Durante el período 2020–2024, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) se convirtió en uno de los entes más cuestionados de la administración pública. Lo que debería ser un canal para garantizar alimentación y utilería escolar a más de 1.8 millones de estudiantes dominicanos, terminó en repetidas ocasiones en el ojo del huracán por denuncias de irregularidades en licitaciones, recursos ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), destituciones de funcionarios y auditorías con hallazgos graves.
A continuación, un recuento de los cinco episodios más significativos que marcaron la gestión del INABIE en los años de Abinader, según documentaron medios digitales y fuentes oficiales.
1. La tormenta de 2021: destitución de Cecilio Rodríguez
El primer gran escándalo estalló en noviembre de 2021, cuando decenas de suplidores del almuerzo escolar denunciaron vicios en las licitaciones del año. Los contratos, que superaban los 10 mil millones de pesos, fueron objeto de impugnaciones masivas. La DGCP confirmó múltiples recursos jerárquicos, mientras que el Ministerio de Educación conformó una comisión de investigación.
El informe arrojó “fallas importantes en la gestión del INABIE” y recomendó cambios estructurales. El presidente Abinader respondió con la destitución del director Cecilio Rodríguez, un hecho que medios como Diario Libre y El Caribe calificaron como “la primera gran crisis administrativa” del gobierno en materia de compras públicas.
2. Enero–febrero de 2022: expediente a la Procuraduría
El año siguiente, la crisis escaló al terreno judicial. La DGCP anunció en enero de 2022 que remitiría a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) un informe sobre las irregularidades detectadas en los procesos de 2021.
Los expedientes detallaban presuntas violaciones a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, incluyendo la admisión de oferentes sin los requisitos mínimos, la exclusión de suplidores de manera discrecional y la modificación de pliegos sin justificación.
Varios exfuncionarios fueron citados por la PEPCA, y aunque las investigaciones no concluyeron en condenas inmediatas, la presión pública instaló la idea de que el INABIE operaba con reglas laxas y discrecionalidad política.
3. 2023: resoluciones y fallos de la DGCP
En 2023, el escándalo tomó forma institucional. La DGCP emitió la resolución RIC-78-2023, en la cual se resolvían recursos jerárquicos interpuestos por suplidores contra licitaciones del INABIE. El documento confirmó errores procedimentales en la adjudicación de contratos, evidenciando la falta de controles internos.
Medios como Acento y Listín Diario resaltaron que la resolución sirvió como “precedente jurídico” en la administración pública, al dejar en claro que los oferentes tienen derecho a impugnar y que las instituciones no pueden manipular los pliegos para favorecer a suplidores específicos.
La decisión obligó al INABIE a reevaluar procesos y sentó un precedente incómodo: el instituto había actuado fuera del marco legal en varios puntos.
4. 2024: mochilas, zapatos y camisetas
El año electoral no estuvo exento de polémicas. Entre marzo y septiembre de 2024, las licitaciones para adquirir mochilas, zapatos y poloshirts escolares levantaron fuertes críticas. Los suplidores denunciaron “manipulación deliberada” en la evaluación de ofertas, certificaciones técnicas acomodadas y adjudicaciones que beneficiaban a grupos cercanos a funcionarios.
La prensa digital se hizo eco de múltiples quejas. El Nuevo Diario y Hoy titularon que “el negocio de la utilería escolar se convierte en un botín político”. La DGCP recibió una avalancha de recursos de reconsideración, y organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre un patrón de corrupción administrativa.
El monto de estas licitaciones superaba los 6 mil millones de pesos, lo que elevó aún más la indignación pública por el manejo del dinero destinado a la niñez.
5. 2025: hallazgos y remisión a la Procuraduría
Aunque los procesos se realizaron en 2024, los hallazgos salieron a la luz en 2025. La DGCP, en coordinación con la Unidad Antifraude, detectó violaciones a los principios de transparencia y legalidad: criterios flexibilizados sin sustento, oferentes no habilitados y actas sin las firmas reglamentarias.
El informe fue remitido a la Procuraduría para fines penales y administrativos, y la DGCP ordenó cancelaciones parciales y reevaluaciones. El nuevo director de INABIE defendió que “la institución está en proceso de reforma”, pero la percepción pública ya estaba marcada: el INABIE se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la gestión de compras públicas bajo la administración Abinader.
Más allá de los casos específicos, lo que se observa es un patrón recurrente: licitaciones millonarias, denuncias de favoritismo, suplidores marginados, recursos ante la DGCP y, en última instancia, remisiones a la justicia.
El INABIE nunca logró sacudirse la imagen de ser un organismo permeado por prácticas irregulares, a pesar de las promesas de “cambio y transparencia” que caracterizaron la narrativa del gobierno del PRM.
Organizaciones como Participación Ciudadana y la Fundación Justicia y Transparencia han señalado que los problemas del INABIE no son aislados, sino el reflejo de un sistema de compras públicas que aún requiere mayor vigilancia y reformas estructurales.
Impacto político
Estos escándalos tuvieron también repercusión política. La oposición los utilizó como prueba del incumplimiento de las promesas de Abinader de instaurar un gobierno distinto al de sus predecesores. En los medios digitales se volvió común ver titulares que contrastaban la imagen presidencial de “lucha contra la corrupción” con la realidad de un INABIE sumido en denuncias.
Aunque el presidente tomó medidas puntuales —como destituir directores y ordenar auditorías—, la reiteración de las irregularidades minó la credibilidad del discurso gubernamental.
El caso del INABIE durante 2020–2024 se ha convertido en una historia de advertencia sobre cómo instituciones con gran presupuesto y poca supervisión pueden ser caldo de cultivo para prácticas cuestionables.
A cinco años del inicio del gobierno de Luis Abinader, el balance es claro: el instituto que debía velar por el bienestar estudiantil terminó representando uno de los capítulos más polémicos de la gestión oficialista.
La pregunta que queda en el aire es si las acciones judiciales emprendidas en 2025 lograrán cerrar el ciclo de impunidad o si, como en tantos otros casos, la historia se repetirá con nuevos protagonistas. ¿Podrá Adolfo Pérez marcar una diferencia entre las cuestionadas licitaciones gestiones de Cecilio Rodríguez y Víctor Castro?
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