Hay casos que ponen en duda la verdadera independencia y objetividad de la prensa y los medios de comunicación, especialmente cuando el gran capital económico está involucrado en procesos judiciales. Estas situaciones, incluso más que los escándalos protagonizados por políticos de cualquier rango, ponen a prueba la independencia comunicacional.
Esto ocurre porque muchos políticos cometen actos reñidos con la ley, aunque otros sean ejemplo de honestidad. Al final, como dice el refrán, el dinero mueve al mundo, y el caso Jet Set lo confirma. Más de 500 personas, entre muertos, heridos y afectados, fueron víctimas de un hecho repentino que guarda relación con la responsabilidad de sus propietarios y de las instituciones gubernamentales encargadas de supervisar obras públicas y privadas para garantizar la seguridad ciudadana.
Numerosos vecinos denunciaron que inspectores de la Alcaldía del Distrito Nacional y de otras entidades supervisoras acudían al establecimiento tras reiteradas quejas, pero se retiraban sin emitir informes ni tomar acciones concretas. Alegaban que Jet Set era una “marca país” y que no debía ser perjudicada con denuncias. Esa conducta evidenciaba corrupción. Presuntamente recibían algún beneficio económico y se marchaban sin cumplir con su deber. Las consecuencias están a la vista: decenas de muertos, cientos de heridos y familias destruidas.
Estos hechos podrían calificarse como corrupción gubernamental, pero la situación se agrava cuando entra en juego el rol de los medios de comunicación, los periodistas y la opinión pública. En un contexto donde los propietarios cuentan con un amplio monopolio mediático, empleados que influyen en la opinión pública y abundante capital, el conflicto se vuelve más delicado.
Tras el derrumbe, varios comunicadores vinculados a medios de los propietarios intentaron justificar lo ocurrido, llegando incluso a insinuar que los culpables eran los propios muertos y heridos. Hablaron de supuestas campañas en contra de sus jefes, una postura que raya en la desvergüenza y la vulgaridad.
A esto se sumó el silencio de la mayoría de los medios masivos. Solo unos pocos denunciaron el colapso, la cantidad de víctimas y la inercia de los dueños, la justicia y el Ministerio Público. Mientras tanto, los propietarios del Jet Set, sin asumir una verdadera culpa moral, contrataron abogados de alto perfil y ofrecieron dinero a familiares en condiciones de extrema pobreza.
Juristas involucrados denunciaron que varios familiares recibieron sumas mínimas de dinero para desistir de acciones legales. Uno de los casos más comentados fue el de la hija del artista Ruby Pérez, quien habría recibido un millón de pesos junto a su esposo, cerrando cualquier posibilidad de demanda. Este hecho generó controversia, no solo por la cifra, sino porque ella estuvo presente al momento de la tragedia.
El caso sigue en los tribunales, a la espera de que la justicia decida si se abre o no un proceso formal, aunque muchos consideran que la suerte ya está echada. Se percibe un intento constante de manipular la opinión pública, presentando a los propietarios como inocentes y a las víctimas como culpables.
El dinero, para bien o para mal, sigue moviéndose para ablandar posturas a favor de unos y en contra de otros, en una de las mayores tragedias provocadas por descuido o negligencia, que arrebató cientos de vidas y dejó secuelas permanentes en quienes hoy conviven con el dolor mientras observan a presuntos responsables y cómplices disfrutar de la vida que otros perdieron.
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