conforman la Corriente Mayoritaria, encarnan la historia de lucha y la lealtad a los principios que han hecho del PRD, desde su fundación hasta hoy, un garante de la democracia y la libertad.
Al tiempo que organizamos nuestras fuerzas internas, participamos en la articulación de las diferentes fuerzas políticas y sociales para integrarnos a la Convergencia por un Mejor País y aglutinar la mayoría que se opone a las funestas pretensiones continuistas del PLD.
La Convergencia no es un partido político ni un simple instrumento electoral; la Convergencia es un magnífico espacio de concertación que nos da la oportunidad para participar en la promoción de los profundos cambios que demanda nuestra sociedad en lo político, en lo social, en lo económico y en lo moral.
La Convergencia representa una oportunidad excepcional, una esperanza extraordinaria para unirnos como nación y enfrentar con nuevos bríos, con nuevas ideas, y con lo mejor de nuestra gente, el desafío de armonizar la generación de riquezas y el desarrollo humano.
Para ello participaremos junto a todos los integrantes de la Convergencia, en la formulación de un Plan de Nación que abarque varios períodos de gobierno, que esté sustentado en políticas públicas a favor de las mayorías, con una visión estratégica fundamentada en el uso de nuestros recursos humanos y naturales y la integración del país con la economía global, de manera sostenible.
Ese Plan de nación tiene dos requerimientos esenciales: primero, la formulación de un Programa de Gobierno concertado con todas las organizaciones políticas y sociales; y segundo, la alternabilidad política, que permita gobernar durante varios períodos consecutivos, con diferentes presidentes, congresistas y alcaldes, comprometidos con darle continuidad al Plan de Nación aprobado por la Convergencia.
Los líderes políticos y sociales que aspiran a cargos electivos por los distintos partidos y organizaciones que conformen la Convergencia, pueden estar seguros que tienen en ella un instrumento idóneo para hacer realidad sus ideales y aspiraciones.
Las dominicanas y dominicanos pueden estar seguros de que a quienes presentemos como candidatos por los partidos y organizaciones que formen parte de la Convergencia serán los mejores y los más calificados ciudadanos, elegidos mediante procesos de selección participativos, limpios, democráticos y transparentes.
Para superar nuestras calamidades y derrotar las pretensiones continuistas del PLD, tenemos que, además de trabajar por la unidad política, acompañar a la sociedad en la movilización por sus reclamos.
Esta decisión de movilizarnos junto a la sociedad está fundamentada en nuestro convencimiento de que esa es la única vía para lograr que el PLD atienda las demandas ciudadanas, tal como lo demuestran la lucha por el 4% para la educación, la observación del Código Procesal Penal, y otras jornadas de movilización social que han ocurrido en el país.
Frente al panorama social, económico y electoral que hemos descrito, invito a que nadie se quede cruzado de brazos ni asuma posiciones ambiguas.
A los hombres y mujeres que amamos esta tierra, nos corresponde la responsabilidad de transitar unidos el camino de la esperanza, en lugar de continuar por el rumbo de la frustración y el desaliento.
Este convencimiento es el que nos ha hecho salir a la calle a organizar la Corriente Mayoritaria y participar en la construcción de la Convergencia, para derrotar las pretensiones continuistas de Leonel Fernández y el PLD y producir los cambios que necesita el país.
Esa es mi prioridad en este momento, para lo cual dedicaré todo el tiempo que sea necesario.
Ahora bien, ¿Cuál será mi papel en la selección de los candidatos?
En primer lugar, que nadie crea que pretendo ser el dueño de un proceso que nos pertenece a todos.
Quiero que quede bien claro, que nunca seré obstáculo para el desarrollo del liderazgo y aspiraciones de los valiosos hombres y mujeres con que cuentan la Corriente Mayoritaria, la Convergencia, la Sociedad Civil, y otros sectores y personalidades del país.
Eso es coherente con lo que ha sido mi conducta a lo largo de mi vida.
En segundo lugar, fiel a mis convicciones democráticas y al derecho que todos tenemos de elegir y ser elegidos, defenderé que la selección de los candidatos a los diferentes cargos, incluyendo el candidato a la presidencia de la República, se haga a través de procesos y procedimientos democráticos y transparentes, por lo que me mantendré equidistante de todos los aspirantes.
Estoy consciente que, después de haber dicho todo esto, ustedes se preguntarán si voy a aspirar a la presidencia de la República en las elecciones del 2016; y yo les digo, con toda franqueza, que estaré en el lugar donde las circunstancias y las mayorías me requieran.
Muchas gracias.
Santo Domingo, R.D.
21 de mayo de 2014
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