En la memoria colectiva de los dominicanos existe una fecha que se convirtió en sinónimo de dolor, caos social y represión: abril de 1984. Aquel año, siendo yo un joven de apenas 20 años, el país vivió una de las crisis más violentas de su historia reciente. Han pasado ya 41 años, pero el recuerdo sigue latente como advertencia cada vez que se habla de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Lo que detonó la llamada «poblada» fue el cumplimiento a rajatabla de un acuerdo stand-by con el FMI. El gobierno de entonces aplicó medidas de corte fondomonetarista que buscaban estabilizar la economía: devaluación del peso, liberación de los precios de los combustibles, aumentos en la tarifa eléctrica y en los productos de primera necesidad, así como el recorte de subsidios. En términos técnicos, se trataba de un ajuste estructural. En términos humanos, fue una tragedia.
El resultado fue inmediato: una revuelta popular que se extendió por varios días, dejando cientos de muertos, miles de heridos, saqueos en supermercados, incendios en negocios, enfrentamientos con la Policía y un clima de miedo que paralizó al país. La magnitud de la violencia fue tal que el presidente Salvador Jorge Blanco se vio obligado a decretar un toque de queda, ya que las fuerzas policiales y militares no pudieron contener el caos social. Aquellas medidas, que en los papeles del FMI eran simples «condicionalidades», se tradujeron en hambre, violencia y desesperación en las calles.
Hoy, en 2025, la República Dominicana se enfrenta nuevamente a la posibilidad de un pacto con el FMI. El presidente Luis Abinader, en su rol de jefe de Estado y administrador de la cosa pública, tiene la responsabilidad de aprender de la historia y evitar que el país caiga en un ciclo de ajustes que terminen sacrificando a las mayorías.
No se trata de rechazar por completo la cooperación con organismos internacionales. El FMI puede ser un aliado técnico para estabilizar cuentas externas, mejorar indicadores macroeconómicos y dar confianza a los inversionistas. Pero también puede convertirse en un verdugo social cuando sus recetas se aplican sin sensibilidad, sin un plan de amortiguamiento y sin políticas redistributivas claras.
Por eso mi advertencia es clara: cuidado, presidente Abinader, con lo que pacta con el FMI. Las consecuencias de un acuerdo mal diseñado no las pagan los tecnócratas ni los organismos financieros, sino el pueblo que ya vive con estrecheces, con un alto costo de vida y con un sistema social limitado.
Si algo debería recomendar hoy el FMI no es más devaluación, más impuestos ni más austeridad, sino mejorar la calidad del gasto público y combatir de frente la evasión fiscal. En lugar de aplicar medidas que recaen sobre la población trabajadora, el Estado debe mirar hacia adentro y hacia arriba: hacia quienes más se benefician del modelo económico y, sin embargo, menos contribuyen al fisco.
El vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, ofreció datos reveladores en una entrevista reciente en el programa «Matutino Su Mundo». Según explicó, la evasión del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) ronda un 46%, mientras que la evasión del Impuesto sobre la Renta alcanza un 67%. En otras palabras: de cada 100 pesos que deberían ingresar al Estado por concepto de impuestos, casi la mitad no entra por la puerta de la evasión.
¿No sería más lógico que el FMI, en vez de presionar por aumentos en la tarifa eléctrica o en el precio del combustible, presione para que el gobierno cierre esas brechas? ¿No sería más justo que se castigue la evasión de los grandes contribuyentes, en lugar de seguir cargando el peso del ajuste sobre los sectores populares y la clase media?
Además de la evasión, otro aspecto crucial es la calidad del gasto. La República Dominicana ha crecido en las últimas décadas, pero el desarrollo social no marcha al mismo ritmo. ¿Dónde se van los recursos del Estado? ¿Qué porcentaje se queda en burocracia, en gastos clientelares o en partidas que no generan desarrollo?
El FMI debería alentar al gobierno dominicano a reorientar su gasto hacia áreas que realmente mejoren la productividad y el bienestar: educación de calidad, salud pública eficiente, infraestructura sostenible y apoyo a sectores productivos estratégicos. No basta con tener más dinero en las arcas; hay que saber invertirlo para que el crecimiento económico se traduzca en progreso social.
El país no puede darse el lujo de repetir 1984. Aquella tragedia fue una lección amarga de lo que ocurre cuando se aplican medidas de ajuste sin pensar en sus repercusiones sociales. Hoy, 41 años después, la historia nos da la oportunidad de actuar con inteligencia y evitar un nuevo desgarro en el tejido social.
Si el gobierno decide avanzar en un acuerdo con el FMI, debe hacerlo con una visión soberana, priorizando al pueblo dominicano y no simplemente los indicadores macroeconómicos. El equilibrio fiscal es importante, pero lo es más la paz social, la cohesión ciudadana y la esperanza de un futuro justo. Presidente Abinader, los recuerdos de 1984 siguen vivos. Usted tiene la oportunidad de no repetirlos.
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