El presidente de El Salvador, Nayib Bukele duró mucho tiempo gobernando en su primer mandato bajo un «régimen de excepción» a raíz de 87 asesinatos ocurridos en un solo fin de semana, a manos de las terribles bandas La Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18, al inicio de su gobierno. Bandas conformadas por jóvenes que por cualquier razón decidieron el camino de la violencia, violaciones, extorsiones y todo tipo de actividad criminal que usted pueda imaginarse. Sí, había que hacer algo de manera urgente, poder controlar el infierno en el que se ha convertido ese pequeño país tan manchado de sangre y violencia desde hace largas décadas. El país del crimen organizado, pero obvio, no el único.
Un año bajo un «régimen de excepción» que se lleva a la cárcel a cualquiera que pueda estar en la calle caminando y a las autoridades le parezca sospechoso sin orden judicial, suspendiendo el derecho a la defensa.
Las organizaciones que velan por los derechos humanos pegan el grito al cielo por estas detenciones que, según ellos, en algunos casos, son injustas. Y uno piensa, cuando uno de esos criminales viola o le quitan la vida a una persona ¿dónde están los derechos humanos para hacer justicia?
El «régimen de excepción» no ha sido la única medida que implementó Bukele en su país, ya en el 2020 ordenó: sellado de celdas y suspensión de visitas bajo un encierro total en las cárceles, en 2021 expulsó a un tercio de los 690 jueces del país y de decenas de fiscales, y en el 2022 instauró «declaración del Estado de excepción» y aumento de penas de 9 a 45 años para jefes de Maras, sanciones a medios de comunicación que publiquen mensajes de pandillas, hasta 15 años por pintar grafitis alusivos a Maras, menores integrantes de Maras serán juzgados como adultos, aislamiento y reducción de alimentos a esta población carcelaria, entre otras.
Recientemente, conversé en el podcast «Cuarto de ensayo» con la periodista salvadoreña Julia Gavarrete, ganadora del premio de periodismo Ortega y Gasset que otorga el periódico español El País, por la mejor historia/reportaje titulado «Una familia que no debe nada huye del régimen de excepción», y me contó la odisea de esa familia que se siente perseguida y deambulan desde hace meses por El Salvador para evitar ser apresados. Una familia que demostró con pruebas ante la justicia que no tenía nada que ver con bandas criminales, pero viven con miedo. Gavarrete entiende que era necesario hacer algo para frenar tanta violencia, pero el asunto es que ese «freno» se está llevando a inocentes a esas cárceles, sin distinción.
El presidente Bukele con un 95% por ciento de aceptación y popularidad en estos momentos en su país, construyó la cárcel más grande toda Latinoamérica llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo y se ha conocido que Bukele negoció con estas bandas criminales, según una acusación contra altos funcionarios presentada la semana pasada en la Fiscalía de Estados Unidos, para lograr una reducción de asesinatos y aumentar así su popularidad. ¿Qué gobierno en el mundo no ha negociado, o conversado con terroristas para tratar de paliar la situación?
En ese sentido, hace pocos días, el presidente colombiano Gustavo Petro y Bukele se enzarzaron en un intercambio de comentarios a través del Twitter, donde Petro le recriminaba del porque no atajaba la situación de la violencia creando empleos, fomentar más educación y servicios y Bukele le contestó «los resultados pesan más que la retórica, de más 100 homicidios por cada 100,000 habitantes, ahora estamos en cifras de un solo dígito».
Así las cosas, Bukele se ufanó en Twitter: «Finalizamos el primer día de marzo con cero homicidios a nivel nacional. Hemos transformado el país más inseguro de AL, al país más seguro». Nayib Bukele, puede ser populista o autoritario según algunos, pudo haber nombrado su gobierno para apoyar su reelección, pero en este tema tiene que tener mano dura con las bandas.
Su otro problema es la propaganda con el BitCoin, una gran estafa.
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