Tras 16 años de su entrada en vigencia, la República Dominicana debe abrir un debate sobre la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, a fin de actualizar su legislación a los nuevos fenómenos de los cambios tecnológicos, el apagón de la televisión analógico y la defensa de los derechos de los ciudadanos y usuarios.
Así lo planteó el abogado Namphi Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, quien advirtió que el avance de las telecomunicaciones del país ha sido a un nivel tal que la mayoría de las empresas prestadoras de servicios operan en el modelo de la “convergencia”, que les permite ofrecer servicios telefonía, Internet y televisión en una misma red, lo cual ha representado una gran rentabilidad para el sector.
“La radiodifusión, las telecomunicaciones y el Internet avanzan rápidamente hacia un modelo único y convergente multimedia en el cual los operadores de telecomunicaciones sirven imágenes de videos, las empresas de televisión prestan servicios de telefonía y a través de Internet se ofrecen acceso a imágenes y telefonía básica”, puntualizó el profesional del Derecho y la Comunicación.
La Fundación Prensa y Derecho realizará el próximo miércoles el segundo panel sobre la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, en el cual legisladores, juristas y expertos disertarán sobre el tema.
Rodríguez dijo que tras la promulgación de la Ley 153.98, en mayo de 1998, la digitalización de las telecomunicaciones ha cambiado radicalmente el mercado y ha creado una serie de servicios convergentes que requieren una nueva regulación.
Aseguró que esas transformaciones serán más profundas a partir del 2015,cuando se produzca la transformación del espectro radioeléctrico por la entrada en operación de la televisión digital terrestre (TDT) o el denominado “apagón analógico”.
Desde el punto de vista técnico, según el abogado, las transmisiones digitales traerán la compresión de las señales de los canales de UHF y VHF, lo cual permitirá aglutinarlos en los números de abajo (del 2 al 45), puesto que se elimina la adyacencia y las interferencias.
“En otros países esa situación ha permitido crear las televisiones especializadas, es decir, la TV temática, ya que el titular de una frecuencia puede operar un número de hasta 4 canales en la misma por la precisión de las señales digitales”, adujo.
El presidente de Prensa y Derecho precisó que en la reforma de la Ley 153-98, de Telecomunicaciones, habrá que redefinir los derechos y obligaciones de los concesionarios de frecuencias, así como su relación con los operadores de servicios cables para saber cuántos canales podrán incluir en esas redes, a fin de no afectar los “paquetes enlatados” que ofrecen al público.
Sin embargo, puntualizó que esa transformación del espectro radioeléctrico permitirá al Estado disponer de las frecuencias que se encuentran del 45 hacia arriba, las cuales podrá licitar a las telefónicas y otros servicios de telecomunicaciones, lo que le representará ingresos entre los 400 y los 500 millones de dólares.
“Además de crear una infraestructura de recepción de señal digital (cajitas receptoras y cambios de televisores), se requiere hacer un plan con los operadores de televisión para cuantificar la inversión que tendrán de realizar en nuevos equipos de transmisión digital, así como reformar todo el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias y Hacer un Reglamento Técnico de Prestación de Servicio de Televisión Digital Terrestre”, añadió el especialista en Derecho Constitucional y de la Comunicación.
Desde el punto de vista de las empresas telefónicas, con la llegada de Altice y Claro, los servicios de telecomunicaciones han variado, puesto que se ha pasado de un mercado dominado preponderantemente por un operador (Claro-Codetel) a una situación de abierta competencia tanto en los servicios domiciliarios como portátiles.
“Esa situación, y una serie más de nuevos imperativos de los cambios tecnológicos, hacen imprescindible que nos planteemos la reforma de la Ley de Telecomunicaciones, a fin de garantizar mejor los derechos de los usuarios y ciudadanos, así como reforzar la potestad sancionadora del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones y redefinir el tema de la brecha digital y el servicio universal a través de Internet de calidad gratis para la población”, concluyó.
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