La corrupción no es solo un obstáculo ético o un problema administrativo: es, ante todo, un freno estructural al desarrollo de la República Dominicana. Esa fue la idea transversal que dejó al descubierto el congreso «Lucha contra la corrupción: desafíos y oportunidades en RD y la región», organizado por el Ministerio Público.
Pero más allá de los datos, de las cifras y de la tecnicidad jurídica, este encuentro puso en relieve una verdad ineludible: el país no alcanzará su máximo potencial mientras la corrupción siga drenando la eficiencia del Estado, debilitando la confianza pública y congestionando un sistema judicial que, por diseño, no puede seguir cargando con procesos interminables.
Durante el panel especializado sobre acuerdos judiciales, las intervenciones de Ángel Brito Pujols, Ramón Núñez y Daniel R. Alonzo convergieron en un mismo diagnóstico: combatir la corrupción exige algo más que voluntad; requiere estructuras procesales que permitan actuar con inteligencia, rapidez y eficacia.
En un país donde ingresan más de 30,000 casos penales al año y donde cada expediente se multiplica en decenas de incidencias procesales, pretender que todo llegue a juicio es insistir en un modelo que ya no funciona. No es solo una cuestión de técnica jurídica, es una urgencia nacional.
Brito Pujols, director de la Escuela Nacional de la Judicatura, lo planteó con crudeza: la cultura de litigiosidad dominicana ha provocado una congestión que hace casi inviable la persecución penal efectiva en los casos más complejos, especialmente los relacionados con corrupción y crimen organizado. Estos expedientes, densos, multifactoriales, repletos de pruebas, testigos y actores diversos, exigen una justicia capaz de tomar decisiones oportunas, no atrapada en un circuito interminable de revisiones y recursos.
El abogado y consultor Ramón Núñez recordó que la criminalidad organizada demanda respuestas diferenciadas. En un entorno donde los recursos del Estado son limitados, la racionalización se convierte en una obligación, no en un lujo.
Los modelos más modernos del derecho procesal, incluidos los recogidos en las reformas dominicanas, ya establecen mecanismos alternativos, como los acuerdos, conciliaciones, suspensiones condicionales, que permiten focalizar esfuerzos en lo verdaderamente esencial: desarticular las estructuras delictivas y evitar que el sistema colapse.
Daniel Alonzo, exfiscal federal de Estados Unidos, llevó ese planteamiento al plano de la eficacia real: ningún sistema anticorrupción del mundo puede sostenerse si el 95% de los casos intenta resolverse en un juicio oral. La experiencia internacional demuestra que los acuerdos judiciales no son un atajo, sino una herramienta estratégica para alcanzar la verdad procesal, lograr condenas efectivas y, sobre todo, revelar y desmontar redes completas de corrupción.
El país está en un momento decisivo. La sociedad exige transparencia, resultados y sanciones que no sean simbólicas. Pero para lograrlo, el país necesita un sistema penal que funcione con la lógica de la eficiencia, no con la inercia del formalismo. El combate a la corrupción no es solo un reclamo ciudadano: es la base para consolidar instituciones fuertes, garantizar que los recursos públicos se utilicen donde deben y, finalmente, encaminar al país hacia un desarrollo sostenible.
Sin una justicia capaz de actuar con rapidez y contundencia, la corrupción seguirá siendo el principal obstáculo del progreso dominicano. La aspiración nacional debe ser clara: un Estado que prevenga, sancione y desmantele la corrupción con la misma firmeza con la que aspira a crecer y prosperar.
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