Santo Domingo vuelve a colocarse ante los ojos de la región. Desde el 24 de julio y hasta el 8 de agosto, miles de atletas participan en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, una edición especial que coincide con el centenario de esta competencia regional. Durante estas semanas celebraremos medallas, récords, ceremonias y victorias, pero también debemos observar lo que ocurre fuera de los escenarios deportivos; la ciudad ha sido intervenida, remozada y preparada para recibir visitantes.
Los Juegos han obligado a recuperar instalaciones que durante años reclamaban mantenimiento. El Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el Parque del Este y otros espacios deportivos muestran una imagen renovada. También han sido atendidos entornos, vías, áreas verdes, estacionamientos y accesos peatonales. Incluso la movilidad ha debido repensarse, promoviendo el uso del Metro y restringiendo la circulación vehicular dentro del Centro Olímpico.
Todo esto demuestra una realidad que debería hacernos reflexionar, y es que cuando existe una fecha impostergable, coordinación institucional y supervisión permanente, la ciudad puede transformarse. Lo que muchas veces tarda años se ejecuta con rapidez cuando el país asume un compromiso internacional. La pregunta inevitable es por qué esa capacidad de respuesta aparece con tanta fuerza ante un evento y no siempre frente a las necesidades cotidianas de los ciudadanos.
Una ciudad no debería necesitar estar de fiesta para ser limpiada, iluminada, señalizada y organizada. Tampoco debería esperar la llegada de delegaciones extranjeras para recuperar sus aceras, proteger sus áreas verdes o mejorar sus espacios públicos. La verdadera prueba de estos Juegos comenzará cuando se apague el pebetero, se desmonten las estructuras temporales y los atletas regresen a sus países.
El legado no puede medirse únicamente por la cantidad de obras entregadas. Una instalación deportiva cerrada, deteriorada o sin programación comunitaria pierde rápidamente su valor social. Cada pabellón remodelado debe contar con presupuesto de mantenimiento, administración responsable, seguridad, personal capacitado y programas que permitan su aprovechamiento por atletas, clubes, escuelas y comunidades.
La inversión pública encuentra su verdadera justificación cuando las obras permanecen útiles, accesibles y bien cuidadas, mucho después de desaparecer las cámaras, los discursos y las ceremonias oficiales.
Lo mismo debe ocurrir con las intervenciones urbanas. Las calles reparadas deben conservarse; los espacios peatonales deben respetarse; las áreas verdes deben protegerse; el transporte colectivo utilizado durante el evento debe seguir fortaleciéndose. El orden mostrado durante los Juegos no puede desaparecer al día siguiente de la clausura.
Aquí surge también una responsabilidad municipal. Los ayuntamientos y juntas de distritos municipales vinculados a las sedes deben participar activamente en la preservación del entorno, el manejo de residuos, la regulación del espacio público, la movilidad y el mantenimiento urbano. El Gobierno central puede construir y remodelar, pero la sostenibilidad cotidiana requiere coordinación territorial, recursos permanentes y responsabilidades claramente definidas.
Estamos en juegos, ciertamente. Pero también estamos frente a una oportunidad para demostrar que el desarrollo urbano no consiste en preparar una ciudad para una fotografía internacional, sino en hacerla más habitable para quienes la recorren todos los días.
Cuando terminen las competencias quedará la responsabilidad mayor; cuidar lo construido, abrirlo a la ciudadanía y convertir la inversión realizada en bienestar duradero. La medalla más importante será lograr que, después de los Juegos, Santo Domingo continúe funcionando como una ciudad que aprendió a organizarse, a mantenerse y a respetar a sus habitantes.
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