Es absolutamente comprensible que el Gobierno no puede ni debe lanzar a la calle a la mitad de los empleados públicos en nombre de la reducción del tamaño del aparato gubernamental, lleno de duplicidades y solapamientos que complican la burocracia y generan rezago en los procesos estatales.
Esto es así porque de ninguna manera el sector privado tiene la capacidad de absorber de golpe y porrazo a 300,000 mil personas cesantes que, además, provendrían de una cultura laboral en la que las reglas del juego operan con marcadas diferencias.
En realidad, botar el 50% de los servidores del Estado sería una catástrofe con consecuencias impredecibles para la gobernabilidad, el orden público y la paz social, condicionantes fundamentales para que fluya la inversión privada generadora de empleos.
Ni a la sociedad ni a la empresa privada conviene una hazaña de esa naturaleza, que algunos demandan sin tener clara la dimensión ni los efectos colaterales.
Esto no es, sin embargo, una excusa para que el Estado siga inflándose en forma infinita y distorsionante para las finanzas públicas que se sustentan con los impuestos pagados por los ciudadanos. La fábrica de entidades públicas, por decreto o por decisión del Congreso, tiene que parar.
No puede ser admisible que cada vez que una institución del Estado se muestre incapaz de dar respuesta a problemas de su competencia haya que parir un nuevo órgano, una comisión o cualquier otra figura repentista, de la fértil imaginación de los políticos, que termina siendo un cobijo para sus correligionarios y un incremento de la oferta clientelar.
Ahora que los empresarios enuncian la necesidad de un pacto por el empleo, seguramente es la coyuntura apropiada para hacerlos compromisarios del corte gradual de “grasa” en el Estado transfiriendo gente, en base a sus habilidades y conocimientos, hacia el sector privado a cambio de incentivos razonables concebidos por un tiempo determinado.
Una opción paralela sería reforzar desde el Gobierno los programas para emprendedores que tiene el viceministerio de Fomento a las Pymes del Ministerio de Industria y Comercio, y así crear oportunidades sostenibles de empleos privados con los ahorros provenientes del cierre de entidades públicas. Esto requerirá tiempo, persistencia, continuidad, estrategia y, probablemente, un pacto político. Pero es seguro que el Estado será más esbelto y en lugar de gastar en “botellas” cobrará impuestos a los emprendedores.
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