El reloj marca más de una década desde que miles de dominicanos, jóvenes y adultos, se lanzaron a las calles con un grito unísono: «¡Por una educación digna, por el 4%!». La demanda era simple pero contundente: que el Estado destinara el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación preuniversitaria. Lo que siguió fue una ola de activismo social, marchas multitudinarias y un movimiento que prometía cambiar el futuro de la nación. Hoy, a más de 10 años de la aplicación de la ley, una pregunta resuena con amargura: ¿realmente se logró el objetivo?
La Ley General de Educación 66-97 fue promulgada hace más de 25 años, pero el mandato de destinar el 4% del PIB a la educación no entró en vigor hasta 2013. Desde entonces, la inversión ha sido colosal. Según el político y comentarista Graymer Méndez, quien en su momento apoyó activamente la causa, «se han gastado 47 mil millones de dólares en 13 años y la educación sigue siendo una porquería». Esta contundente afirmación refleja una desilusión compartida por muchos de los que se sumaron a la lucha. La expectativa era que esta inyección de recursos se tradujera en aulas de calidad, salarios justos para los maestros, libros de texto actualizados y, sobre todo, un sistema educativo que formara ciudadanos críticos y competentes.
Sin embargo, los informes de organismos internacionales y las evaluaciones nacionales pintan un cuadro desalentador. Los estudiantes continúan rezagados en pruebas de rendimiento en comparación con sus pares de la región. La infraestructura escolar, aunque ha visto mejoras, aún enfrenta deficiencias significativas en muchas zonas rurales y urbanas. La calidad de la enseñanza sigue siendo un desafío, con una brecha notable entre el sector público y el privado. La pregunta es inevitable: ¿dónde fue a parar todo ese dinero?
Para muchos, la respuesta a la pregunta anterior no es una simple cuestión de mala gestión o corrupción, sino de un propósito ulterior que desvirtuó la causa. La lucha por el 4%, argumentan, no fue solo un movimiento social genuino, sino también un colectivo político con un fin claro: desalojar a Leonel Fernández del poder. El clamor por la educación se convirtió en un vehículo para canalizar la insatisfacción popular y la oposición a la reelección presidencial de la época.
«La lucha por el 4% fue una fachada. Un movimiento bien orquestado que, bajo la bandera de la educación, movilizó a la sociedad civil para debilitar al gobierno de turno», comenta una activista que prefiere mantener el anonimato. Figuras como Graymer Méndez y otros activistas, que en su momento denunciaban la «conspiración» política en su contra, hoy admiten que fueron utilizados como «tontos útiles». Si bien la demanda por una mejor educación era legítima y transversal, su instrumentalización política eclipsó el verdadero objetivo. Una vez logrado el cambio de gobierno en 2012, gran parte del ímpetu y la presión social se disiparon. La lucha no continuó con la misma intensidad para asegurar que los nuevos gobiernos cumplieran con la promesa de una educación de calidad, una vez que la ley fue aprobada.
La desilusión de figuras como Graymer Méndez es un reflejo de una generación que creyó en un cambio genuino y hoy se siente traicionada. La lucha por el 4% prometía ser el motor de un cambio social profundo, pero parece haber dejado a la sociedad en el mismo punto de partida, con un sistema educativo deficiente, pero con la diferencia de que se han gastado decenas de miles de millones de dólares.
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