El ex presidente de la República, Hipólito Mejía, ofreció un discurso el martes 6 de marzo, el cual reproducimos a continuación:
Pueblo dominicano:
Me dirijo al país para fijar, con responsabilidad y claridad meridiana, mi posición sobre la impunidad y la corrupción en la República Dominicana, dos graves males que han sido resaltados por el escándalo de Odebrecht.
En el contexto de asombro e indignación social creado por este caso, se dice que los Presidentes de la República, desde 1999 a la fecha, tienen responsabilidad directa en la comisión de los hechos denunciados.
Con ello se pretende dejar en la conciencia pública la idea de que, en nuestro país, todos los gobernantes aprovechan su posición para beneficio propio.
Digo, con firmeza, que en mi caso, eso no es verdad.
El país está indignado, con justa razón, por los altos niveles de impunidad que existen en la República Dominicana.
Yo comparto esa indignación.
Estoy profundamente convencido de que toda persona que ocupe o haya ocupado un cargo público, especialmente la Presidencia de la República, está en la obligación de rendir cuentas de sus actos.
Consecuentemente, hoy hablaré sobre los dos proyectos en que participó la firma Odebrecht durante mi mandato.
Tengo la convicción de que la corrupción y la impunidad son dos graves males sociales que están estrechamente relacionados entre sí. No hay combate real y efectivo a la corrupción sin tener un régimen de consecuencias que frene la impunidad.
En primer lugar, la corrupción no sólo hace daño a las instituciones y a las leyes, sino que también corrompe el alma de los pueblos.
En segundo lugar, la corrupción corrompe y daña los sistemas políticos de nuestras naciones.
¿Cuáles son las consecuencias de la impunidad?
Tenemos que convenir que la impunidad estimula la corrupción; distrae fondos públicos que deberían ser invertidos en mejorar la calidad de vida de la gente; distorsiona la competitividad de la economía; y, de manera particular, contribuye a perpetuar la pobreza y la exclusión social.
Debemos destacar que la corrupción y la impunidad son un pésimo ejemplo para las generaciones jóvenes.
En nuestro país, el maridaje de la corrupción y la impunidad es lo que explica que nuestra nación ocupe el lugar número diez entre los países más corruptos del mundo, y el lugar número ocho en América Latina, tal como reporta el Foro Económico Mundial en su informe sobre competitividad y corrupción del año 2016.
En el país hay un largo rosario de casos de corrupción que han sido soslayados para proteger a funcionarios de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana que han cometido actos dolosos.
Lo cierto, señoras y señores, es que bajo los gobiernos del PLD, una parte importante del patrimonio público fue dilapidada en perjuicio del pueblo dominicano. Esos actos de corrupción han sido cubiertos por un manto de impunidad, mediante el control de la justicia, para asegurar el blindaje a los funcionarios corruptos.
La primera cuenta de este rosario de corrupción fue la Ley de Capitalización de la Empresa Pública, promulgada durante el período de gobierno 1996-2000.
Recuerdo con nostalgia, como muchos de ustedes, las famosas tres “C”, es decir el Consejo Estatal del Azúcar, la Corporación Dominicana de Electricidad, y la Corporación Dominicana de Empresas Estatales.
Esas tres instituciones generaban miles de empleos, aportaban bienes y servicios a la economía y gran cantidad de divisas, contribuyendo así a la distribución de la riqueza y a la dinamización del conjunto de la economía.
Los gobiernos del PLD se encargaron de destruir esas importantes fuentes de riqueza, destruyendo, en algunos casos, la única fuente de empleo, y sembrando así pobreza y miseria en muchos lugares del país.
Eso lo sienten en carne propia los pobladores de San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Monte Plata, San Luis, Guerra, Puerto Plata y Boca Chica, entre otros.
En cuanto a la antigua Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), su privatización, en 1999, significó la pérdida de un importante patrimonio de la nación, a cambio de casi nada.
Fruto de esa privatización, se aumentaron significativamente los subsidios al sector eléctrico, contrario a lo prometido por sus mentores de que los mismos serían eliminados. En cambio, esos subsidios se incrementaron hasta alcanzar un promedio superior a los 600 millones de dólares anuales.
En lo que se refiere al Acuerdo de Madrid, firmado durante mi gestión, la realidad es que este acuerdo permitió mitigar el impacto de los altos precios de los combustibles en el costo de la energía servida, al convertir los contratos de corto plazo en otros de mediano plazo.
Sobre los Acuerdos de Compra de Energía, conocidos como PPA, quiero destacar que durante nuestra gestión no se firmó ninguno. En cambio, se eliminaron 14 contratos por 810 megavatios, firmados por el gobierno anterior. Eso se tradujo en un ahorro de 100 millones de dólares anuales.
Como si lo anterior no fuese suficiente, el país ha visto la comisión de numerosos actos de corrupción que no han sido sancionados por los tribunales competentes. Veamos algunos de ellos:
La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, mejor conocida como OISOE, es un emblema de las anomalías que ocurren en el sector público, ya que allí, según se ha puesto en evidencia, se practica la extorsión, se sobrevalúan las obras y se viola la Ley de Licitaciones, entre otras.
Otro caso lo constituye la compra de varios aviones Súper Tucanos a la empresa brasileña EMBRAER. Hasta hoy, persiste la creencia de que en esa operación hubo sobrevaluaciones y se habrían pagado comisiones por tres millones y medio de dólares.
En este caso, habría que analizar si las irregularidades incluyen también la prima de los seguros para esos aviones.
El Instituto de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), es otra institución donde han ocurrido anomalías. En esa institución, una sola compañía fue beneficiada con nueve contratos, de los cuales ocho fueron suscritos en un solo día.
Estos casos de corrupción que acabamos de ver constituyen solo una muestra de lo que ha ocurrido en los gobiernos del PLD sin que los mismos hayan recibido el castigo que la ley contempla.
Y esa impunidad, señoras y señores, ha abierto una herida moral en nuestra sociedad, que todavía no ha sido sanada.
Esa es la verdadera herida social que genera pobreza, perpetúa la exclusión, y debilita la cohesión social en nuestro país. Esa es la verdadera herida social que no se cura con el clientelismo y la impunidad.
A diferencia de la protección a la corrupción que han hecho otros presidentes, me siento con la conciencia tranquila, y orgulloso de que en mi gobierno se enfrentó con responsabilidad y apego a la Ley uno de los casos de corrupción más graves de nuestra historia reciente.
Me refiero al caso Baninter y otras instituciones bancarias.
En efecto, en el año 2003, cuando se reveló que en este banco se había violado la Ley en perjuicio de miles de ahorrantes, tuve la determinación de enfrentar la crisis que esto generó, y someter a la justicia a los responsables del fraude.
En este caso, a todos los ahorrantes se les pagó su dinero sin macuteo ni extorsión.
Para evitar la repetición de un fraude con esas características y que las arcas públicas tuvieran que cargar con las consecuencias, fue aprobado, por iniciativa nuestra, un nuevo marco regulatorio que incluía, entre otras cosas, transferir la responsabilidad civil a los accionistas de los bancos.
Actué de esa manera, por mi convicción de que la lucha contra la corrupción exige de un régimen de consecuencias, sin impunidad, y con un justo castigo de los culpables.
De igual manera procedí en otros casos de corrupción que involucraron a funcionarios de mi gobierno.
Ahora quiero referirme de manera particular a los dos proyectos en que estuvo involucrada la compañía Odebrecht durante mi mandato.
El primer proyecto que involucró a la Odebrecht, en mi gobierno, fue el Acueducto de la Línea Noroeste.
En efecto, al asumir la Presidencia encontré un contrato de préstamo por un monto de 129 millones de dólares, que había sido aprobado el 7 de octubre del 1999, por el gobierno presidido por el doctor Leonel Fernández, para este importante proyecto.
Decidí darle continuidad a ese proyecto porque conozco, desde hace mucho tiempo, la relevancia del agua potable para mejorar la calidad de vida de los residentes de la Línea Noroeste. De manera muy personal, me sentí en el deber, como presidente, de hacer realidad el sueño de Antonio Guzmán y José Francisco Peña Gómez de dotar agua a esa región.
El proyecto original fue reformulado para conseguir dos objetivos:
Primero, llevar agua potable a comunidades no incluidas en el diseño original, tales como Navarrete, en la provincia de Santiago; Manzanillo, en la provincia de Montecristi; y Carbonera, en la provincia de Dajabón; y la Loma del Flaco, en la provincia de Valverde, entre otras.
En segundo lugar, se buscaba que el acueducto funcionara por gravedad, en lugar de usar bombas de impulsión. Al distribuir el agua por gravedad, los costos de operación del acueducto se reducirían considerablemente durante su vida útil.
El contrato de ejecución de esta obra fue adjudicado a un consorcio integrado por las empresas brasileñas Andrade Gutierres y Odebrecht.
Los cambios introducidos al diseño de esta obra, para alcanzar los objetivos antes mencionados, resultaron en una modificación del presupuesto original de 129 a 141 millones de dólares, solo para el Acueducto de la Línea Noroeste.
Al término del gobierno que presidí, el Acueducto de la Línea Noroeste no estaba concluido. Correspondió al nuevo gobierno continuar esa obra.
El otro proyecto contratado con la empresa brasileña, durante mi presidencia, fue el de la Presa de Pinalito.
Este proyecto consistía en la construcción de una central hidroeléctrica en la provincia Monseñor Nouel, aguas arriba de la presa de Río Blanco.
¿Por qué este proyecto era necesario?
La importancia de esta obra se resumía en dos objetivos principales.
El primero era la generación hidráulica de 50 megavatios de energía eléctrica. Y, el segundo, la protección de la cuenca hidrográfica de la presa de Río Blanco.
Aunque ese proyecto no se ejecutó durante mi presidencia, considero imperativo explicar los pasos dados por mi gobierno para su formulación y búsqueda de financiamiento.
La viabilidad de esta obra había sido determinada en 1984, es decir 16 años antes del gobierno que presidí, por un estudio de pre factibilidad realizado por la Agencia Internacional de Cooperación Económica (JICA), mediante una donación del gobierno de Japón.
Posteriormente, en julio de 2002, se contrató el estudio de factibilidad y diseño definitivo de esa obra. Ese estudio fue hecho por la empresa M.W. Energy, y el mismo fue pagado con una donación de 400 mil dólares, aportada por el gobierno de los Estados Unidos de América, a través de la Agencia de Comercio y Desarrollo.
Basado en los términos técnicos y financieros de ambos estudios, se hizo una invitación a un conjunto de empresas especializadas en este tipo de obras, a fin de que presentaran sus propuestas.
Este proyecto involucró la obtención de dos préstamos:
El primer préstamo se hizo con el Banco Nacional de Desarrollo y Social de Brasil, por el monto de 101 millones 460 mil dólares.
El segundo préstamo se hizo con el ABN AMRO Bank, de Holanda, por un monto de 30 millones 260 mil dólares. Es decir, que el monto aprobado para dicho proyecto fue de 131 millones 720 mil dólares.
Desde octubre de 2002 hasta agosto de 2004 se realizaron tres adenda a este proyecto. Eso resultó en la prórroga del plazo para la propuesta de financiamiento y para incluir, sin alterar el presupuesto, un estudio de impacto ambiental y la supervisión de la obra, entre otras cosas.
Esos cambios representaron un ahorro para el país de seis millones y medio de dólares.
Aunque para el 2004 ya se habían terminado todos los estudios y disponíamos de los recursos para iniciar la ejecución de la obra, la prudencia me aconsejó, que en medio de una campaña electoral, era inoportuno iniciar una obra que trascendía el término de mi gobierno.
Eso significa que durante mi gobierno no se desembolsaron fondos para la Central Hidroeléctrica de Pinalito.
Señoras y señores:
A casi dos meses de que se revelaran al país los hechos que involucran a la Odebrecht, la ciudadanía no ha recibido de las autoridades una explicación convincente de los resultados de sus investigaciones sobre el mismo.
Esa falta de información ha creado una duda sobre si los responsables de dichos actos recibirán las sanciones correspondientes.
La decisión tomada por el juez apoderado de la validación del acuerdo del Estado Dominicano y la ODEBRECHT, de declarar inadmisible dicho acuerdo, añade un nuevo elemento de incertidumbre sobre este caso.
Pueblo dominicano:
Estoy convencido de que, con el caso de Odebrecht, la justicia tiene una gran oportunidad de poner freno a la impunidad.
Para luchar de verdad contra la impunidad, además de las acciones del sistema judicial, es imperativa la movilización de las ciudadanas y ciudadanos.
Quiero decir, con claridad, que doy todo mi apoyo a la movilización constante y pacífica de la ciudadanía, como ocurre en todo el país.
Es así como construiremos una mejor República Dominicana.
Dominicanas y dominicanos:
Quiero, para finalizar, decir con toda la firmeza que el caso demanda, que no tengo nada que ocultar sobre mi conducta como figura pública.
No es la primera vez que, de manera irresponsable, se ha insinuado que he estado involucrado en actos de corrupción. Se me atribuyó la propiedad de la Finca Aguayo; del Proyecto de Mango de Fundación, en Baní; y de la Finca Ganadera de Ysura, en Azua, entre otras. En todos esos casos, el tiempo demostró que tales aseveraciones eran infundadas.
Hoy, también de manera irresponsable, se dice que, en el caso de Odebrecht, podría haber actuado al margen de la ley, lo cual también es incierto.
La lucha contra la corrupción siempre ha sido parte fundamental de mis posiciones políticas. Para muchos, la causa por la que no pude alcanzar la victoria en las elecciones del 2012 fue mi posición intransigente ante ese flagelo y mi actitud de no hacer concesiones a quienes perseguían un pacto de impunidad.
Reto a cualquier persona que, si puede demostrar de manera cierta y veraz, que en el ejercicio de mis funciones públicas o en mis actividades privadas, tanto mi esposa, mi hermana y mis hijos, como yo, cometimos algún acto de corrupción, estaría en disposición de retirarme de la vida política y entregar mi patrimonio al Estado.
Que Dios nos bendiga a todas y a todos.
Muchas gracias.
Comentarios