El lawfare, entendida como la instrumentación del aparato judicial y mediático para perseguir adversarios políticos bajo el pretexto de combatir la corrupción, se ha convertido en una estrategia creciente en América Latina. Desde Brasil hasta Colombia, pasando por Perú y Argentina, este fenómeno ha dejado una impronta profunda en la dinámica política de la región.
Hoy, en República Dominicana, el presidente Luis Abinader ha activado con fuerza el Ministerio Público contra figuras emblemáticas del pasado, especialmente del PLD. La pregunta que nos convoca es: ¿será esta estrategia efectivamente funcional de cara al 2028… o terminará agotándose?
A lo largo de este análisis, combinaremos la situación local con casos emblemáticos regionales: Lula en Brasil, Pedro Castillo en Perú, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y Álvaro Uribe en Colombia; junto a un fuerte énfasis en la Operación Lava Jato —un antecedente clave del lawfare brasileño.
El Poder Judicial como instrumento político
Desde su llegada al poder en 2020, el presidente Abinader ha impulsado investigaciones de alto impacto contra exfuncionarios del PLD, cimentando su bandera anticorrupción. Operativos como Medusa o Antipulpo han ocupado titulares, mientras el Ministerio Público —con independencia cuestionada por algunos sectores— desplegó una narrativa de “cero impunidad”.
Pero desde la oposición y analistas críticos, se observa una lectura más política: los procesos administrativos filtran detalles criminalizantes a los medios, amplificando su efecto mediático antes que judicial. Se teme que el Ministerio Público esté actuando más como brazo político del oficialismo, en una versión local del lawfare, con el objetivo de neutralizar al adversario mientras se construye una reputación de integridad. ¿Es justicia, o es estrategia electoral?
El caso brasileño: Lava Jato y Lula
La Operación Lava Jato (Operación Lavado de Autos) estalló en marzo de 2014 como una de las mayores investigaciones anticorrupción en la historia de Brasil, con más de 1 000 mandatos de busca, arrestos y fases operacionales que abarcaron hasta 2021 . Con foco en Petrobras, involucró desde políticos hasta empresarios emblemáticos.
En el caso de Luiz Inácio Lula da Silva, fue acusado por corrupción y condenado, lo que lo impidió correr para las elecciones y terminó en prisión en 2018 . Sin embargo, su defensa logró demostrar que hubo parcialidad judicial: se revelaron mensajes internos entre el juez Sérgio Moro y los fiscales, conspirando para perjudicarlo . Finalmente, el Supremo Tribunal Federal anuló sus condenas, concluyendo que hubo parcialidad, y Lula recuperó su elegibilidad política .
Este caso es paradigmático del lawfare latinoamericano: uso del sistema penal para impedir el acceso de liderazgos populares al espacio electoral, con impactos sistémicos profundos.
Perú: Pedro Castillo y la judicialización del quiebre institucional
Pedro Castillo, elegido presidente de Perú en 2021, fue rápidamente acusado de intentar un autogolpe en diciembre de 2022, lo que dio pie a su destitución y detención . Aunque existen testimonios sobre la intención de disolver el Congreso, muchos analistas y sectores populares interpretan la reacción como desmedida, promoviéndose una narrativa mediática-judicial que buscó aniquilar rápidamente su figura.
Desde observatorios como CODEPINK se denunció que este proceder apuntó más a una ingeniería política que a una legítima respuesta institucional: se acusó a figuras del aparato judicial y mediático de orquestar una operación de lawfare para debilitar un gobierno electo .
Argentina: Cristina Kirchner en el centro del debate judicial-político
La expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción en el caso Vialidad, en el cual se la acusa de beneficiar a un empresario amigo con contratos negligentes . La Corte Suprema de Argentina confirmó esta sentencia .
Cristina ha denunciado que se trata de lawfare puro: un proceso judicial parcializado, impulsado por poderes concentrados y el establishment mediático, en función de eliminarla políticamente . El Partido de los Trabajadores de Brasil —aliado político de peso— comparó su caso al de la persecución de Lula vía Lava Jato .
Colombia: Álvaro Uribe y la bipolaridad judicial
El expresidente Álvaro Uribe fue hallado culpable por fraude procesal y soborno a testigos, cerrando un litigio judicial de casi 13 años . Su entorno político reaccionó denunciando lawfare, acusando al sistema judicial de estar capturado por el gobierno de Gustavo Petro y usándose como arma política .
Uribe, por largo tiempo, ha cultivado una narrativa moralista y de seguridad. Su condena —aunque apelable— se inserta en una polarización polarizante donde el poder judicial se convierte en campo de batalla político .
Convergencias y lecciones regionales
Si consideramos estos ejemplos, hay varios patrones compartidos: judicialización de la política: Los procesos legales no se evalúan sólo por su veredicto, sino por el impacto político previo —a menudo mediático— que generan, prescindiendo de pruebas sólidas o de la defensa.
Uso selectivo y simbólico: Los casos son elegidos no sólo por su posible materialidad, sino por el peso simbólico de quienes están siendo acusados: líderes populares o con capacidad de movilización.
Alianzas entre jueces, fiscales y medios: En muchos casos se observó coordinación entre sectores judiciales y prensa para construir una narrativa criminalizadora previa a los juicios, como en Lava Jato o Kirchner .
Resistencia política de los acusados: En todos los casos, los acusados respondieron reclamando persecución ideológica y denunciando lawfare, lo que moviliza a sectores de opinión pública.
El lawfer dominicano: proyección hacia 2028
Volviendo al escenario dominicano, la gran incógnita es si el uso agresivo del Ministerio Público y la criminalización del pasado serán sostenibles hacia 2028.
Puntos a favor: transmite anticorrupción, consolidando la legitimidad del gobierno; desarticula estructuras opositoras asociadas al pasado.
Refuerza la identidad política de Abinader como verdugo del nepotismo y la impunidad.
Riesgos estratégicos: el desgaste del discurso: si no se ve en la vida cotidiana mejoras tangibles (salario, salud, seguridad), la narrativa se vacía. Reacción electoral: el electorado podría cansarse de la judicialización si percibe que se criminaliza por razones políticas.
Nacionalización del backfire: como en otros países, puede surgir una narrativa de fin de ciclo, donde los acusados se convierten en víctimas y logran rearticular su base social.
Lawfare de Abinader: ¿tiene fecha de caducidad?
El lawfare se ha convertido en una herramienta recurrente en América Latina para modelar escenarios políticos. Desde Brasil (Lava Jato y Lula) hasta Argentina (Kirchner), Perú (Castillo) y Colombia (Uribe), esta estrategia ha golpeado a líderes con gran capacidad simbólica.
En República Dominicana, el lawfare de Luis Abinader, tal como lo bautizamos en el título, puede ser efectivo si genera resultados de gobernabilidad y legitimidad. Pero tiene una fecha de vencimiento: la política no se reduce a tribunales. La ciudadanía pide resultados, no excesos judiciales.
¿Será suficiente para asegurar continuidad en el poder hasta 2028, o encontrará su límite en el desencanto colectivo? América Latina ya dio experiencia: el lawfare es una herramienta poderosa, pero no invencible.
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