La justicia dominicana vive hoy una paradoja que no puede ignorarse. Mientras el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, proclama avances históricos y llama a preservar una reforma que —asegura— ha reducido la mora, fortalecido la transparencia y acercado los tribunales a la ciudadanía, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) declara 2025 como “el año del retroceso judicial”, denunciando una justicia cara, lenta y excluyente. Dos visiones opuestas que, lejos de anularse, revelan una verdad más compleja y urgente: el sistema judicial ha cambiado, sí, pero no al ritmo ni con la profundidad que la sociedad demanda.
El discurso institucional de Henry Molina no carece de sustancia. Que el 87 % de los tribunales esté al día, que se hayan eliminado expedientes con más de 12 meses de retraso y que la digitalización permita trámites remotos con firma electrónica son logros que hace una década parecían inalcanzables. La expansión de infraestructuras judiciales, la apuesta por mecanismos alternativos de resolución de conflictos y la creación de plataformas de transparencia apuntan, sin duda, a un Poder Judicial más moderno y alineado con estándares democráticos.
Sin embargo, el optimismo del alto tribunal choca frontalmente con la experiencia cotidiana de miles de abogados y ciudadanos. La Marcha Nacional por la Dignidad del Abogado y el Acceso a la Justicia, convocada por el CARD, no surge del capricho ni de la retórica política, sino de una sensación extendida de frustración. Mora judicial persistente en determinadas jurisdicciones, sentencias que no se ejecutan, tribunales improvisados en furgones, burocracia asfixiante en la jurisdicción inmobiliaria y un acceso desigual a la justicia administrativa configuran un panorama que contradice las estadísticas oficiales.
El punto de mayor fricción es el presupuesto. No hay reforma judicial sostenible sin recursos suficientes. El CARD acierta al señalar que una justicia subfinanciada termina siendo una justicia selectiva, donde el ciudadano común paga los costos de la lentitud y la precariedad, mientras los poderosos encuentran atajos. Resulta paradójico hablar de independencia judicial cuando jueces y servidores carecen de condiciones dignas, y cuando abogados del propio sistema reclaman salarios mínimos y respeto a la carrera judicial.
Ambas posturas, lejos de ser irreconciliables, deberían dialogar. El Poder Judicial tiene razón al defender los avances logrados y al advertir que no se puede retroceder. Pero el gremio de abogados también acierta al exigir que la reforma deje de ser percibida como un proceso centralizado, distante y, en ocasiones, desconectado de la realidad de los estrados. Las cifras no pueden sustituir la percepción de justicia vivida por la gente.
La verdadera pregunta no es si hay avances o retrocesos, sino para quién. Una justicia que progresa en lo tecnológico pero falla en lo humano corre el riesgo de perder legitimidad. La reforma judicial dominicana necesita continuidad, sí, pero también corrección de rumbo, mayor presupuesto, apertura al escrutinio y voluntad política para cumplir la Constitución, especialmente en materia de jurisdicción administrativa.
Entre el discurso del progreso y el grito del retroceso se encuentra la oportunidad: convertir la tensión actual en un punto de inflexión para construir una justicia que no solo funcione mejor, sino que se sienta justa. Solo entonces, la reforma dejará de ser un eslogan institucional para convertirse en una realidad compartida.
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