Si las instituciones públicas no fueran entregadas en dación de pago a politiqueros que las asumen como legítima compensación por el esfuerzo realizado en campaña, o por los aportes monetarios gestionados, este país sería otro en términos de desarrollo social y económico.
Esa cultura de asegurar preseas a socios políticos, desestimando los méritos acumulados, la capacidad gerencial, los valores, el apego a prácticas éticas y la disposición de ejercer una administración basada en resultados, es el peor cáncer en el Estado.
Ahí se ubican la raíz del dispendio, las nóminas abultadas, la violación de procesos administrativos, contables y la instauración de modelos personalistas que hacen de las instituciones estatales una heredad, una extensión de los bienes familiares, manejadas al antojo de los incumbentes.
Pero esa es también la génesis de las trampas mediante las cuales se ejecutan los más variados negocios personales en la administración pública, con la convicción de que el sacificio de la campaña tiene un precio y nada mejor que las ubres del Estado para pagarlo.
Si a esto adicionamos un débil sistema de consecuencias cuando los organismos fiscalizadores actúan y hallan faltas, es para que la desesperanza nos invada y pensemos que nunca podremos tener un país organizado.
Hay grupos de servidores públicos a quienes denomino “los enviados”. Estos sujetos se las arreglan para contar con padrinos políticamente influyentes y blindarse adquiriendo una suerte de licencia que valida su mediocridad.
Como no ingresaron a la administración pública sobre la base de competencia o concurso de oposición, están dispuestos a hacer lo que fuere, degradan la gestión y operan como becarios a quienes nadie exige resultados.
Si al menos contáramos con un mecanismo de evaluación cuatrimestral de desempeño –que determine si un funcionario es merecedor o no de continuar en el puesto-probablemente sería menor ese insultante grado de ineficiencia con el que se asume la cosa pública.
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