El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Honorio Suzaña, impuso un año de prisión preventiva en contra del presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (UNATRAFIN), Arsenio Quevedo, a quien la Fiscalía implica en una red de sicariato a la que se le atribuye el asesinato de varios transportistas y lavado de activos.
Por el caso también el magistrado dictó igual medida de coerción en contra de Danilo Octavio Reynoso Recio (a) Danilo El Prieto, quien al igual que Quevedo fue enviado a la cárcel del nuevo modelo penitenciario de Higüey.
La petición de medida de coerción fue solicitada por la fiscal Yeni Berenice Reynoso, quien acudió al tribunal a sustentar su planteamiento y quien, a su salida, calificó como pertinente la decisión por la gravedad del proceso.
El magistrado también acogió la petición y aplicó al expediente las normas complejas establecidas en el Código Procesal Penal, que consiste en extender el plazo de las investigaciones.
El Ministerio Público sostiene que Quevedo, quien también es imputado de lavado de activos proveniente de la mafia de los combustibles, es el cabecilla de un grupo que ha hecho uso de la práctica criminal en todo el territorio nacional desde finales del 2008, conducta que consiste en ejecutar transportistas por diferencias y conflictos en las distintas rutas del transporte público.
“Quevedo planificó varias ejecuciones que materializaba a través del regidor de Pedro Brand, Erikson de los Santos Solís (a) Ney, vicepresidente de UNATRAFIN, contra quien se impuso medida de coerción”, dice la instancia dirigida al juez.
La Fiscalía asegura que el sindicalista era el supuesto cerebro y financiador de esta red, en el entendido de que se beneficiaba de las muertes, mientras que Erikson de los Santos era el encargado de supervisar el comando a cargo de ejecutar las acciones, cometer los asesinatos e intentos de secuestro, entre otras conductas típicas del crimen organizado.
“Arsenio Quevedo recibe del Estado Dominicano un subsidio de 520 mil galones de combustibles al mes, los cuales utiliza para estafar al Estado y lavar activos provenientes de esta actividad”, sostiene el expediente acusatorio.
De conformidad con la investigación, más del 68 % de este combustible no llega a los choferes, sino que es vendido por el imputado a través de una red de tráfico de combustible de la que es parte el imputado Erikson de los Santos (a) Ney”, expresa la instancia. La solicitud fue hecha por la fiscal Yeni Berenice Reynoso, y los fiscales Isidro Vásquez y Johann Newton López.
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