La reciente decisión judicial que negó la libertad condicional al comunicador Pablo Ross, condenado por el abuso sexual de una hijastra, ha reabierto en la República Dominicana un debate necesario sobre justicia, impunidad y confianza ciudadana en las instituciones. Aunque el beneficio está contemplado en la ley, su aplicación en casos de delitos sexuales despierta tensiones que trascienden lo estrictamente jurídico.
La libertad condicional es un mecanismo legal que permite a un condenado reinsertarse en la sociedad bajo ciertas condiciones: haber cumplido una parte de la pena, mostrar buena conducta, reparar los daños y comprometerse a reglas de conducta que determine el juez. Es un derecho reconocido en el marco penitenciario dominicano y, en teoría, puede favorecer a cualquier persona que cumpla los requisitos. Sin embargo, cuando se trata de casos de alto impacto, la sociedad no percibe la medida con neutralidad.
La polémica se agudizó con la reacción de la periodista y escritora Emilia Pereyra, quien reveló que también fue víctima de acoso por parte de Ross cuando ambos trabajaban en CDN. En aquel momento, Pereyra decidió guardar silencio para evitar un escándalo, pero ante la noticia de su libertad condicional, rompió el silencio y expresó con firmeza que Ross debe cumplir íntegramente su condena. Su testimonio no solo añade un ángulo personal al caso, sino que también refleja lo que viven muchas mujeres: el dilema de callar para evitar daños colaterales o hablar para exigir justicia.
Este tipo de denuncias no se puede analizar al margen del impacto del movimiento #MeToo, que estalló en 2017 en Estados Unidos y se expandió al mundo como una ola de visibilización de abusos y acosos sexuales. Bajo la etiqueta #MeToo, miles de mujeres compartieron sus experiencias, evidenciando la magnitud de un problema que durante décadas había sido minimizado o silenciado. El movimiento no solo apuntó contra individuos, sino contra sistemas de poder que permitían la impunidad.
En ese marco cultural, cada decisión judicial sobre delitos sexuales se convierte en un mensaje social. La libertad condicional de Ross no fue vista únicamente como una aplicación de la ley, sino como un símbolo de cómo el sistema dominicano responde frente a agresores sexuales. Para algunos, la decisión judicial fue correcta: la ley no distingue entre un ciudadano anónimo y una figura pública. Para otros, representa un retroceso, porque envía a la sociedad la señal de que incluso en casos graves la justicia puede ser indulgente.
El debate no está en la existencia misma de la libertad condicional, sino en su legitimidad social. En un país con altos niveles de desconfianza en las instituciones, cada beneficio otorgado a un condenado por delitos sexuales despierta sospechas sobre privilegios y trato desigual.
La voz de Emilia Pereyra resulta clave en esta discusión. Su testimonio conecta con el espíritu del #MeToo y pone en primer plano la dimensión humana de estos procesos. Hablar, años después, no solo es un acto de valentía personal, sino también un llamado a que la sociedad dominicana se tome en serio la lucha contra la violencia de género y el acoso sexual.
En definitiva, la justicia no puede medirse solo por la fría aplicación de la ley. Necesita también legitimidad, confianza y sensibilidad social. La libertad condicional es un derecho que busca equilibrar la rehabilitación del condenado con la seguridad colectiva, pero cuando se aplica a delitos que marcan de manera irreversible a las víctimas, el debate deja en claro que todavía tenemos una deuda pendiente: construir un sistema que garantice justicia plena y que esté a la altura del reclamo de dignidad que exigen las mujeres.
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