La Fuerza del Pueblo (FP) denunció este martes que legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) impulsan en el Senado un proyecto de ley que pretende autorizar erogaciones por miles de millones de pesos del Tesoro Nacional para saldar supuestas deudas contraídas por el Estado en obras de infraestructura ejecutadas al margen de la ley.
Durante una rueda de prensa, Raúl Martínez, secretario de Asuntos Jurídicos de la FP, calificó la iniciativa como un “mayúsculo desatino” que contraviene la Constitución y las normas de control financiero, además de representar una amenaza directa a la sostenibilidad fiscal del país.
Martínez explicó que el proyecto busca reconocer como acreedores del Estado a cientos de personas físicas y jurídicas, sin que se haya determinado previamente la validez de los contratos, la efectiva ejecución de las obras o los montos reales adeudados. Según el dirigente, esto permite pagar por trabajos que no fueron contratados bajo los procedimientos normativos vigentes, lo que podría derivar en actos de corrupción a gran escala.
“Esta propuesta legisla de manera irresponsable y opaca. Abre la puerta a que el Estado pague facturas sin respaldo contractual, debilitando los mecanismos de control del gasto público y el endeudamiento estatal”, afirmó Martínez.
El vocero recordó que una iniciativa similar fue anteriormente observada (vetada) por el Poder Ejecutivo a principios de año. Sin embargo, los diputados del PRM han insistido en retomarla. La FP sostiene que la pieza viola principios constitucionales fundamentales como la responsabilidad financiera y la legalidad presupuestaria, así como leyes clave como las leyes Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, la de Crédito Público, la de Planificación e Inversión Pública y las normativas recientes sobre contrataciones públicas.
Ante este escenario, la Fuerza del Pueblo exigió al Senado de la República rechazar definitivamente el proyecto. Asimismo, instó al Poder Ejecutivo a mantenerse firme en su postura de defensa de las finanzas públicas: si la Cámara Alta aprueba la medida, el Presidente debe abstenerse de promulgarla y devolverla al Congreso con las observaciones correspondientes.
La organización política aseguró que se mantendrá en estado de alerta permanente (“modo centinela”, en línea con su doctrina de vigilancia cívica) frente a cualquier intento de legitimar el manejo discrecional de los recursos del Estado.
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