El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini demandó de las autoridades competentes, Ministerio de Educación, Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología y Tribunal Constitucional, el hacer valer y cumplir las disposiciones del artículo 63 numeral 13 de la Constitución cuando dispone; bajo el epígrafe Derecho a la Educación que: Con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada, serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica.
En consecuencia, Potentini entiende que la medida debe hacerse extensiva a las universidades y colegios privados, para con ello honrar efectivamente el voto constitucional del artículo 63.13, el cual también incluye a las universidades y a los colegios privados.
La entidad cívica considera que la difusión y conocimiento de la Constitución, servirá para forjar una ciudadanía más consciente de sus derechos y deberes, propiciando un despertar ciudadano y empoderamiento cívico, el cual llevará al pueblo a reclamar en todos los escenarios sus derechos, con ello honrando las palabras lapidarias del profesor Juan Bosch, cuando decía que: Los derechos son como una tubería, si no se usan se tapan.
Reclamo a la clase política. La Fundación JT ve como el reto fundamental y reclama de la clase política dominicana, el concretar y hacer efectivo las conquistas constitucionales plasmadas en nuestra Carta Magna en el plano social, democrático y jurídico con la novedosa y revolucionaria adopción en su artículo 7 del denominado Estado Social y Democrático de Derecho, supeditando de entrada al resto del ordenamiento constitucional como valores y principios supremos, la dignidad humana, los derechos fundamentales; así como todos aquellos temas estructurales e institucionales que propendan a priorizar a las personas como destinatarios naturales de las responsabilidades inherentes al Estado a la hora de procurar el bienestar común, la igualdad, la justicia social, la libertad, el imperio de la ley y la convivencia pacífica en el seno de la sociedad.
Potentini entiende que las múltiples tareas y compromisos pendientes de cara a la implementación de la nueva constitución, empañan la institucionalidad y el clima democrático del país, emergiendo con ello el temor y la fundada preocupación de que estemos en presencia de una constitución meramente formal (un pedazo de papel) al servicio de la clase política para justificar y legalizar el ejercicio del poder.
La entidad cívica hace votos para que como sociedad dominicana vivamos en constitución, respetándola y honrándola, como única garantía de justicia social, gobernabilidad e institucionalidad democrática.
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