La Defensora del Pueblo señaló que las condiciones de marginación que genera la situación de pobreza, junto al aumento de la delincuencia y la ignorancia en que vive la mayor parte de la población dominicana, merma de manera decisiva las capacidades cívicas de los ciudadanos e instituciones, esta es una forma de violación de los derechos humanos.
Zoila Martínez significó que la República Dominicana no escapa a la situación descripta más arriba por lo que el gobierno tiene que poner atención a esa situación.
La funcionaria señaló que una de las funciones del Defensor del Pueblo es la búsqueda de propuestas viables y tangibles que puedan contribuir a lograr que la educación, el trabajo, la salud pública y otros beneficios sociales lleguen a los más pobres.
Para que más gente salga de la pobreza y pueda ver respetarse sus derechos humanos, se requiere de una voluntad política que opere, tanto del lado productivo como distributivo de las riquezas para que la gente pueda ver la felicidad.
Martínez explicó en un comunicado que en el más de un año que tiene en operatividad el Defensor del Pueblo se han generado más de 3 mil casos que benefician a personas que acuden al organismo en busca de que se le respeten sus derechos tanto en instituciones públicas como privadas.
La Defensora del Pueblo llamó en ese sentido al gobierno central a que ponga más énfasis en invertir contra la pobreza de manera que los dominicanos sientan que sus derechos humanos en todos los sentidos sean respetados.
Resaltó militares, policías y ciudadanos dominicanos corren la suerte de ser relegados a quinta categoría porque sobreviven en condiciones paupérrimas por falta de servicios y oportunidades y que ahí es que la autoridad gubernamental tiene que invertir los recursos ya que estos tienen derechos humanos y fundamentales que nuestra Constitución defiende.
Comentarios